¿Quién es quién en el escándalo de corrupción que sacude al Congreso?

Semanas antes de la captura del senador Ciro Ramírez, realizada a mediados de diciembre pasado, por órdenes de la Corte Suprema de Justicia, un extenso expediente en manos de un grupo especial de fiscales contra la corrupción comenzaba a dar luces sobre las presuntas maniobras que habría desplegado un grupo de congresistas, funcionarios públicos y particulares para apropiarse de recursos estatales y consolidar su poder en cada una de sus regiones.

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Aunque inicialmente autoridades solo habían llegado a particulares, funcionarios y contratistas, las declaraciones que han entregado algunos de ellos para recibir beneficios judiciales han permitido abrir nuevos capítulos para empezar a subir en el organigrama de lo que la Fiscalía califica como una organización criminal y que ya llegó a congresistas y se extendería a otros políticos regionales, incluyendo exalcaldes y exgobernadores.

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La detención de Ramírez (Centro Democrático) se dio por presuntas irregularidades ocurridas en 2021 en un contrato interistrativo celebrado entre el Departamento de Prosperidad Social y la empresa Proyecta Quindío. Para ese momento, las autoridades solo habían logrado judicializar al congresista Mario Castaño, quien murió el 18 de noviembre pagando una pena de 16 años de cárcel por corrupción.

A finales de noviembre pasado, EL TIEMPO reveló en exclusiva el expediente que daba cuenta de que el propósito de los políticos –según la Fiscalía– sería aumentar su caudal electoral en las regiones en las que se iban a realizar obras con plata pública. Los contratistas, por su parte, apuntaban a aumentar sus riquezas, y los funcionarios, a conseguir réditos en ‘las organizaciones ilegales’ a las que pertenecían para ascender en estas y en el futuro escalar en sus aspiraciones políticas.

En la investigación en la que se menciona, además del fallecido exsenador Castaño, salen a relucir los nombres de los congresistas Samy Merheg y Miguel Ángel Barreto (Partido Conservador), Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical), Juan Felipe Lemos Uribe ( ‘La U’), Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) y el candidato a la Cámara Julio César García.

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El ente acusador señaló que cada senador, al parecer, tiene “un grupo de operaciones” para obtener beneficios ilícitos y en la investigación los señala de haber creado una red con tentáculos en varias entidades públicas para esquilmar los recursos estatales a través de contratos. Incluso, la Fiscalía documentó los nombres de los enlaces de cada senador, que servían como puente entre los contratistas y los funcionarios del Estado que iban a adjudicar las obras.

Aparecieron nombres como el del subdirector de programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y excandidato a la Cámara de Representantes Pierre Eugenio García Jacquier, contra quien esta semana la Fiscalía le pidió a una juez emitir una circular roja de Interpol para garantizar que responda ante la justicia.

Según el expediente, García Jacquier, perteneciente a una poderosa familia política del Tolima y quien estaría en Francia, era la persona que presuntamente daba el aval y determinaba los contratos que le correspondían a cada congresista y que se entregaban a los mismos contratistas.

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La investigación detalla la existencia de dos poderosos grupos, uno de ellos con mando directo del fallecido exsenador Castaño, cabeza de la red ‘las Marionetas’. De este grupo “formarían parte, al parecer, de esos beneficios recibidos por la gestión de esos recursos de un contrato interistrativo de 2021 por un valor de 22.000 millones de pesos, en el que se vieron beneficiados Juan Samy Merheg , Carlos Abraham Jiménez y Juan Felipe Lemos”, señala el expediente en poder de EL TIEMPO.

En el otro grupo, del que haría parte Ciro Ramírez, estarían los congresistas Miguel Ángel Barreto y Carlos Fernando Motoa, quienes tenían sus fichas en entidades donde se llevarían a cabo las contrataciones.

