Mocoa: ¿por qué la Contraloría abrió procesos fiscales contra 6 exdirectores de la UNGRD?

En octubre del año pasado, EL TIEMPO publicó un reportaje en el que daba cuenta de la zozobra en la que se encontraban unas 900 familias debido a que no se le había cumplido con la entrega de sus viviendas que el Gobierno les había prometido.

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De hecho, los damnificados cansados de esperar y de pagar arriendos o vivir en casas de familiares, al menos 556 familias decidieron tomar posesión de los lotes donde irían sus casas y fundaron en Sauces II un asentamiento en el que hoy en día viven mujeres, niños, adultos mayores y hombres que con sus manos pusieron los pilares de sus casas, hechas en madera, polisombra y plástico.

En agosto de 2023, el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, anunció la apertura de procesos sancionatorios contra funcionarios de la UNGRD.

Sin embargo, esos procesos tuvieron un nuevo capítulo, cuando el ente de control anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por $ 24.315 millones por irregularidades en proyecto de vivienda Sauces II, en Mocoa (Putumayo), y vincular como presuntos responsables a 6 exdirectores de la UNGRD.

Los vinculados son los exdirectores Eduardo José González, Javier Pava Sánchez y Olmedo López Martínez, Fernando Carvajal Calderón, Gerardo Jaramillo Montenegro y Luis Fernando Velasco, algunos de ellos en su calidad de directores encargados.

De acuerdo con la Contraloría, se trata de los contratos de obra 9677- PPAL001-243-2018, para la construcción de 436 viviendas, y 9677-PPAL001-244- 2018, para otras 473.

Tales contratos se derivan del Convenio Interistrativo N.º 9677 PPAL001- 217-2017 PROYECTOS SAUCES II, celebrado en el marco de la Declaratoria de Emergencia, como consecuencia del déficit de vivienda para los damnificados de la avalancha.

De acuerdo con la Contraloría, adicionalmente, como consecuencia de la no entrega oportuna de las viviendas que integran el Proyecto Sauces II, se ha causado, un detrimento patrimonial, por la prolongación en el pago de subsidios que se han tenido que continuar reconociendo a los damnificados beneficiados con este proyecto. Este daño está estimado inicialmente en la suma de $5.748.316.667.

“Este Proceso de Responsabilidad Fiscal tuvo su origen en un hallazgo detectado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico en una Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial sobre el Proyecto de Vivienda Los Sauces I y II”, señaló la Contraloría en un comunicado.

Fernando Carvajal, en calidad de Director General (e) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD, desde el 28 de abril de 2022 hasta la fecha del hallazgo fiscal; Eduardo José González, en calidad de director General de la UNGRD, desde el 10 de agosto de 2018 hasta el año 2022 y Gerardo Jamamillo, secretario General desde 22 de junio de 2015 hasta el 6 de febrero de 2020 y como director encargado de la UNGRD, desde el 7 de febrero de 2020 hasta la fecha del hallazgo.

Además, están Javier Pava, en calidad de director General de la UNGRD desde el 17 de agosto de 2022 hasta el 21 de marzo de 2023; Luis Fernando Velasco, en calidad de director General de la UNGRD desde 1 de abril de 2023 hasta el 2 de mayo de 2023, Olmedo López, quien fungió como director General de la UNGRD y ejerció sus funciones desde el 28 de abril de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024 y Juan Carlos Orrego, subdirector General de la UNGRD, desde el 25 de septiembre de 2018 hasta el 15 de enero de 2020.

Para Edid Maya Arteaga, damnificada y una de las voceras de la mesa de seguimiento a la reconstrucción, la decisión de la Contraloría llega como una respuesta al clamor de una vivienda digna que desde años han venido pidiendo al Gobierno.

“Esperemos que ese proceso se dé como beneficio para nosotros los damnificados que hemos denunciado las irregularidades con la construcción de las viviendas. Nos han invisibilizado a pesar de todas las denuncias públicas realizadas”, señaló Maya.

Indicó la mujer que los damnificados lo que buscan es que se terminen las viviendas. “Nos tocó meternos a ocupar lo que llevaban adelantado, no tenemos más dinero para seguir pagando arriendos, y esas obras se frenaron desde hace 4 años; en ese momento supimos que los contratos fueron suspendidos”.

Maya sostuvo que espera que con esta decisión del ente de control se pueda agilizar la terminación de la obra.

Jesús Blanquicet
Redacción Justicia
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