Procuraduría profirió cargos al alcalde de Riohacha por posibles fallas en el acueducto

José Ramiro Bermúdez, el alcalde de Riohacha que estuvo en medio de un intercambio de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora Margarita Cabello sobre las facultades de sancionar que tiene la Procuraduría, enfrenta un nuevo lío en esa entidad.

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Esta vez le profirieron cargos en contra a él y al exalcalde Juan Carlos Suaza (2018-2019) por presuntas irregularidades en el funcionamiento del sistema de alcantarillado y acueducto en un corregimiento de la capital de La Guajira.

Se trata de Camarones, comunidad en la que se invirtieron con dineros de regalías 7.481 millones de pesos. "El Ministerio Público pudo establecer que aun cuando las obras de construcción del acueducto y alcantarillado fueron terminadas y entregadas a satisfacción desde el 14 de noviembre de 2018, estas nunca habrían sido puestas en funcionamiento por el alcalde del momento ni por su sucesor y en cambio, se han ido deteriorando y están siendo desmanteladas por delincuentes", explicó la entidad dirigida por Margarita Cabello.

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En el caso de Bermúdez, en el llamado a juicio disciplinario en en su contra hay vario material probatorio que daría cuenta de que desde enero al 25 de mayo de 2021 al parecer no hizo ninguna acción para el mantenimiento y operación del sistema de alcantarillado y acueducto.

Mientras que bajo el mando del exalcalde Suaza, el proyecto habría perdido su derrotero, pues en diciembre de 2019 se fue del cargo y el sistema seguía sin entran en funcionamiento, "perjudicando a toda una comunidad con la falta de suministro del líquido vital, con la ausencia de un adecuado alcantarillado y con el posible despilfarro de los recursos del Estado", dice el auto en su contra.

Así las cosas, los dos alcaldes tendrán que responder ante la Procuraduría por su presunta falta al no conservar los equipos que les confiaron, y al no ordenar el servicio de mantenimiento. Por tal motivo, se enfrentan a una falta que sería calificada como grave a título de dolo.

Por un proceso diferente, el alcalde de Riohacha fue suspendido provisionalmente por tres meses a finales de julio, mes en el que la procuradora ratificó que su entidad sí tiene la facultad para tomar este tipo de medidas cautelares contra los elegidos por voto popular.

A inicios de año, el ente de control había tomado la misma medida por tres meses dentro de ese caso, el cual tiene que ver con supuestas irregularidades en un contrato de concesión para el acueducto por 30 años, el cual valió cerca de 12.000 millones de pesos.

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Y a la hora de nombrar a un mandatario encargado en Riohacha, el jefe de Estado dijo que no iba a hacerlo, amparado en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla de que solo un juez puede sancionar a elegidos por voto popular.

Ante la negativa, Margarita Cabello contestó que "en Colombia todas las autoridades, incluyendo al presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad y el Estado de derecho de nuestro país, como es la Corte Constitucional", haciendo énfasis en que este alto tribunal ya dejó claras las competencias del órgano que ella istra.

Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49