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Se han dado señales contradictorias en manejo de la minería ilegal: Procuraduría

Así lo afirma el procurador delegado Gustavo Guerrero Ruiz en entrevista con EL TIEMPO.

PERIODISTA JUDICIAL05.04.2023 23:41 Actualizado: 08.04.2023 07:54

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El procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios Gustavo Guerrero Ruiz habló con EL TIEMPO sobre varios asuntos que tiene a cargo desde su oficina, entre ellos el seguimiento a lo que pase con el incremento en la actividad volcánica del Nevado del Ruiz.

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Guerrero también está al tanto de la construcción de una estación guardacosta en la Isla Gorgona y del manejo a la minería ilegal en el país, situación en la que particularmente considera que el Gobierno ha tenido contradicciones.

(Le recomendamos: siga el minuto a minuto de la actividad en el volcán Nevado del Ruiz)

¿Qué está haciendo la Procuraduría respecto al Nevado del Ruiz?

La Procuraduría, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, y de la delegada para Gestión y Gobernanza Territorial, ha venido coordinando también con los procuradores regionales y provinciales en los departamentos del área de influencia del volcán Nevado del Ruiz toda la atención frente a la situación que se viene presentando por el incremento de la sismicidad y de la actividad del volcán.

En todo caso debemos tener presente, de acuerdo a la información del Servicio Geológico Colombiano, que el volcán permanece activo, pero en los últimos días se ha presentado un incremento mayor superior de ese tipo de actividad, lo que ha desatado la necesidad de que la Procuraduría haya hecho eco de los llamados que se han producido por parte del Servicio Geológico Colombiano, pero también de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Procurador Gustavo Guerrero, delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios. Foto:Procuraduría

¿En qué sentido?

En cuanto a la necesidad de que los municipios revisen y mantengan actualizados sus planes de atención, sus planes de prevención y de atención de desastres, pero también sus comités locales, que legalmente están obligados a mantener activos todos los municipios y, por supuesto, también a los departamentos para que mantengan el o, el enlace y la articulación necesaria con las respectivas autoridades municipales.

(Puede ver: Nicolás Petro: así va la investigación por el escándalo con su expareja)

¿Qué cambios pueden verse a nivel medioambiental en esto?

De un lado está la condición que tiene el área del volcán como un Parque Nacional Natural. Esa es una condición que de alguna manera supone una fortaleza en la medida en que hay otra autoridad que está pendiente y al tanto de todos esos posibles desequilibrios y alteraciones que pudieran producirse en el ecosistema, y que pudieran alterar efectivamente la vida de los ciudadanos, y poner en riesgo su bienestar.

En este sentido, Parques Nacionales ya ha venido adoptando decisiones pertinentes en torno a la prevención de cualquier situación que pudiera poner efectivamente en riesgo la vida de las personas, como el cierre del parque. Pero también hay que estar atentos a algunas circunstancias que se pueden presentar como, por ejemplo, el incremento del material por las cenizas que pudiera efectivamente presentarse en la atmósfera, en todo el área de influencia, y que puede ir mucho más allá.

Parques Nacionales ya ha venido adoptando decisiones pertinentes en torno a la prevención de cualquier situación que pudiera poner efectivamente en riesgo la vida de las personas.

Es una situación que es normal en este tipo de circunstancias, obviamente no podemos estar tranquilos frente a ello. Hay que tomar medidas, es importante que las Corporaciones Autónomas Regionales, pero también los municipios con el apoyo de dichas autoridades, adopten las medidas que legalmente están permitidas, particularmente de acuerdo al decreto único del sector ambiental, el Decreto 1076, para evitar que haya una afectación a la salud, particularmente por afecciones respiratorias a las personas por cuenta de ese incremento de este material.

¿Y en cuánto a recursos hídricos?

Hay que estar atentos al comportamiento de las corrientes hídricas y esto resulta fundamental. Recordemos que toda la tragedia de Armero es ocasionada, entre otras cosas, por el deslizamiento ocasionado por el deshielo de buena parte del Nevado, que da lugar a un incremento inusitado de los caudales que transportan las corrientes hídricas. Entonces es importante también para las autoridades ambientales estar monitoreando el comportamiento de las fuentes hídricas.

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Servicio Geológico Colombiano Foto:@sgcol

A día de hoy, ¿cómo evalúa la Procuraduría el trabajo de las autoridades en prevención?

Yo creo que la lección bastante dura para todos los colombianos de lo ocurrido en Armero ha permitido que contemos hoy en día con un Servicio Geológico nacional robusto, con un sistema de información pública importante, basado en la ciencia, lo que a su vez ha dado lugar a un ajuste normativo en todo el régimen legal, por lo cual creemos que hay un sistema articulado, que en todo caso está siendo objeto de verificación en cuanto al cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los actores, a través de las procuradurías provinciales y regionales.

