El caso contra
Luis Carlos Restrepo Ramírez, de 67 años, sigue estancado. Él se fue del país hace más de 8 años y es señalado por la falsa desmovilización del Bloque Cacica La Gaitana de las Farc.
A Restrepo y 7 personas más les imputaron cargos en febrero de 2012 y en noviembre de 2020 se suspendió la audiencia preparatoria de juicio.
A los involucrados se les imputaron, en 2012, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, fraude procesal, prevaricato por acción, tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado y tráfico, fabricación y transporte de munición de uso privativo de las Fuerzas Militares agravado.
En el proceso además del excomisionado se encuentran vinculados los coroneles Hugo Hernán Castellanos, Jaime Joaquín Ariza Girón, y los particulares Felipe Alejandro Salazar Pacheco alias Biofilo, Miguel Alcides Pacheco Ramos, Flor Inés Pacheco Ramos, José Alfredo Pacheco Ramos y Raúl Agudelo Medina alias Olivo Saldaña.
Para la Fiscalía no hubo una desmovilización real de 64 supuestos guerrilleros de las Farc el 7 de marzo de 2006 en Alvarado (Tolima).
Esa falsa desmovilización, dijo la Fiscalía durante la acusación, ocasionó un detrimento al patrimonio estatal cercano a los mil 119 millones 384 mil 685 pesos, de los cuales 81 millones 885 mil 169 pesos fueron causados por los gastos del supuesto proceso de desarme.
Luis Carlos Restrepo fungió como Comisionado de Paz entre 2002 y 2009, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
En medio del escándalo huyó al exterior donde había estado anónimo hasta hace dos días en que le envió una carta al expresidente Uribe en la que se refiere a la amnistía general que este último propuso durante su encuentro con el padre Francisco de Roux.
La carta conocida por EL TIEMPO señala cuatro ítem base sobre la propuesta:
– Ambientar la necesidad de una justicia equilibrada, aplicable por igual a todos los ciudadanos, con simetría en el tratamiento judicial y en relación con los derechos políticos.
– Proponer una alternativa que vaya más allá de los actuales acuerdos de paz, con un horizonte más amplio de reconciliación.
– Encontrar instrumentos jurídico-políticos que permitan simplificar los mecanismos de aplicación de justicia, generando alivio sin menoscabo de la verdad, la reparación o los derechos de las víctimas.
– Será el paso necesario para la consecución de la paz política, lo que no significa renunciar a principios doctrinarios, ni arriar banderas ideológicas. La paz política fortalece la vida en democracia.