Tras el paso del proceso del expresidente
Álvaro Uribe Vélez de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, hay dudas sobre si una de las consecuencias inmediatas sería que recuperara su libertad.
El exsenador está con medida de aseguramiento en su lugar de residencia por una decisión adoptada por la Sala de Instrucción, que soltó el proceso y lo pasó a la
Fiscalía.
Aunque la defensa del expresidente ha señalado que el cambio de investigador no implica su libertad, otros analistas consideran que esa sería una de las principales consecuencias de la decisión de la
Corte.
El penalista Andres Caballero señaló que la medida de aseguramiento "ahora sufre de un defecto orgánico". Y aunque señaló que no hay certeza de cuál sería la vía, esta debe desaparecer.
El también penalista Marlon Fernando Díaz indicó que no quedará en libertad.
"La actuación cumplida ante la Sala de Instrucción de la Corte conserva plena validez. La medida quedará a cargo del juez coordinador de Paloquemao, vigente. Y ante un juez de garantías la defensa podrá solicitar sustitución por una medida no privativa o revocatoria, acreditando que se dan los requisitos para una u otra situación. Solo en estos últimos casos podría recobrar la libertad", dijo Díaz.
Para el exfiscal Camilo Burbano, la medida de aseguramiento seguiría por el momento incólume, aunque luego el fiscal puede revisarla o revocarla por solicitud de la defensa.
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El exmagistrado Jaime Arrubla consideró que si el proceso se empieza a llevar bajo el nuevo sistema penal es el fiscal al que llegue quien debe resolver los vacíos sobre la etapa procesal y la libertad de Uribe.
Aclaró que, según la ley, los vacíos siempre se resuelven a favor del procesado.
Fiscales consultados y que pidieron su reserva indicaron que la medida de aseguramiento se adoptó legalmente por quien en ese momento tenía la competencia, pero que al cambio de investigador sería el fiscal del caso quien tendría que decidir sobre el tema. De llevarse por el nuevo sistema el caso, el fiscal tendría que acudir ante un juez para prorrogar la medida de aseguramiento.
Otros fiscales consultados señalaron que la medida queda vigente y que la defensa podría pedir ante un juez que sea revocada.
Para José Fernando Mestre, director de derecho penal de la Javeriana, el proceso se debería llevar por la Ley 906 y esto implicaría que habría que empezar desde ceros. Sin embargo, afirma que como aquí hay una medida de aseguramiento vigente no ve tan sencillo que esa decisión se pueda anular como si no existiera.
Según la profesora de derecho de la Universidad Libre Claudia Orduz, el caso debería pasar a la Ley 906, pero considera que no hay que volver a iniciar toda la investigación, pues se debe tener en cuenta lo que ya hizo la Corte Suprema de Justicia.
En ese caso –dijo–, la medida de aseguramiento sigue vigente y como a su juicio en este caso ya se superó la imputación, la Fiscalía debería definir ahora si acusa a Uribe o si precluye el caso.
Algunos de los consultados señalaron que la libertad podría lograrse con una tutela o incluso un habeas corpus aludiendo a la posibilidad de que se le estarían violando derechos fundamentales.
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