Tras huracán Iota, investigan millonarios contratos en San Andrés

Desde entonces se han firmado 318 contratos. Procuraduría analiza más de 5.000 suscritos en 2020.

Así está Providencia a un mes del paso del huracán Iota. Foto: Mauricio Moreno. Enviado especial de EL TIEMPO

PERIODISTA17.12.2020 17:22 Actualizado: 17.12.2020 17:46

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Contratos por más de 191.000 millones de pesos están bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación, que comenzó una vigilancia a más de 5.000 contratos suscritos en 2020 por la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con entidades del orden nacional y territorial.

"Más grave que los huracanes ETA y Iota es el huracán de la corrupción en San Andrés", declaró sobre las labores de vigilancia de la Procuraduría el jefe de la entidad, Fernando Carrillo Flórez.

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Y es que tan solo desde el 17 de noviembre, tras el paso del huracán Iota, en el archipiélago se han firmado 318 contratos, por valor de $7.035 millones, de los cuales solo 6 suman $2.315 millones y corresponden a obras o servicios no asociados directamente a la recuperación, reconstrucción y normalización del archipiélago. Entre esos contratos está uno para el alumbrado navideño, capacitaciones para agentes de transito y participación en torneos de baloncesto.

Debido a esas presuntas irregularidades, el órgano de control abrió procesos disciplinarios y busca establecer, como parte de una acción preventiva, la existencia de una presunta nómina paralela, con cerca de 1.500 contratistas, entre quienes figurarían personas que ni siquiera residen en el archipiélago.

En particular, el Ministerio Público focalizó la vigilancia y seguimiento en 12 contratos firmados con 10 contratistas, por más de $16.300 millones.

Los contratos focalizados fueron suscritos con Carlos Rafael Benet González, el Consorcio Circunvalar, Recuperaciones Naranjo Recycling S.A.S, Asociación Sweet Food, Federación Colombiana de Baloncesto, Society Protection Technics Colombia Ltda., Corporación Festival Internacional de Cine Cartagena de Indias, Society Servies General S.A.S., Consorcio Alcantarillado Avenida Newball, y Aqua SAI S.A.S.

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Según informó la Procuraduría, desde 2008 esas firmas han ejecutado 44 contratos con entidades territoriales, por un valor superior a los $56.639 millones, de los cuales el 80 por ciento fueron adjudicados por la gobernación del archipiélago.

Entre enero y marzo la contratación con ellos sobrepasó los $112.000 millones, y de abril a lo que va corrido de diciembre, la contratación fue de casi $79 mil millones.

El órgano de control solicitará información a entidades como el ICBF, el ICA y el SENA, entre otras.

El cuestionado contrato para alumbrado firmado tras el huracán

Por 1.550 millones de pesos la Gobernación de San Andrés firmó el contrato para el alumbrado navideño. Foto:Archivo particular

Por un contrato para alumbrados navideños, la Procuraduría abrió una indagación preliminar contra el gobernador encargado del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Alen Jay Stephens (2020), los secretarios General (e), Martha Moreno; de Hacienda, Liza Hayes, y de Planeación, Bartolomé Taylor. La indagación es por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación y montaje del alumbrado navideño de la isla, por valor de $1.550 millones.

El ente de control investiga si los funcionarios publicaron oportunamente en la página web del Secop los estudios previos, el acta de inicio y la póliza de cumplimiento del contrato celebrado con la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P.

También indaga si la póliza de responsabilidad civil del acuerdo fue adquirida seis días después de haber sido suscrita el acta de inicio, y si los servidores habrían excluido a las empresas públicas de energía del archipiélago -EMDESAI, EDDAS y SOPESA-, que estarían en capacidad de ejecutar el alumbrado navideño a menor costo.

Sospechas sobre contratos firmados para atender covid-19

⚠️ En el caso de prestación de servicios estamos hablando de una investigación por cuatro contratos de capacitación #Covid_19 de $20 millones por persona o participación en eventos deportivos. Son cinco contratos que ascienden a $585 millones: @fcarrilloflorez pic.twitter.com/8EjCrgTHHx
— Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) December 17, 2020

Por otra parte, el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gary Hooker, y a la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, Ana Mercedes Newball Taylor, por presuntos sobrecostos en el contrato 1163 de 2020, suscrito con Fumigaciones Pest Control Providencia, días antes de la emergencia ocasionada por el Huracán Iota. Ese contrato era para la desinfección de los edificios públicos y vehículos de la alcaldía, por valor de $200 millones.

Así mismo, se investiga al secretario de Salud del departamento, Julián Roberto David Robinson, por presuntas irregularidades en dos contratos, cuyos objetivos estaban dirigidos a adquirir elementos de protección personal para el cuerpo médico del hospital departamental, por $360’707.648.

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El Ministerio Público busca determinar el estado en que llegaron los suministros, pues el operador del hospital devolvió 5.500 mascarillas que aparentemente no estarían en condiciones adecuadas para proteger la vida de los trabajadores y pacientes.

De igual manera, avanza la indagación preliminar contra el exgobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, por posibles irregularidades en la ejecución del Contrato No. 569 de 2020, suscrito con la Asociación Sweet Food, por valor de $1.083’420.000.

Ese era para el suministro de almuerzos y entrega de paquetes alimentarios y de aseo para 300 adultos mayores, en el marco de las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos de la pandemia de covid-19 en el departamento.

Otros contratos bajo la lupa

El Ministerio Público también indaga a funcionarios por determinar de la gobernación por presuntas irregularidades en la contratación del suministro de agua potable en carrotanque, por valor de $450 millones.

Se busca establecer si se habría pactado un contrato ficticio con la empresa Aqua SAI LC A.S.A, teniendo en cuenta las denuncias de la comunidad del sector del Cove, por el presunto incumplimiento en la cobertura del servicio.

⚠️ La @PGN_COL investiga presuntas irregularidades en un contrato por $450 millones celebrado entre la @GobernacionSai y la empresa Aqua SAI LC S.A.S, para el suministro de agua en carrotanque en el sector del Cove: @fcarrilloflorez pic.twitter.com/cjnBHdEQ5F
— Procuraduría 🇨🇴 | #ConLosPiesEnLosTerritorios (@PGN_COL) December 17, 2020

Además, es investigado al jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la gobernación, Juan Enrique Archbold Dau, por posibles irregularidades, detrimento patrimonial y mal uso de los recursos, por el presunto incumplimiento de los contratos de servicios profesionales No. 749 y 750 de abril de 2020, suscritos con dos periodistas.

El ente de control busca establecer si los dos profesionales realizaron los programas de diseño, coordinación, elaboración, análisis y manejo de crisis por factores externos de la gobernación departamental, y los programas de radio institucionales. Igualmente, si los comunicadores residen en el departamento.

La Procuraduría Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y establecer si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Los indagados e investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre si así lo desean.

JUSTICIA

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