Los cambios que trae la nueva política de Seguridad Ciudadana de Duque

El gobierno del presidente Iván Duque tiene lista una ambiciosa estrategia, sustentada en cinco puntos, para lograr la disminución de los delitos de alto impacto ciudadano: homicidio, hurto (especialmente a personas), microtráfico, abuso sexual y violencia intrafamiliar.

EL TIEMPO tuvo en exclusiva al borrador –un documento de 95 páginas– que plasma la Política Nacional Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PNCSC), en la que se hace una radiografía de estos delitos y se plantean posibles soluciones.

Una de las estrategias que se presenta, es un cambio radical a la prestación del servicio de vigilancia en la Policía.

Si bien se da prioridad a fortalecer capacidades de inteligencia, investigación criminal y judicialización de delitos, se trata de materializar la prevención en cuatro ítems: “El autocuidado (no victimización del ciudadano), autorregulación (propicia un comportamiento adecuado del ciudadano), la corresponsabilidad (para que el ciudadano entienda su responsabilidad y deberes frente a la seguridad ciudadana) y solidaridad (preocupación colectiva por la seguridad de todos)”.

El nuevo modelo de vigilancia que se adoptaría establece incentivos para los policías “mediante una prima adicional de servicio especial, después de tres años de permanencia en la vigilancia”.

Otro de los cambios planteados apunta a la pirámide de la institución. Ante el déficit de personal, la misma Policía estaría encargada de diagnosticar y hacer proyecciones presupuestales de las necesidades de financiar ascensos e incorporar “un mayor número de pie de fuerza en la base (patrulleros)”. Esto cambiaría la pirámide jerárquica y la relación de mando sobre la base, “incorporando un mayor número de patrulleros”.

En el documento se plantea la reorganización de los policías encargados de la seguridad en los esquemas de protección, para que estos esquemas solo estén a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y los uniformados se dediquen a las labores de vigilancia.

Lo mismo se plantea con los policías encargados del tránsito, cuya actividad será desmontada progresivamente con el fin de que los entes territoriales se hagan cargo de este servicio. Se advierte en el documento que estas iniciativas requieren adición presupuestal.

En esta transformación también se prevé que los organizadores de eventos (conciertos, partidos, etc.) “deberán asegurar el servicio de seguridad del evento, contratando vigilancia y seguridad privada” con el fin de que los policías que suelen vigilar estos espacios se dediquen a labores de seguridad.

Otra prioridad será el uso de cámaras de reconocimiento facial en puntos críticos para integrarlas “a la recolección, tratamiento y análisis de datos de la Policía”.

En esta política se plantea, además, dotar las estaciones de policía de drones para la vigilancia, y el diseño de un plan de vuelo por el “Centro de Información Estratégica Policial Sectorial, en coordinación con el servicio aéreo de la Policía y cada estación, conforme a los requisitos legales establecidos”.

Los drones –señala el documento– deberán estar sincronizados con las patrullas de vigilancia con el fin de maximizar el uso de estas herramientas.

En la propuesta se resalta la importancia de los entornos escolares para la política de seguridad ciudadana, por lo que el Ministerio de Educación se encargaría de integrar en todos los niveles del sistema educativo las clases de “cívica y urbanidad para fortalecer valores, ética y ciudadanía”.

El documento dice que los gobernadores y alcaldes deberán establecer programas para difundir el Código de Policía, para lo cual se facilitará el a emisoras comunitarias.

Sobre el espacio público, en aras de reducir el delito, se les pide a las autoridades locales identificar los lugares que facilitan las actividades contrarias a la convivencia para prevenir el consumo de drogas y alcohol.

El borrador de la política se basa en un diagnóstico que concluye que el homicidio está ligado a estructuras que se lucran de las economías ilícitas. Resalta la identificación de 1.468 grupos delincuenciales organizados que “participan principalmente en el tráfico local de estupefacientes, los homicidios, el hurto en todas sus modalidades y la extorsión”.

De acuerdo con el documento, de ellas, 573 están vinculadas al microtráfico; 657, al hurto, y 145, a hechos relacionados con homicidios. “Todos participan, controlan o disputan rentas criminales urbanas”.

Frente a este panorama, el Gobierno reconoce que la reincidencia es un problema que afecta la seguridad ciudadana. Las autoridades han identificado que el 59 % reinciden en el microtráfico y el 12 %, en el hurto, con lo que aumenta la comisión de estos delitos.

Para hacerles frente a estas conductas, en el documento se plantea acabar con la visión tradicional de que la seguridad ciudadana es solo de competencia del Estado y la Policía Nacional, introduciendo el modelo integral con un “enfoque transversal en prevención”, que involucra a todas las instituciones, el sector privado, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional.

Dentro de las líneas de La Política se articula la convivencia con la seguridad ciudadana como un todo, por lo que cuando se presente esta normativa, deberá ser tenida en cuenta en los planes de desarrollo de los departamentos y municipios, que se deben empezar a ejecutar desde el 2020, cuando se posesionen los nuevos gobernadores y alcaldes.

En el documento se indica que el Ministerio de Hacienda tendrá a su cargo generar una partida presupuestal para darle piso a la transformación de la Política de Seguridad Ciudadana, sin precisar una cuantía.

Por medio de las Áreas de Desarrollo Naranja se buscará mejorar los entornos a través del mejoramiento urbano –recuperando zonas históricas o de turismo–. Además, la Policía se encargará de fortalecer los “programas de participación y redes de apoyo cívicas”.

ALICIA LILIANA MÉNDEZ

JUSTICIA

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