El reclamo por justicia de dos madres que denuncian el abuso sexual de sus hijos

En marzo pasado fue capturado en Yopal Jhon Heiler Álvarez Becerra, un abogado que es reconocido en Casanare y Boyacá, señalado de abusar sexualmente en más de una ocasión de su sobrino menor de edad, y de incurrir en otro tipo de actos sexuales en su contra.

Fue imputado por la Fiscalía General de la Nación, por cargos que no aceptó ya que el procesado insiste en que es inocente, y fue enviado a la cárcel preventivamente mientras avanza el proceso en su contra. Ya fue llamado a juicio y el próximo 29 de septiembre está programada una audiencia preparatoria.

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No obstante, lo que en el papel parece un avance para esclarecer lo sucedido, para la familia aún no es un camino suficiente para lograr justicia.

En contra de Álvarez hay otra denuncia que presentó su exesposa, antes incluso que la denuncia que llevó a la detención del abogado. Esa denuncia también se da por el presunto abuso sexual del hijo de ambos, un niño de siete años, también con circunstancias de uso de cámaras y de pornografía, entre otros.

En este caso, el proceso investigativo no ha avanzado por dificultades en la toma de los testimonios, por posibles fallas de la Fiscalía General y la falta de una defensa sólida que les permita a las dos madres ‘pelear’ por el esclarecimiento de lo sucedido en condiciones de igualdad.

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Así se lo expresaron ellas no solo a EL TIEMPO, sino a la justicia, pues pidieron formalmente que los procesos salgan de Yopal y sean trasladados a otra ciudad, argumentando, entre otros, que el abogado Álvarez ejerce como litigante en Casanare y Boyacá, que fue funcionario de la Rama Judicial y que, en palabras sencillas, todos se conocen con todos, lo que hace difícil, en su criterio, “preservar la imparcialidad”.

Esta historia remite al primer trimestre de 2022, cuando se identificaron los primeros signos de que los menores podrían ser víctimas de violencia sexual y se radicaron las respectivas denuncias que quedaron en manos de la Fiscalía 18 de la Unidad Seccional Caivas en Yopal, advirtiendo de los vejámenes de los cuales habrían sido sometidos tanto el sobrino como el hijo del procesado.

Según las denuncias, Jhon Heiler Álvarez Becerra no solo habría violentado a los menores, sino que les habría puesto material pornográfico homosexual, forzándolos a replicarlo, y les habría pedido a los menores videos con connotación sexual. La madre de uno de los menores le dijo a EL TIEMPO que estos, además, indicaron que eran llevados a una casa, que eran grabados y que al parecer habría más personas involucradas en estas agresiones.

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En escrito enviado al Director Seccional de Fiscalías Anderson Pinilla Sandoval, la madre del niño menor, exesposa de Álvarez, denunció que el despacho que tiene este caso no ha sido diligente para lograr tomar su testimonio, ya que siempre se han usado cámaras de video para hacerlo, a pesar de la prevención que el menor demuestra ante estas, y que no se promovió de su parte el uso de la cámara de Gesell, que es un espacio acondicionado para las entrevistas de menores de edad que serían víctimas de delitos en contra de su integridad sexual, sino que fue sugerido por ella.

“Luego de casi seis meses, en enero de 2023, citan a mi hijo a entrevista en la cámara de Gesell. Cuando llegamos a la entrevista y, antes de iniciar, el niño manifestó a las investigadoras voluntad de dar la declaración. Sin embargo, cuando fue a iniciar la entrevista dentro de la cámara de Gesell, la entrevistadora ingresa un trípode y lo instala en frente de mi hijo y le dice que va a grabar la entrevista, frente a lo cual él se pone muy nervioso (....) y no quiso hablar", narró la mujer.

"Le pregunté a la investigadora por qué motivo colocaban esa cámara así, si se suponía que esperamos todo ese tiempo para la cámara de Gesell para que el niño no viera la cámara y no se asustara, frente a lo cual la investigadora dijo que no había presupuesto y que las cámaras no servían”, indicó.

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El documento pidiendo el cambio de radicación del proceso a otra ciudad, asegura igualmente que la investigadora respondió que tenían casos que llevaban quietos más de nueve años por esta misma razón.

“Siento, como madre y usuaria del servicio de justicia, que la Fiscalía Seccional de Casanare no se ha esmerado como corresponde para poner los medios necesarios para poder recaudar en forma completa y extensa el testimonio de mi hijo y no le han dado el tratamiento que debería recibir un niño que ha sufrido un trauma de esta magnitud al haber sido abusado por su mismo padre y sometido a ser abusado por más personas”, indicó.

