Una justicia de capítulos viejos

Toda nación tiene, en materia judicial, sus esqueletos escondidos dentro del armario. Son esos casos que por décadas, y muchas veces para siempre, permanecen sin resolverse y terminan dando origen a toda clase de teorías de la conspiración.

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Desde el asesinato de Kennedy, en Estados Unidos, pasando por el de Olof Palme, en Suecia, hasta los nuestros de Gaitán, Galán y Álvaro Gómez, se trata de investigaciones de tal complejidad, poderosos intereses atravesados e hipótesis probables que, eventualmente, los ciudadanos terminamos por aceptar a regañadientes que la justicia debe tomarse todo el tiempo que sea necesario.

Esa tardanza en la aparición de la justicia, que no es para nada un escenario deseable, puede tener justificación en esos casos en los que la investigación judicial es todo un desafío. Lo que no tiene presentación es que nuestra justicia se demore tanto en los procesos relativamente evidentes –por la cantidad de pruebas públicamente conocidas– y que han indignado al país porque retratan de pies a cabeza cómo la corrupción pelecha en el Estado.

Eso es lo que acaban de recordarnos dos fallos judiciales –uno penal; el otro, disciplinario– sobre escándalos ya viejos.

Tuvo que pasar casi una década para que la justicia colombiana empezara a tomar decisiones en el caso de los políticos salpicados por el saqueo a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Ese escándalo llevó a la liquidación de la entidad que manejaba los bienes incautados a la mafia y ahora uno de sus protagonistas, el exsenador y exdirector de Estupefacientes Carlos Albornoz, ajusta una primera condena cuyo monto será anunciado por un juez de Bogotá en las primeras semanas del 2021. Y si es cuestionante la lentitud judicial en este caso, qué decir de la docena larga de investigaciones contra congresistas que, por los mismos hechos, nunca despegaron en la Corte Suprema de Justicia.

También nos enteramos hace pocos días de que apenas ahora –a pesar de todas las evidencias en contra– el exfuncionario de la Dian Ómar Ambuila (protagonista del famoso caso del Lamborghini producto de la corrupción del que su hija Jenny presumía en Miami y en sus redes sociales) fue destituido en segunda instancia. Se dirá que han pasado menos de dos años y que ya hay una decisión de fondo. Y sí. Pero se trata de una sanción disciplinaria: el caso en la Fiscalía poco ha avanzado, a tal punto que Ambuila, su esposa y su hija recuperaron la libertad en marzo por vencimiento de términos y, por ahora, no hay señales de que la justicia esté siquiera calentando motores para cambiar esa situación.

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET

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