¿Qué pasará con los funcionarios que no cumplan?

Nosotros no tenemos facultades disciplinarias, de hecho, en caso de que los procuradores identifiquen cualquier incumplimiento del marco normativo, darán el traslado correspondiente y emprenderán las actuaciones disciplinarias a que haya lugar.

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Hay un debate por la construcción de una estación de guardacostas en Isla Gorgona, la comunidad no quiere la obra. Ustedes ven que hay vía libre para hacerlo...

Este es un proyecto que ha estado rodeado de mucha información, pero también de mucha desinformación lamentablemente. Es un proyecto que sin lugar a dudas debe ser evaluado en detalle, con suma precaución en razón a la condición del sitio en el que se va a desarrollar, que es un Parque Nacional Natural. Además, por el valor que tiene para la fauna marina.

Vista general al Parque Nacional Natural Gorgona. Foto:Parques Nacionales de Colombia

En este sentido, la Procuraduría ha convocado recientemente a una reunión con todos los actores institucionales, inicialmente con la Armada -que es la gestora del proyecto- con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), con el Ministerio de Ambiente y la Vicepresidencia de la República, así como también con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, y con Parques Nacionales con el fin de establecer cuál es la posición y cuál es el estado actual del proyecto.

Hay un malestar social que se ha expresado de diversas maneras.

Hemos identificado varias circunstancias. Una primera es que el proyecto desde el punto de vista jurídico legal tiene una licencia ambiental que está en firme y que goza de presunción de legalidad. Es decir, en este momento puede ser ejecutable. Sin embargo, hay un un malestar social que se ha expresado de diversas maneras, frente a lo cual la Procuraduría ha instado a que ese malestar y a ese derecho fundamental a la participación se tramite por las vías que corresponden.

Es decir...

No se pueden tomar decisiones por fuera de las autoridades que no son competentes. En este caso es la ANLA la que tiene la titularidad para eventualmente modificar, o si es el caso revocar la licencia ambiental.

(Puede ver: Así vive Aida Merlano en prisión: tiene cuarto propio y comparte con poca gente)

Tengo entendido que hay una nueva cita para hablar de esto...

Sí, efectivamente el Gobierno ha planteado un escenario que ha llamado mesa pluriétnica el 11 y 12 de abril en Guapi, en la que con los actores sociales se van a recibir las observaciones y los distintos comentarios que se tengan. La Procuraduría va a estar allí presente, sin embargo es necesario que la institucionalidad le brinde a la ciudadanía la información correcta. Este no es un canal que tenga jurídicamente la vocación de ser un escenario de toma de decisiones.

¿Lo que salga de allí va a ser tenido en cuenta sí o sí por la ANLA?

Puede ser tomado en cuenta, pero no van a salir de allí las decisiones. Con el fin de que se tramiten las válidas inquietudes de los actores sociales, institucionales y académicos, la Procuraduría está haciendo una revisión minuciosa del estado actual de cumplimiento de la licencia ambiental. Tenemos información sobre el eventual incumplimiento del cronograma, porque las obras debieron haber iniciado en el mes de noviembre, por lo cual la Procuraduría está valorando la posibilidad de solicitar la realización de una audiencia pública ambiental en seguimiento.

¿Ahí se puede dar un mayor debate?

Este sí es un escenario institucional en el que se consolida la participación incidente de la sociedad civil, que podrá expresar sus opiniones frente al proyecto.

Este sí es un escenario institucional en el que se consolida la participación incidente de la sociedad civil, que podrá expresar sus opiniones frente al proyecto, a partir de lo cual, en vía de seguimiento, la ANLA podrá tomar las decisiones que correspondan sobre el futuro del mismo.

¿Ustedes emiten un concepto diciendo si ven viable la obra, o hacen un seguimiento a los lineamientos?

Solamente hacemos un seguimiento a que la licencia cumpla con las condiciones, y que sea también ajustada tanto al plan de manejo ambiental como al marco jurídico. También sobre la garantía del derecho a la participación en los asuntos ambientales de los distintos actores sociales.

El anuncio entonces es que evalúan convocar a una audiencia para que las autoridades respondan si esto se está siguiendo...

Correcto, solicitarle a la ANLA que convoque a la audiencia pública.

Cuéntenos qué vienen haciendo en cuanto a minería ilegal... Hay deforestación de por medio...

La Procuraduría viene haciendo seguimiento a algunos escenarios en los cuales se presentan conflictos socioambientales en razón al desarrollo de actividades mineras ilegales, artesanales, ancestrales. Buena parte de la confusión y de la problemática que trascienden en estos momentos es realmente dónde está el límite entre esa minería ilegal y la artesanal.

