Vacíos en programa de Petro para vías podrían terminar en millonario detrimento

Uno de los proyectos insignias del gobierno del presidente Gustavo Petro enfocado a comunidades étnicas, indígenas y campesinas del país, está en riesgo de sufrir afectaciones que podrían generar un millonario detrimento patrimonial, según una carta de la Procuraduría conocida por EL TIEMPO.

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Se trata del programa Caminos Comunitarios de la ‘Paz Total’, en el cual se pretenden invertir —en los cuatro años de la era Petro— 8 billones de pesos para mejorar, rehabilitar y hacerles mantenimiento a 33.102 kilómetros de vías rurales, a través de Juntas de Acción Comunal (JAC) y asociaciones étnicas e indígenas.

Sin embargo, para el ente de control hay preocupaciones en su planeación, ya que a pesar de que han instalado mesas de trabajo entre autoridades, y se han enviado oficios al Invías indicando observaciones, esta entidad no las ha cumplido, lo que pone en juego una importante suma del erario.

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Dicha falta de atención llevó a la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión 1, dirigida por Gabriel del Toro, a enviarle una carta al director del Invías, Juan Alfonso Latorre. En 19 páginas, el órgano de control, además de lanzar un fuerte mensaje aclarando los anteriores llamados a actuar, emite una serie de observaciones recalcando la necesidad de ponerle atención al programa para no incurrir en “un detrimento patrimonial al no tener una planeación sólida y un seguimiento adecuado a la ejecución que garantice el desarrollo de las obras”.

Los cuestionamientos, hechos de manera preventiva, van dirigidos tanto al plan general como al proyecto piloto, estrenado en Huila. Uno de los reparos que más genera incertidumbre para Del Toro es la falta de experiencia e idoneidad de los organismos comunitarios escogidos de manera directa para ejecutar el programa, los cuales manejarán cerca de 600.000 millones de pesos anualmente.

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Así mismo, otro vacío que advierten es que no están claros los lineamientos técnicos a usar con quienes se ganen este programa en su región, algo que terminaría en una vulneración a los principios de planeación y selección objetiva.

Una muestra de la falta de coordinación que, según argumenta la Procuraduría, se da precisamente en aspectos técnicos y de priorización en regiones. Resulta que el pasado 9 de marzo el Invías publicó en su sitio web que bajo los lineamientos del Gobierno, sus funcionarios trabajaron en un plan de acción técnico y estructural. No obstante, para la Procuraduría si bien hubo mejoras en los últimos días, las inconsistencias jurídicas permanecen en cuanto a contratación y asignación presupuestal. Por eso enviaron la carta a Juan Alfonso Latorre 21 días después: el 30 de marzo.

La idea de Petro con Caminos Comunitarios de la ‘Paz Total’ está anclada a su estrategia de economía popular y tiene como principales actores a las JAC, con las que se podrán suscribir convenios hasta por 100 millones de pesos —cada uno— para que sean sus integrantes los que participen activamente en la ejecución, la vigilancia y la calidad de obras viales, para que así el 33 por ciento de la malla vial del país quede en buen estado.

Para esto había una serie de requisitos que fueron anunciados en una convocatoria que cerró el pasado 5 de abril, y que tuvo como antecedente el plan piloto que se inauguró con la presencia del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en el corredor Palermo-San Luis, Huila, donde se están interviniendo 36 kilómetros con 10 convenios, por un valor de 10.000 millones de pesos.

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A partir del piloto, la idea era recoger observaciones para tenerlas en cuenta en otros departamentos, pero para el órgano de control, en el Secop II -donde se registra la contratación del Estado- a la fecha no hay reportes de la supervisión de un convenio que permita saber su estado.

En ese sentido, lanzó un duro cuestionamiento porque se pretende desarrollar el programa “a partir de un convenio que aún se encuentra en etapa de ejecución y no se tienen los resultados del impacto y desempeño”.

De hecho, la Procuraduría analizó cuatro convenios del piloto —por 1.364 millones de pesos— y halló que todos fueron prorrogados hasta el 31 de mayo sin conocerse —dice la carta— una justificación de peso.

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Así mismo, detalló que el Invías planea girar a cada Junta el 100 por ciento del valor del convenio de manera anticipada, solo cumpliendo los requisitos de ejecución y perfeccionamiento, “lo que puede generar riesgos en su disposición, control y seguimiento en su uso y destinación”, dice la misiva.

Para conocer la postura del Invías, EL TIEMPO se comunicó con la entidad y esta anunció que aún no termina el plazo para responderle a la Procuraduría, y que en ello trabajan desde su equipo técnico.

CARLOS LÓPEZ

Redacción Justicia

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