Imputarán nuevo cargo a vinculada a red de corrupción del senador Castaño

La comunicadora Nova Lorena Cañón Reyes, quien fue una de las 10 personas capturadas por su presunta participación en una red de corrupción asociada al capturado senador Mario Castaño, responderá por un nuevo delito.

A los detenidos la Fiscalía les imputó, según el rol y posible participación en los hechos, delitos como: concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, extorsión tentada y estafa agravada.

EL TIEMPO estableció que ahora la Fiscalía pidió una nueva audiencia de imputación por el delito de lavado de activos.

Esto porque, además de las irregularidades ya imputadas, se encontró que ella se encargaba de mover dinero proveniente de actividades ilegales. En varias de las interceptaciones en poder de los investigadores se habla de la entrega de dinero 'para trabajar' y de sumas de dinero que tenían listas para hacer pagos que les permitieran acceder a nuevos contratos.

la Fiscalía señaló que Lorena Cañón, una de las detenidas, era la encargada de gestionar contratos en el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior y además cobraba por lograr donaciones de mercancías decomisadas por la Dian que eran entregadas a entidades públicas.

En la primera fase de la operación se llegó a estas 10 personas señaladas de gestionar recursos para asumir obras de mitigación, construcción de parques y alcantarillado; la pavimentación de vías terciarías; programas de educación y atención a la niñez; así como distribución de licores y proyectos productivos que eran ofrecidos en diferentes poblaciones del país. 

"La organización delictiva, al parecer, previa intermediación de un congresista, por medio de empresas e ingenieros formulaba propuestas y proyectos con los requisitos básicos para acceder contratos a través de diferentes entidades, como pólizas o estudios de mercado. Con todo este andamiaje se garantizaría la aceptación de las ofertas ante cualquier instancia o entidad", señaló la Fiscalía que añadió que la estructura ilegal habría ganado en dos años cerca de 50 contratos, que ascendieron en valor a 43.433 millones de pesos.

En la investigación del ente acusador se conocieron varios contratos que fueron gestionados, entre estos la adjudicación de la comercialización del Aguardiente de Chocó por un valor de 14.492 millones de pesos; obras para atender una emergencia vial en Villamaría (Caldas) por 10.000 millones de pesos; la construcción de un parque en Nuquí (Chocó) por 1.250 millones de pesos; la realización de una obra civil en Manizales (Caldas) por 16.424 millones de pesos; y una interventoría en un proyecto energético en Boyacá por 1.000 millones de pesos.

"Asimismo, los hoy procesados, al parecer, obtuvieron 17 nombramientos de personas recomendadas en entidades estatales, gobernaciones y alcaldías municipales. Los elementos de prueba indican que los beneficiados debían pagar un mes de los salarios percibidos en el nuevo trabajo", dijo el ente acusador.

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