Procuraduría apoya pedido de indemnización del coronel (r) Plazas Vega por daños en caso del Palacio de Justicia

En un oficio dirigido al Tribunal istrativo de Cundinamarca, la Procuraduría apoyó el pedido de indemnización que hizo el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por los perjuicios que le dejó la detención en su contra, por las desapariciones forzadas en la Toma al Palacio de Justicia en las que finalmente se le declaró inocente.

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La demanda que estudia el Tribunal tiene que ver con lo que pasó en esa sede judicial el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando la guerrilla del M-19 se tomó el edificio en el que había magistrados y demás trabajadores de la Rama Judicial. En medio de los actos, varios murieron y otros desaparecieron, y por ello se judicializaron a personas como Plazas Vega, quien era comandante de Caballería para la época.

A él se le acusó de haber participado en la desaparición de 11 personas que trabajaban en la cafetería del Palacio de Justicia, por lo que fue condenado en 2010 a 30 años de prisión. Sin embargo, su fallo fue apelado ante una segunda instancia -el Tribunal de Bogotá- y después fue revisado en sede de casación por la Corte Suprema, que en 2015 lo absolvió de todos los cargos.

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Desde entonces, Plazas Vega empezó una batalla por reclamar el daño que se le ocasionó a su honra, pues de hecho el 12 de julio de 2007 recibió la medida privativa de libertad. En la demanda a la Nación -especialmente a la Rama Judicial y a la Fiscalía-, el coronel en retiro está pidiendo la reparación de cerca de 10.370 millones de pesos para él y sus familiares por los daños -perjuicios materiales y morales- que le generó este caso.

En medio de ese pleito ante el Tribunal de Cundinamarca es que la Procuraduría se pronunció diciendo que "se cumplen los presupuestos de configuración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad bajo el título de imputación de falla en el servicio, por cuanto encuentra probado que la medida de privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada y arbitraria, con lo cual se configura el daño antijurídico, han de despacharse favorablemente las pretensiones de la demanda tendientes a declarar responsables a las demandadas por la privación injusta de la libertad".

De hecho, el oficio del Ministerio Público firmado por la procuradora Ligia Bibiana Guerrero "es claro y así ha quedado demostrado que las dilaciones y omisiones en la investigación y búsqueda de los desaparecidos, conllevó a que se imputara al demandante el delito de desaparición forzada por la aparente desaparición de quienes no estaban en realidad desaparecidos, y a su vez, derivó en la imposición de medida de aseguramiento de privación de la libertad".

Carlos López - Redacción Justicia - @CarlosL49 - [email protected]