UNP explicó por qué está controlando las armas de los escoltas de Farc

La desaparición de cerca de 20 subametralladoras que estaban asignadas a los esquemas de seguridad de exintegrantes de las Farc prendieron las alarmas sobre el manejo que se estaba dando a esos elementos de protección.

Así lo manifestaron voceros de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que señalaron que por información de control interno se conoció sobre la pérdida del rastro de esas armas y se determinó entonces ordenar una auditoría para verificar su estado, ubicación y manejo.

La explicación la hizo la UNP ante la queja pública del excomandante de las Farc y actual jefe del constituido partido político, Rodrigo Londoño, quien en sus redes sociales escribió: “Quién lo puede explicar, cuando aumentan las amenazas y los riesgos, el Gobierno decide quitar todas las armas de apoyo de nuestros esquemas de seguridad”.

La publicación hecha el miércoles incluía la imagen de un memorando interno firmado por el director de la UNP, Pablo Elías González, en el que pedía a la subdirección de Protección y la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección que se hicieran llegar al armerillo “todas las armas de apoyo tipo subametralladoras que se encuentran asignadas a los esquemas o funcionarios dentro de dichas subdirecciones”.

Ante esa afirmación de Londoño, la UNP aseguró en un comunicado que no es cierto que se haya tomado una medida para quitarles todas las armas a los escoltas del partido Farc ni que se “pretenda debilitar los esquemas de protección de los excombatientes”.

Señalaron que la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección se creó como parte de los acuerdos de paz de La Habana y que buscaba garantizar la seguridad de los excombatientes a través de esquemas de seguridad integrados por hombres de la desaparecida guerrilla. Esa unidad especializada tiene a su cargo unos 1.150 escoltas para proteger a 222 excombatientes.

Y aclararon que la revisión de las armas y su reasignación no se hará al tiempo y se irá dando escalonadamente, de tal manera que no se ponga en riesgo a los protegidos.

Inicialmente quienes no están en servicio deben cumplir el procedimiento, y en la medida en que los escoltas vayan saliendo a vacaciones, estén de permisos por compensatorio o fin de semana, deben entregar el arma para su revisión.

Una vez se reintegren al servicio, tendrán su correspondienta arma de dotación.

EL TIEMPO habló con Pablo Elías González Monguí, director de la UNP, quien aseguró que el procedimiento tendrá todas las garantías para preservar el adecuado funcionamiento de los esquemas de seguridad y la seguridad de los excombatientes.

“Las armas son del Estado, son de la UNP. Tenemos la obligación, el deber, el derecho de hacer control de las armas, saber dónde están, quién las tiene y hacer revista”, señaló.

“No se le va a quitar a nadie las armas y menos a los desmovilizados de las Farc”, enfatizó González Mongui tras afirmar que ese tipo de controles son rutinarios.

En todo caso, al término de la investigación, si se llega a establecer que definitivamente las armas no aparecieron, los responsables de las mismas podrían tener consecuencias disciplinarias y hasta penales.

Sobre la polémica también se pronunció Carlos Antonio Lozada, integrante del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común: “Ya traíamos casi un año de que habían suspendido el armamento de apoyo. Nos parece una medida que no consulta la realidad que vivimos nosotros en temas de seguridad. Una cosa es estar aquí en Bogotá y otra cosa es tener que salir a los territorios, donde se encuentran los ETCR y también en el marco de la campaña electoral. Nos parece que es indolente este gobierno, que ve que empeoran cada día las condiciones de seguridad”.

Y añadió: “Disminuir en esas condiciones las garantías de seguridad, ese armamento de apoyo, pues no hace más que demostrar la falta de voluntad política del Gobierno de otorgar las verdaderas garantías”.

Precisamente frente al tema de la campaña, el director de la UNP señaló que ayer se estaban evaluando nuevos esquemas de seguridad para garantizar la tranquilidad de integrantes del partido Farc que se encuentran haciendo campaña con miras a las elecciones regionales del mes de octubre.

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