Polémica por cifras de homicidio en Colombia: Ministerio de Defensa cambió la medición

Aunque en varios escenarios el gobierno del presidente Gustavo Petro ha destacado como uno de los logros de su política de seguridad la disminución de homicidios en el país, según Medicina Legal, la autoridad forense oficial de Colombia, esta modalidad de muerte violenta, por el contrario, viene en aumento. De hecho, entre las dos mediciones, en el lapso entre enero y agosto de 2023 hay una incongruencia de 300 casos.

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En los ocho primeros meses de este año, según las cifras que presenta el Ministerio de Defensa, han ocurrido 8.802 “homicidios intencionales”, categoría en la que se incluyen la agresión grave que causa la muerte, el deceso como resultado de actividades terroristas, el feminicidio, el infanticidio, las muertes causadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios de organismos del Estado, y el homicidio doloso.

En el mismo periodo, Medina Legal registró 9.102 casos de presunto homicidio. La disparidad de los datos se debe a que desde comienzos de este año el Ministerio de Defensa decidió cambiar la metodología para contabilizar el homicidio. Así, en sus cuentas no incluye las muertes provocadas por de la Fuerza Pública en operaciones legítimas y algunos casos de homicidio preterintencional (cuando la muerte no es intencional).

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El registro de Medicina Legal lleva la cuenta de casos según la definición clásica del homicidio: la muerte de una persona a manos de otra, sin importar las motivaciones o contextos. La explicación del Instituto es que la tipificación de la conducta penal y los juicios de responsabilidad corresponden a la Fiscalía y los jueces de la República.

Sobre las diferencias, desde el Mindefensa dijeron que se ajustó la metodología a una “clasificación internacional”, que este ajuste se trabajó con el Dane y el Comité de Justicia y Seguridad del Sistema Estadístico Nacional, y que “el homicidio intencional es a nivel internacional la mejor forma para medir el nivel de violencia que usa una sociedad para resolver conflictos”. Ya en 2018 la misma medición se aplicó por la Policía Metropolitana de Bogotá y generó fuertes polémicas.

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Según el Ministerio, el cambio de metodología, que no fue objeto de mayor difusión pública, se aplicó retroactivamente a las estadísticas oficiales hasta el año 2003, por lo que sí puede hablarse de una reducción del homicidio del 1,3 % este año: 8.802 casos frente a 8.923 del 2022.

Los datos de Medicina Legal muestran una tendencia diferente: las necropsias por homicidio del año pasado, entre enero y agosto, fueron 8.701 (221 menos que los reportados por el Mindefensa para el año 2022), y este año iban 9.102 homicidios. Es decir, un aumento de 4,6 % frente a 2022.

Analistas como Ómar Oróstegui, director del Govlab de la Universidad de La Sabana, cuestionan que el Gobierno diga que están bajando los homicidios cuando lo que cambió fue la fórmula de medición.

“Esto termina afectando la comparación histórica de las cifras y hoy no es posible saber cuál es el comportamiento real del homicidio, si subió o bajó, con relación a los años anteriores. Eso mina la confianza sobre las cifras oficiales y la rendición de cuentas sobre las políticas del sector”, señala.

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En el mismo sentido, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), cuestiona la rigurosidad de la nueva metodología y la falta de información acerca de su implementación. Agrega que la data pública de cualquier país, en todas las áreas, debe estar a salvo de toda controversia.

El problema de fondo, argumenta Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, es que sin unas “cifras globales no es posible saber qué tan violento, o no, es el país”, lo cual al tiempo impacta en la capacidad de “definir adecuadas políticas públicas para reducir la violencia, la delincuencia y mejorar la seguridad de los ciudadanos”.

Melisa Franco, abogada y experta en seguridad, señala que parte de la problemática es la diferencia de criterios, pues mientras Medicina Legal presenta cifras de los homicidios, como un todo, “autoridades como la Fiscalía, la Policía Nacional y Mindefensa analizan las cifras de homicidio de tipo doloso, es decir, se establece que la persona que comete el homicidio tiene la intención y sabe que va a matar a otra persona”.

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Para Acero, estas exclusiones son problemáticas ya que la Fuerza Pública estaría calificando cuándo un homicidio se da por uso legítimo de la fuerza, por legítima defensa o es preteintencional, pese a que esa calificación jurídica deben hacerla los jueces para evitar repetir situaciones del pasado:

“Cabe anotar que los ‘falsos positivos’ fueron presentados y clasificados inicialmente en la categoría de ‘uso legítimo de la fuerza’; estas personas fueron presentadas como ‘dadas de baja en combate’ y luego, producto de investigaciones, los jueces pudieron determinar que estas personas fueron asesinadas”, advierte al respecto.

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