Minería ilegal en Antioquia Foto:Gobernación de Antioquia

Hemos identificado los altos niveles de contaminación de mercurio en algunas fuentes hídricas, poniendo en riesgo no solo los ecosistemas sino la salud de los colombianos, es el caso del río Suratá, en Santander, por cuenta del desarrollo de actividades mineras ilegales en el área de influencia del Páramo de Santurbán.

(Sugerimos leer: Alerta por alta presencia de mercurio en importante río de Santander)

¿Han hecho algo al respecto?

Mirada a cerros y Farallones en Cali Foto:Juan B

Ya se inició una investigación disciplinaria contra una alcaldesa por la presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes de control de la actividad minera ilegal en el municipio de California, considerando que estamos hablando de un ecosistema estratégico para la oferta hídrica del país.

Hemos encontrado también alta presencia de mercurio derivada de minería ilegal en el caso del Parque Farallones de Cali, también hemos requerido a las autoridades nacionales, desde el Ministerio de Defensa, hasta las autoridades regionales para que emprendan acciones de control efectivo frente a la actividad minera ilegal.

También está el Amazonas...

En el caso de la Amazonía incluso intervenimos dentro de una acción de tutela que defendió el derecho del pueblo Miraña a su vida y a su salud por cuenta de la contaminación con mercurio del río Caquetá debido a la actividad minera ilegal.

¿Y sobre el Bajo Cauca?

Es un caso crítico, en el que la conflictividad socioambiental ha venido acrecentándose, y de alguna manera se han dado señales contradictorias y erradas en distintos momentos frente al manejo de la actividad minera ilegal que se desarrolla en esta región.

(En contexto: Minería ilegal: valor del gramo de oro a nivel mundial disparó esta práctica)

Se han dado señales contradictorias y erradas en distintos momentos frente al manejo de la actividad minera ilegal.

¿De quién vienen esas contradicciones?

Por parte de los actores del Gobierno Nacional encargados de la definición de estas decisiones. Porque inicialmente se anunció, por ejemplo el año pasado ante una situación de paro, la suspensión de los operativos de destrucción de maquinaria, por lo menos de minidragas.

Luego de ello tuvimos escenarios de conversación, mesas de trabajo con actores departamentales que dieron cuenta de una situación progresiva en cuanto al deterioro ambiental debido a la actividad minera ilegal. Incluso algunas hectáreas deforestadas por cuenta de la actividad minera ilegal, y una denuncia reiterada de muchos de estos actores en cuanto a que los operativos se habían suspendido para toda la maquinaria amarilla: dragas, minidragas y 'dragones'.

Y, ¿qué pasó?

Luego de ello el Gobierno ya emprende finalmente los operativos de control de todas estas actividades, de las dragas y 'dragones' al dar cuenta de que probablemente eran grupos criminales de enorme magnitud los que estaban tras este tipo de actividades, y se ha debatido y se ha anunciado en distintos escenarios el adelantamiento de procesos de formalización minera.

En lo corrido del año en Bolívar, la Policía Nacional ha capturado a 33 personas por el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. También se ha intervenido 38 minas, destruido 24 máquinas pesadas e incautado una retroexcavadora Foto:Policía Nacional

El punto es que eso debe obedecer a un marco jurídico claro, la Procuraduría por ello ha instado al Gobierno Nacional a que de un lado adopte el plan de formalización que está en mora de adoptar, pero adicionalmente a que desarrolle los instrumentos jurídicos previstos en la Ley 2250 del año pasado, como el de la reconversión de actividades mineras ilegales en áreas donde no puede desarrollarse minería. Por ejemplo, reservas forestales, parques naturales, áreas protegidas en general, donde sea incompatible el desarrollo de esta actividad.

Es importante brindar seguridad jurídica a la ciudadanía en términos de qué se puede formalizar, qué no se puede formalizar y qué respuesta se le va a dar a la población que hoy vive de esa actividad minera y que definitivamente no va a poder continuar haciéndola por la zona en la que está adelantándola.

(Lea: En lo corrido del año se han destruido en el país 557 máquinas amarillas)

Cerrando, ¿cuál es el llamado de ustedes ante la contradicción del Gobierno?

Tramitar este conflicto socioambiental por los canales institucionales, por supuesto el Estado no puede desistir de esa acción coercitiva frente al desarrollo de actividades que constituyen conductas típicas de acuerdo a las normas penales, y que destruyen el medio ambiente, pero también tiene que darse una respuesta a las poblaciones en condición de vulnerabilidad que requiere de alternativas para poder subsistir.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

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