Tierra Santa: ¿qué viene en el proceso contra los capturados?

Hace unas semanas la Fiscalía y la Policía lideraron una redada contra la popular cadena de ropa Tierra Santa, reconocida especialmente en municipios de la Costa, pues las autoridades tienen indicios de que la empresa se usó para lavar dinero, vender mercancía de contrabando y que personas vinculadas a la cadena se habrían enriquecido ilícitamente.

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Las autoridades capturaron a 20 personas y se aplicaron medidas con miras a la extinción de dominio a 1.110 bienes, por un valor superior a 1.2 billones de pesos.

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Según informó en su momentoel director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, entre los capturados están seis ciudadanos libaneses nacionalizados en Colombia, quienes integraban la junta directiva del conglomerado empresarial; también otros siete ciudadanos colombianos que eran los representantes legales de empresas fachada encargadas de realizar importaciones ficticias a favor de la cadena de almacenes; así como siete personas más.

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En materia judicial, estas personas deberán atender una serie de audiencias de cara al esclarecimiento de los hechos. 

En primer lugar están las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. En este primer momento pueden decir si aceptan o no los cargos y, según informó la Fiscalía, aún no terminan estas audiencias en este proceso.

Luego, la Fiscalía tiene un plazo para presentar el escrito de acusación contando más detalladamente los hechos en los que se basa la investigación, su teoría del caso y las pruebas documentales y testimoniales que pretende usar.

Si los procesados no aceptan los cargos, el caso avanzará a juicio, en donde deberán presentar las pruebas con las que buscan probar su inocencia y responder así mismo a las pruebas de la Fiscalía que los señalan como culpables. Al final, un juez tendrá que tomar una decisión en una sentencia.

En cuanto a las posibles condenas, de acuerdo con el Código Penal, la pena por lavado de activos es de 10 a 30 años de prisión y una multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por su parte, la sanción por enriquecimiento ilícito de particulares es de prisión de 96 a 180 meses y una multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Finalmente, el artículo 319 del Código establece varios escenarios para el contrabando:

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1) Si se introdujo mercancía en cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales, la prisión va de 4 a 8 años y una multa del 200 al 300 por ciento del valor aduanero de los bienes objeto del delito.

2) La misma pena se aplicará si la conducta fue ocultar del control aduanero mercancías en cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales, o si las ingresó a zona primaria definida en la normativa aduanera vigente sin el cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulación aduanera.

3) Por último, si las conductas anteriores recaen sobre mercancías en cuantía superior a 200 salarios mínimos legales mensuales, la pena es de 9 a 12 años de prisión y una multa del 200 al 300 por ciento del valor aduanero de los bienes objeto del delito.

De todas formas hay que recordar que en Colombia las penas no se suman en sus valores totales, sino que los jueces hacen un cálculo teniendo en cuenta todos los delitos. 

Paralelo al caso penal avanzará el proceso de extinción de dominio. Si bien las autoridades ya ocuparon 1.110 bienes, esas son medidas cautelares mientras un juez decide de fondo si los bienes están relacionados con actividades ilegales.

Los bienes ocupados a los capturados están ubicados en Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar, Sucre, La Guajira, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Casanare, Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Nariño y Quindío. Se trata de 58 inmuebles (3 apartamentos, 7 casas, 9 fincas, 3 Garajes, 26 locales y 10 lotes); 65 establecimientos de comercio, 20 sociedades, 14 vehículos y 953 semovientes.

De acuerdo con la Ley 1708 de 2014, por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio, hay 11 causales para este procedimiento, en el proceso debe haber una investigación en cabeza de la Fiscalía, y una decisión a cargo de un juez o magistrado especializado en extinción de dominio. Los afectados -es decir, a quienes les quitaron bienes- también pueden intervenir.

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