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Noticia
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Tribunal de Cundinamarca ordenó a la Registraduría hacer un concurso de méritos; estos fueron los argumentos
La entidad manejada por Hernán Penagos tiene el 85,82 por ciento de sus puestos en provisionalidad.
Sede principal de la Registraduría en Bogotá. Foto: Jesús Blanquicet/El Tiempo
Por orden del Tribunal istrativo de Cundinamarca, la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá que adelantar un concurso de méritos para llenar las miles de plazas que actualmente están en provisionalidad desde hace varios años.
La medida se suma a las que el Tribunal ordenó realizar en otras providencias en la Fiscalía y en la Procuraduría, donde tampoco se han adelantado concursos; y se debe a una acción de cumplimiento que presentó un ciudadano para que la Registraduría cumpla los literales C y E del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009, que habla de reglamentar la carrera istrativa especial.
El caso nació el 30 de abril pasado, cuando ante la oficina de Talento Humano de la Registraduría se interpuso un derecho de petición para preguntar por cuál es el número de la planta de personal de la entidad electoral en todo el país, así como los que están bajo provisionalidad.
Fachada Tribunal istrativo de Cundinamarca. Foto:Cortesía
La Registraduría, manejada por Hernán Penagos, respondió que en su planta tiene a 4.114 personas, de las cuales 3.531 (el 85,82 por ciento) están en provisionalidad, algo que iba en contravía del artículo 125 de la Constitución Política, que ordena que los puestos son de carrera a excepción de algunas situaciones.
El ciudadano demandante le pidió a la Registraduría que cumpliera con el concurso de méritos, y recibió como respuesta que ellos han adelantado todo lo que ha estado en sus manos, sin embargo hay una falta de presupuesto del Ministerio de Hacienda que les ha impedido adelantar el trámite.
Tribunal de Cundinamarca ordena a la Registraduría adelantar concurso de méritos. Foto:Archivo particular
Fue así como el 24 de mayo, el demandante acudió al Ministerio de Hacienda a preguntar si la Registraduría les había pedido plata para el concurso, respondiendo que sí habían girado recursos.
Por eso, con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso, la Sección Primera en su Subsección A accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a la Registraduría y su consejo superior de carrera ejecutar todo para hacer el concurso, algo que ya fue apelado por la entidad y por ende será estudiado por el Consejo de Estado.
La respuesta de la Registraduría
Una vez interpuesta la acción de cumplimiento en el Tribunal de Cundinamarca, el 25 de julio pasado el demandante allegó lo que previamente le había contestado la Registraduría, en el sentido de que no ha desatendido sus obligaciones, pues ha puesto en práctica herramientas de gestión.
"El demandante pretende inducir a error al Tribunal, señalando que la Registraduría respondió -lo cual no es cierto- que por la falta de asignación de recursos no se ha realizado el concurso de méritos", dice el fallo, añadiendo que se han solicitado recursos por 26.000 millones de pesos para tal fin. Además, la Registraduría recalcó que el Ministerio ya les aprobó 2.352 millones de pesos, pero que falta más plata.
Hernán Penagos, registrador nacional Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO
En su conclusión, el Tribunal de Cundinamarca resaltó que en los literales C y E del artículo 20 de la Ley 1350 de 2009 está claro cuál es el mandato para adelantar un concurso de méritos. "En este sentido, resulta pertinente recordar que según las afirmaciones de la entidad accionada, esta cuenta con recursos para atender el proceso de selección de que se trata los cuales se entienden suficientes, de acuerdo con el principio de planificación presupuestal, pues de otra manera no se habrían apropiado con ese expreso propósito", se lee en la sentencia.
Asimismo, que la última prórroga para hacer ese concurso se venció el 6 de agosto de 2012, y "han transcurrido más de 12 años sin que se implemente el proceso de ingreso a la istración por el sistema objetivo de méritos de oposición en concurso público y abierto".
Ese vacío de varios años llevó a la magistratura a ordenar cumplir la ley en un plazo máximo de seis meses. Eso sí, esto se cumplirá si en segunda instancia el Consejo de Estado le da la razón al Tribunal.