¿Qué tan viable sería una negociación con las bandas criminales?

Aunque aún no se ha conocido una respuesta oficial por parte del gobierno electo de Gustavo Petro a la propuesta que hicieron bandas criminales de un cese al fuego con miras a una eventual negociación a cambio de beneficios judiciales, hay temas que tendrían que resolverse para avanzar en ese sentido, si el gobierno lo decide.

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En una carta, los grupos aseguraron que están dispuestos a "parar la violencia cíclica" y aportar "verdad" a cambio de garantías "iguales a las que han obtenido los de otros grupos armados al margen de la ley, Fuerza Pública, agentes del Estado y terceros", en referencia a la justicia transicional, y de que "en la medida de lo posible nadie debe llegar a la cárcel".

En primer lugar habría que recordar que entre sus propuestas de gobierno, el presidente electo Petro ya se refería a lo que llamó grupos 'multicrimen', articulados en su mayoría al narcotráfico, y dijo que se combatirán los grandes capitales, financiadores, procesadores y exportadores, y se abrirán espacios de negociación judicial y sometimiento colectivo a la justicia para el desmonte de sus actividades.

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Además, a comienzos de este mes, en una entrevista radial, Petro dijo: "El mensaje que yo he lanzado no solamente al Eln, sino a todas las agrupaciones armadas vigentes hoy en Colombia es que llegó el momento de la paz, que a través de diversos instrumentos lo que yo solicito es cese del fuego que sea bilateral y comienzo de negociaciones judiciales en la mayoría de los casos y de negociaciones políticas en la minoría para lograr que se acabe la guerra en Colombia”.

Esta propuesta en su momento también generó inquietud sobre los caminos que se tendrían que adelantar con grupos ilegales, los cuales, a diferencia de la guerrilla, son considerados redes criminales que no pueden tener un reconocimiento político que los lleve a una negociación de paz.

(Al respecto lea: Los caminos que se tendrían que abrir para un cese del fuego con las bandas).

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) se refirió a la carta que enviaron los grupos criminales y la posibilidad de una eventual negociación o beneficios de la justicia transicional: "La justicia transicional tiene un alcance limitado derivado de procesos de negociación entre gobiernos y grupos subversivos, no grupos simplemente criminales. La justicia transicional tiene como efecto fundamental la pacificación mediante la desarticulación de grupos alzados en armas con un horizonte de carácter ideológico, requisito que no parecerían tener las bandas criminales ordinarias, por así decirlo", señaló.

Por ese motivo, el director de la CEJ expuso que la justicia transicional y la JEP no pueden cobijar o beneficiar a actores distintos a los involucrados en un determinado conflicto y negociación de paz.

"Es evidente en este caso que a ellos ni podría asignárseles reconocimiento político ni podría derivarse un proceso de negociación de paz, tendrían que entrar en el escenario de sometimiento a la justicia. Un sometimiento que debe ser colectivo, con un compromiso de desmantelamiento de las operaciones, y que supone la concesión por parte del Estado de algunos beneficios, por ejemplo, el lugar de reclusión, pero también sanciones si incumplen", manifestó. 

Frente a este tipo de propuestas, a comienzos del mes el ex fiscal general Guillermo Mendoza Diago, al hablar de las palabras que en su momento pronunció Petro, indicó que las bandas podrían obtener los beneficios judiciales que obtiene cualquier persona cuando acepta cargos en un proceso penal, puesto que los integrantes de estas redes "están incursos en delitos comunes y tienen que ser procesados según el procedimiento ordinario, nunca por justicia transicional. Si se desmovilizan, se someten y aceptan cargos, pueden recibir rebajas de pena, como ocurre con todos los delincuentes”.

En su momento Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado y experto en temas de análisis de conflicto, también señaló que se podría adelantar un cese de hostilidades y establecer un marco que permita acercamientos con todos los grupos ilegales, pero esto sería solo para establecer las condiciones de sometimiento a la justicia y que ellos no podrán tener rebajas distintas a las de aceptación de cargos y beneficios asociados a la colaboración efectiva para desmantelar la organización.

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Este 20 de julio, durante la instalación del nuevo Congreso, el senador y presidente del Senado Roy Barreras hizo un llamado a los grupos armados a dejar las armas y dijo que el Legislativo “les dará una oportunidad, en algunos casos, a través de las adecuaciones necesarias en el sistema de justicia transicional y, en otros, a través de disposiciones normativas que faciliten su sometimiento a la justicia ordinaria”.

Sin embargo, este jueves en entrevista con Caracol Radio Barreras aclaró que para las bandas criminales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas solo cabía la justicia penal ordinaria. 

De otra parte, hay que señalar que en octubre del año pasado, luego de la captura de Dairo Antonio Úsuga, 'Otoniel', quien fue el máximo jefe del 'clan del Golfo', el gobierno del presidente Iván Duque activó un plan de sometimiento de los grupos armados organizados, como el Eln, las disidencias de las Farc y el ‘clan del Golfo’.

Este plan, que fue dado a conocer por el ministro de Defensa Diego Molano, se llama 'Ruta de la Legalidad', en su momento el ministro sostuvo que "todos aquellos que quieran vincularse al lado de la legalidad, tendrán la posibilidad de entrar al programa en tres fases, una suministrando información; otra, colaborando con la justicia; y la tercera fase, con apoyo económico y oportunidades.

Sobre la propuesta también habló el comisionado de paz Juan Camilo Restrepo, quien dijo que los grupos de organizaciones ilegales se podrán acercar a cualquier unidad militar de policía o a las autoridades civiles y manifestar su intención de abandonar sus actividades ilegales.

Allí, un comité de sometimiento recibirá a las personas y comienzan los procesos para la dejación de armas, por los elementos de guerra entregados pueden recibir una compensación, además de alimento, alojamiento y un kit de aseo.

(Puede leer más en: Gobierno activa plan para sometimiento de grupos armados ilegales).

Luego de ese primer momento, la persona será entrevistada por las autoridades y su proceso pasará a la Fiscalía, en donde se abrirá una noticia criminal (investigación), luego quien se somete será trasladada a un hogar de paso y empezará a recibir beneficios en educación y salud.

En el plan sigue otra entrevista para definir si la persona es certificada como exintegrante de una organización ilegal accediendo a nuevos beneficios; en cualquier situación, el gobierno manifestó en su momento que cada caso se analizará individualmente y será la Fiscalía la encargada de definir los beneficios que pueda recibir.