Todavía sin salir del juicio disciplinario en la Procuraduría por presuntas irregularidades en la construcción de casas fiscales en Tolima, además de supuesto tráfico de influencias y extralimitación de sus funciones, el general
Óscar Atehortúa Duque, saliente director de la Policía Nacional, es ahora blanco de otra denuncia.
Esta vez, un mayor lo señala de haber cometido supuestas irregularidades cuando estuvo al frente de la dirección de Sanidad. Puntualmente, la denuncia conocida por este diario dice que Atehortúa habría ordenado ingresar ilegalmente a las historias clínicas de todos los mayores que en 2018 estaban en proceso para ascenso.
Información médica que luego fue compartida en las juntas de evaluación para ascenso.
El mayor (r) de la Policía Julián González, quien ha denunciado este caso ante la Procuraduría y la Fiscalía, dijo que los ascensos en la Policía se rigen por el procedimiento 2DHPR004, que contiene todos los pasos dentro del proceso. Este procedimiento, dijo el denunciante, no contempla una evaluación médica de los aspirantes a ascenso, sino que habla solo de la evaluación de trayectoria profesional.
“Piden hoja de vida, antecedentes disciplinarios en la inspección, en la Procuraduría, antecedentes penales, y otros. Pero en el proceso no dice que se solicitan las historias clínicas de los aspirantes, por ley los únicos que pueden acceder a las historias clínicas son los pacientes y sus médicos tratantes, y solo puede ser accedida por terceros previa autorización de las personas”, le dijo González a EL TIEMPO.
El mayor, quien no fue seleccionado en el proceso de ascenso, por lo cual fue retirado de la Policía, comentó que en febrero de 2018, a través del oficio S-2018-009461/DITAH- ADEHU, el general Carlos Enrique Rodríguez González, entonces director de Talento Humano (e), le pidió información sobre antecedentes y conceptos emitidos por dicha dirección relacionados con medicina laboral de los oficiales a los que se les iba a evaluar la trayectoria profesional.
La respuesta a esa petición llegó el 16 de abril de 2018, a través del oficio S-2018-029254-DISAN, en el cual se envió un listado con los nombres de los oficiales a evaluar acompañados de notas como “sin novedad”, “pendiente”, “retirado” e “inválido”, y algunos de ellos con observaciones adicionales.
Esas fueron luego presentadas, contó el mayor (r) González, a las Juntas de Evaluación y Clasificación del 28 y 29 de mayo de 2018, la Junta de Generales de junio de 2018 y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, del 7 de junio de 2018, “y fueron tenidas en cuenta para tomar decisiones arbitrarias frente a algunos mayores.
Atehortúa le ordenó a alguien que ingresara ilegalmente a las historias clínicas e hiciera una búsqueda en bases de datos de la Policía. Las juntas, que deben evaluar la trayectoria profesional, se convirtieron en una junta médica sin tener competencia para ello”, comentó.
Siempre y cuando las lesiones no hayan sido ocasionadas con violación de las normas y reglamentos; no cumple el requisito quien sea calificado como aplazado o no apto
Y añadió que a través de varios derechos de petición y un seguimiento a los rastros digitales de su historia clínica pudo acceder a documentos que muestran ingresos, que califica como irregulares, a su historial médico.
Por ejemplo, el mayor González expuso que el 29 de mayo, segundo día de la junta de evaluación y clasificación, hubo 6 ingresos a su historia clínica de parte de una médica en salud operacional y del jefe de Salud mental del Hospital Central de la Policía, y días antes, el 16 de febrero, accedió a su historia clínica un que aparece como del área de relaciones públicas.
El mayor agregó que en estas mismas juntas sucedió algo más. Un mes y medio después de que Sanidad envió a Talento Humano las historias clínicas de los aspirantes, Atehortúa fue trasladado como Inspector General de la Policía y, desde allí, tuvo que enviar para las juntas otro documento: los antecedentes disciplinarios de los mayores. De esa lista, según González, los generales de evaluación dejaron pasar a curso de ascenso a varios oficiales que tenían investigaciones.
“El general Aterhortúa, como inspector general, debe hacer filtro para no permitir que esas personas asciendan. Como junto con los otros generales se dedicaron a denigrar el tema médico, no hicieron el filtro para impedir que 74 oficiales con antecedentes ascendieran”, concluyó.
EL TIEMPO consultó a la oficina del director de la Policía sobre esta denuncia y desde allí respondieron que el Decreto 1791 de 2000, que regula la carrera profesional de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, establece como requisito para ascenso tener la aptitud psicofísica. Esa aptitud psicofísica de apto, aplazado o no apto la califican los médicos de la Dirección de Sanidad.
“Por lo anterior, la Dirección de Talento Humano recibe el reporte emitido por el Área de Medicina Laboral de la Dirección de Sanidad, unidad responsable de la calificación de la aptitud psicofísica; en consecuencia, cumple el requisito quien sea declarado apto o no apto con sugerencia de reubicación laboral, siempre y cuando las lesiones no hayan sido ocasionadas con violación de las normas y reglamentos; no cumple el requisito quien sea calificado como aplazado o no apto sin sugerencia de reubicación laboral”, dijo en su respuesta la Policía.
Añadieron que el reporte de la Dirección de Sanidad, que es presentado ante las diferentes juntas en el procedimiento de ascenso, “trae consigo única y exclusivamente a la calificación de la aptitud psicofísica (apto, no apto o aplazado), y no información con respecto a la historia clínica del personal uniformado”.
JUSTICIA.