¿Por qué Procuradora dice que hay irregularidades en libertad de voceros de paz?

En un oficio con fecha de este 27 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación hizo un duro pronunciamiento al señalar que la liberación de dos voceros de paz habría estado pasada por varias irregularidades.

Por eso, el Ministerio Público envió una carta a Jorge Luis Trujillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, en la que se queja de la actuación de la presunta falla que cometió la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá que firmó los boletos de libertad de Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo.

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Sumado a ese documento, la procuradora general, Margarita Cabello, compartió en un video la posición del Ministerio Público. Para ella, "en la orden de libertad otorgada a los voceros de paz la semana pasada encontramos nosotros que quien la firmó es la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, persona que en principio, consideramos, que no tiene competencia para ello, y por eso estamos haciendo las primeras averiguaciones si tenía o no competencia para hacerlo".

Así mismo, Cabello indicó que ya en la queja ante el Consejo Superior de la Judicatura se expuso que en el Centro de Servicios de Paloquemao "a nuestros funcionarios no se les permitió entregar información, y tampoco fueron citados para actuar ante el juez respectivo y emitir la opinión correspondiente que deberíamos haber dado".

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En cuanto al oficio, este fue firmado por Jairo Ignacio Acosta, procurador delegado con funciones mixtas 5 para el Ministerio Público en Asuntos Penales (E), quien expuso que son dos los hechos que se cuestionan en las liberaciones.

El primero es que los días 22 y 23 de diciembre, la trabajadora de la Rama Judicial se habría otorgado facultades que no le correspondían, al dar vía libre a la liberación de los dos jóvenes, y omitir el reparto ordinario que compete a estos asuntos.

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La queja del procurador delegado se conoce días después de que precisamente, el 22 de diciembre, el Juzgado 69 de control de garantías de Bogotá publicara en su cuenta oficial de Twitter que no fue el despacho que otorgó la libertad de Santiago Márquez, pese a que esa oficina fue la que tuvo a cargo, en su momento, el proceso penal que se abrió contra él por el delito de empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, caso que va en etapa de juicio.

Por otro lado "la citada funcionaria judicial tampoco convocó al Ministerio Público a dicho trámite, pero, lo que aún es peor, le negó cualquier tipo de información al respecto, lo cual le impidió ejercer su papel oportunamente", se lee en el duro oficio enviado al despacho del magistrado Trujillo.

En ese sentido, la Procuraduría puso de presente que es el momento idóneo para que la magistratura organice a los centros judiciales del país para que permitan que el Ministerio Público cumpla con sus funciones constitucionales y legales en al momento de intervenir en procesos penales. 

"Y, de paso, hacer parte tanto del equilibrio de poderes como el de la colaboración armónica interinstitucional que ello supone", se lee en la carta.

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En el llamado de atención de Margarita Cabello aparece que el órgano de control remitirá en las próximas horas las denuncias respectivas, en caso de que “haya habido alguna irregularidad en la emisión de esas órdenes de libertad”.

Este pronunciamiento se da justo cuando se espera que se defina la liberación de cinco personas más que serían voceras de paz luego de que la Comisión intersectorial creada por el Gobierno sugiriera sus perfiles.

Los nombres de los detenidos (algunos en cárceles y otros con prisión domiciliaria) a la espera de que los jueces definan el pedido son Laura Ramírez, Juan Galeano, Arles Hernán Bolaños, Álvaro Andrés Duque y Bremmen Hinestroza.

En Twitter: @CarlosL49