En el caso de Ciro Ramírez, su ficha sería Katherine Rivera Bohórquez –integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)–, quien fue imputada recientemente; mientras que el enlace del congresista Barreto sería Óscar Humberto Leyton; el del legislador Motoa sería Giancarlo Storino, y para el candidato García su principal conexión sería Jhon Jairo Tejada García.

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“Según los elementos de prueba, la señora Rivera Bohórquez, en su rol de enlace de un senador, se comunicó con algunos funcionarios del DPS y Proyecta Quindío (una empresa comercial e industrial del Estado) para coordinar y direccionar los lineamientos de designación en 15 contratos de obra e interventoría, 11 de los cuales habrían sido adjudicados de forma directa e irregular”, dice el expediente conocido por este diario.

Estos contratos se los ganó el contratista porque presuntamente sabía información clave antes del trámite, la cual contenía fechas de publicación de las licitaciones y varias de las condiciones exigidas en los procesos de selección y todo apunta que los proyectos “eran presentados por entidades territoriales, como alcaldías y gobernaciones”.

Las irregularidades hasta ahora detectadas superan los 70.000 millones de pesos, y los intentos por cooptar contratos públicos incluso se habrían extendido hasta hace unos meses, por lo que la Fiscalía mantiene la investigación de nuevos procesos licitatorios. De hecho, en interceptaciones telefónicas a algunos de los investigados se escucha que hablaron el 6 de octubre de citas con el alcalde de Sincelejo para una adición de un contrato con el Invías.

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En la investigación que adelanta la Fiscalía se detallan los contratos 501 de 2021 y 670 de 2021, los cuales fueron suscritos entre el DPS y Proyecta Quindío, en los que se buscaba “direccionar” proyectos de obra para Tolima, Quindío y Valle del Cauca.

Los investigadores añadieron que el entramado se interesó en el contrato 670 de 2021, por 49.000 millones de pesos; el contrato 013 de 2022 en Purificación, Tolima, por 1.600 millones; el contrato 039 de 2022, por 114 millones; el 011 de 2022 en Mariquita, Tolima, por 1.900 millones, entre otros. En el contrato adjudicado en Tolima por 8.900 millones de pesos para el desarrollo de placa huella, según la Fiscalía, al parecer estaría interesado el senador Barreto.

Uno de los enredados, el congresista Carlos Abraham Jiménez, en diálogo con este diario señaló que no incurrió en delitos y que así lo demostrará si es llamado a responder.

La Fiscalía no puede investigar a los congresistas por su fuero, por lo que todas las evidencias se entregaron a la Corte Suprema, que tendrá que definir el rumbo de los procesos contra los legisladores y tomar decisiones que pondrían a responder a varios de ellos.

A través de la cuenta en X, el partido Centro Democrático señaló que Pierre García y Milton Restrepo, “no pertenecen al Centro Democrático de tiempo atrás y militan en otros partidos políticos”.

Pierre Eugenio García, exdirectivo del DPS y enredado en el escándalo de corrupción vinculado a distintos congresistas, tiene varias cuentas en el exterior e inversiones en Colombia. La información en poder de la Fiscalía señala que García tiene una cuenta corriente en un banco suizo, otras dos cuentas de ahorro en entidades de ese mismo país y otro producto financiero de inversión. Según el ente acusador, el procesado tiene productos, entre otras, en el UBC con sede en Zúrich e Interactive Brokers.

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Además, cuenta con importantes inversiones en el país. “Los saldos en esas cuentas no son menores”, anotó la fiscal del caso tras advertir que el exfuncionario tiene las posibilidades de eludir a la justicia. Igualmente, la investigadora señaló que entre diciembre de 2020 a diciembre de 2023 García viajó dos veces a Estados Unidos, una vez a Madrid y otra a París, de donde no ha regresado.

"Tiene facilidades para abandonar el país o permanecer en el exterior”, sostuvo la fiscal tras señalar que Pierre García lleva más de seis meses fuera de Colombia, tiempo en el que sabía que estaba siendo investigado por las autoridades.

Redacción Justicia

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