Declaran de lesa humanidad homicidio de la sindicalista Doris Núñez

La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación declaró como de lesa humanidad el homicidio de la sindicalista Doris Núñez Lozano, perpetrado el 16 de agosto de 2001 en Fusagasugá (Cundinamarca), en hechos en los que resultó gravemente herido el también sindicalista Omar García Ángulo, cuyo caso también fue declarado imprescriptible.

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Nuñez Lozano fue auxiliar istrativa en la Compañía de Electricidad y Gas (Ceglac) por 24 años, era parte de la junta directiva del sindicato de esa empresa y del Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia. Fue víctima de acoso laboral según sus abogados, así como de amenazas contra su vida.

El 16 de agosto de 2001, la mujer fue interceptada por sicarios que le propinaron seis disparos. García Ángulo recibió tres y quedó herido, y un niño de nueve años que pasaba por el lugar quedó inválido.

En decisión de 40 páginas, la Fiscalía señaló que estos crímenes no fueron aislados sino que hicieron parte de un ataque en contra del movimiento sindical colombiano, cuyos fueron objeto de la política que estigmatizaba y discriminaba la organización de los trabajadores.

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La decisión señala que no hay otro móvil para el crimen sino la pertenencia de Nuñez al sindicalismo y señala que el movimiento sindical en Colombia “ha sido víctima de ataques por parte de grupos de extrema derecha, en muchos de los casos, apoyado por parte de integrantes de la Fuerza Pública, quienes, en la mayoría de los casos, relacionaban la labor sindical con apoyo a grupos subversivos, estigmatizando a los integrantes del movimiento sindical como colaboradores o integrantes de grupos guerrilleros”.

En el caso concreto, la Fiscalía realizó una inspección judicial a los archivos del Batallón de Infantería No. 39 de Fusagasugá y encontró información de la existencia de labores de inteligencia sobre un “aspecto sindical”, en donde había perfiles con fotos de dirigentes sindicales en la región de Cundinamarca.

“Con lo anterior, es indiscutible el sesgo y la estigmatización del movimiento sindical, relacionado a los integrantes del mismo con grupos revolucionarios o subversivos, lo que generó que grupos paramilitares declararan objetivos militares y asesinaran a los mismos”, dice la decisión.

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“El homicidio de Doris Nuñez Lozano y el homicidio en grado de tentativa del señor Omar García Ángulo reúnen las condiciones descritas para que sea declarado como crimen de lesa humanidad, toda vez que fue perpetrado, con conocimiento de causa, en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en específico, contra personas de la región a quienes tildaba de colaboradores de la guerrilla; y basado en móviles discriminatorios, por razones políticas e ideológicas, por la defensa a los derechos humanos, por ejercer actividades sindicales, cívicas, comunales y populares”.

Según la Fiscalía, este crimen “hizo parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil que era objeto de hostigamientos, persecuciones, y atentados contra su vida y la de sus familiares, con la finalidad de impartir miedo y terror, para así consolidar su poder en la zona, con conocimiento de dicha sistematicidad, y que hacía parte de una política de eliminación de toda aquella persona que era considerada como un enemigo en razón a su actividad sindical y vincular la misma con auxilio o colaboración a la guerrilla, sin que existiera justificación alguna para causar la muerte de sindicalistas, defensores de derechos humanos o líderes sociales".

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La decisión señala que entre 1985 y 2005, se perpetraron al menos 100 masacres en 18 departamentos, con al menos 567 víctimas: 493 hombres y 72 mujeres, en el marco de hechos de violencia en el país. Además, dice que los dirigentes sindicales de la Empresa de Energía de Fusagasugá se encontraban inmersos en una situación creciente de persecución tras la llegada de un ingeniero nombrado como jefe del distrito, quien los estigmatizó y persiguió.

“No estamos hablando de una conducta aislada o fortuita sino que se ejecutó en razón a la política antisubversiva en el departamento de Cundinamarca, y la idea de acabar con personas del municipio de Fusagasugá que ejercieran actividades sindicales, cívicas, comunales y populares”, agregó la Fiscalía.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo que lleva la representación de la familia de las víctimas indicó que después de 20 años de estos hechos, los familiares y la organización sindical siguen sin ver justicia, ya que ni un solo autor material ni determinador ha sido identificado.

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La abogada Yessika Hoyos, representante de víctimas, saludó la decisión: “No obstante, la impunidad en este caso sigue lacerando a la familia y la impunidad estructural sigue estimulando ataques en contra de los trabajadores y trabajadoras sindicalizadas en Colombia. La justicia es el primer paso para que hechos como estos jamás se repitan”.

@JusticiaET

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