Por su carácter, EL TIEMPO se abstiene de publicar detalles pormenorizados de lo que hasta el momento se ha podido establecer respecto de estos dos procesos. No obstante, las madres buscan que sus reclamos sean tenidos en cuenta y exigen la protección de sus hijos, aún más si se tiene en cuenta que el niño mayor ha intentado agredirse en múltiples oportunidades y que el abuso se habría dado desde que era más pequeño.

La madre de ese joven le contó a este diario que Álvarez amenazó a su hijo a la salida de clases de taekwondo, a fin de lograr que pararan en sus denuncias. “Que si no hacía caso lo iba a mandar a recoger con un señor de un carro y pues el niño se asustó mucho y eso se lo manifestó a la psicóloga. Fue ahí donde como que empezaron a darle como más prioridad al asunto”, relató. Incluso, indica las madres que los dos menores habrían protegido a otro menor de tres años, para evitar que también fuera agredido sexualmente.

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“En mi humilde conocimiento, me atrevo a considerar que la Fiscalía General de la Nación puede hacer mucho más en este caso, profundizando en la investigación con los medios idóneos que tiene a su alcance y, en lugar de anunciar la impunidad, pueda hacer justicia, que es únicamente lo que pido”, señala el escrito.

Además, desde octubre del año pasado, le enviaron una petición al Procurador Regional de Instrucción del Casanare, Gustavo Alfredo Gómez Guerra, para que intervengan en el proceso de manera inmediata y haga una vigilancia especial de ambos procesos.

“Temo por mi seguridad y la de mis hijos, la de mi sobrino y su madre, ya que estas circunstancias amenazan la integridad personal de nosotros los intervinientes, y con la gravísima exposición que en nuestro medio y rutinas tenemos en Casanare, por la confrontación que, desde mi dolor de madre me corresponde hacer para que se judicialice a las personas que mi hijo me señaló fueron sus agresores”, agrega el pedido.

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Ahora, aunque un proceso ya va en juicio y en el otro no se ha anunciado si se realizará o no imputación de cargos, las madres de los dos menores insisten en que Álvarez tendría influencia y vínculos en el medio judicial local en Yopal e, incluso, detallan que han tenido que acudir a peritazgos particulares, en su afán de avanzar en el esclarecimiento del proceso, en el que el niño menor, por ejemplo, habría reconocido los abusos de parte de su propio padre.

La Fiscalía cuenta con una tablet con videos con contenido sexual, entre otros elementos probatorios. Álvarez está detenido. En su trayectoria laboral aparece que en 2008 hizo su práctica en la Rama Judicial, que pasó a ser oficial mayor, sustanciador y secretario de un despacho judicial, para luego litigar y entre 2013 y 2019 fue inspector del Ministerio de Trabajo. Luego, aparece como contratista de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.

Una petición, elaborada por la mamá del adolescente, ya fue negada el pasado 8 de agosto por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal, al indicar que esta “no satisface las exigencias” que se requieren para mover el caso de una ciudad. “En consecuencia, frente a un pedimento como el elevado, al que no se anexa un solo elemento cognoscitivo que aterrice en el caso concreto las situaciones señaladas como vulneradoras de derechos y garantías, este estrado judicial rechazara de plano la solicitud”, dice la respuesta del juez.

Y la otra, presentada por la mamá del niño de siete años, no ha tenido respuesta aún de la Fiscalía General. Apenas el lunes, se le informó a la mujer que la petición la resolverá directamente el Grupo de Trabajo Asignaciones Especiales del despacho del Fiscal General de la Nación.

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EL TIEMPO elevó una petición a la Fiscalía para conocer los avances de este caso y para obtener respuesta sobre las irregularidades que se denuncian respecto a la práctica de los testimonios y por la cámara de Gesell en Yopal, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

En Yopal, según reportes de Medicina Legal, entre enero y julio de este año, se han presentado 297 casos de presunto delito sexual que involucran a 252 mujeres y 45 hombres. En total, en todo el país se han registrado hasta el momento 13.271 reportes que incluyen a 12.059 mujeres y 1.662 hombres.

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De los hombres, 221 presuntas víctimas tienen entre 0 y 4 años; 527, entre 5 y 9 años; 514, entre 10 y 14 años; y 180, entre 15 y 17 años.

El reporte preliminar de este año indica que en 5.921 casos los agresores son familiares (especialmente padrastros, seguido de padres, tíos, abuelos y otros familiares); en 2.832, son conocidos; y en 1.029 casos, el presunto agresor es un amigo, entre otros.

ALEJANDRA BONILLA MORA

@AlejaBonilla