Los retos del cese bilateral de fuego con el Eln, disidencias y 'Gaitanistas' ​

En tiempo récord, en menos de 5 meses, el gobierno del presidente Gustavo Petro logró acordar con varios de los grupos armados ilegales con mayor responsabilidad en la violencia en el país un cese bilateral de fuegos que, en principio, empezó a regir este 1 de enero y durará hasta el 30 de junio. 

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Minutos antes del fin de año, a través de su cuenta de Twitter, el Presidente sorprendió con un anuncio que a varios de sus antecesores, en otras negociaciones de paz, les costó años consolidar: "Hemos acordado un cese bilateral con el Eln, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones".

En principio, el anuncio de que existe el compromiso de varios de los principales generadores de violencia de detener su aparato armado es una buena noticia, especialmente para los pobladores de regiones como Arauca, Norte de Santander, Caquetá, Putumayo, Chocó, Cauca y el nordeste antioqueño. Esas son las zonas donde mayor influencia tienen esos grupos armados y, por ende, donde hay más delitos y más ataques contra la población civil.

Pero la implementación de ese cese de fuegos, la verificación del mismo y la obligación que tiene el Estado de garantizar que no va a quedar amarrado para proteger a los civiles y seguir atacando el narcotráfico son temas de fondo sobre los que aún el Gobierno no da mayores pistas. 

De hecho, hace apenas dos semanas el jefe de los negociadores con el Eln, Otty Patiño, advertía en entrevista con EL TIEMPO las dificultades que tendría la verificación.

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Esto fue lo que respondió cuando se le preguntó por un cese de fuegos con el Eln: "No nos hemos querido meter en el tema del cese del fuego porque, así sea bilateral o unilateral, tiene que ser verificable. En una guerra irregular, y en medio de este mar de violencia que vive Colombia, donde hay múltiples actores, hacer una verificación de un cese del fuego es muy difícil". 

En su trino de la noche del 31 de diciembre, Petro anunció que habrá un "mecanismo de verificación nacional e internacional". Mientras el Gobierno le revela al país los términos puntuales de este paso clave en la 'paz total', quedan en todo caso sobre la mesa varios retos para evitar que, como ha ocurrido en el pasado, la legítima intención de paz de los colombianos termine en fracaso. 

La negociación e implementación de un mecanismo de verificación operativo y con credibilidad es uno de los pasos más importantes en la construcción de paz. Hasta ahora, que se conozca y según las declaraciones de Otty Patiño, poco se había avanzado en ese sentido. 

En este tema no hay lugar a interpretaciones y cualquier imprevisión o zona gris es un riesgo de fracaso para cualquier proceso. ¿Quién hará el papel de verificación? ¿Cuáles son las conductas cometidas por los grupos armados y las acciones del Estado que no se podrán realizar a partir de hoy? ¿En qué zonas opera cada grupo, en cuáles están todos los del cese bilateral y en cuáles hay además otros actores ilegales? ¿Habrá zonas de ubicación para los de cada grupo? ¿Cómo se dirimirán las disputas cuando una parte señale a la otra de violar la tregua? 

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Y además: ¿podría el Eln o el clan del Golfo (que para efectos de una negociación prefiere, y lo logró, ser llamado 'Autodefensas Gaitanistas', con lo que pretende venderse como un grupo político y no solo como una banda del narcotráfico) atacar a otro de los grupos  comprometidos en el cese bilateral, toda vez que esta figura implica un compromiso con el Gobierno pero no frente a los otros competidores por las rentas ilegales en sus zonas? 

Son todas preguntas de fondo. Y el Gobierno tiene además el reto de lograr que los verificadores sean plenamente creíbles ante los colombianos y ante la comunidad internacional. En ese orden de ideas, la presencia de Naciones Unidas en ese mecanismo será clave, así como la de delegados de varios de los gobiernos que han venido apoyando la paz de Colombia. Pero no de todos: ¿sería creíble, por ejemplo, un mecanismo de verificación en el que el gobierno de Nicolás Maduro, que en todos estos años acogió en su territorio al Eln y las disidencias, tuviera un cupo o papel protagónico? 

De la misma manera, es clave que los verificadores nacionales estén rodeados de las garantías, especialmente de seguridad, para poder cumplir esa misión con toda la objetividad que se requiere.  

Otro reto clave para el gobierno del presidente Petro será garantizar que la suspensión de acciones ofensivas del Estado no implique un menoscabo de los derechos de la población civil que vive en las regiones donde hacen presencia los grupos que se han avenido al cese de fuegos.

En el pasado, pasos semejantes dados de buena fe por el Estado terminaron en una virtual desprotección para los civiles, como ocurrió en los municipios de la zona de distensión durante la negociación con las Farc emprendida por el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002). 

Evitar que el cese bilateral que amarra a las Fuerzas Armadas para perseguir a los del Eln, las disidencias y los 'gaitanistas'  deje expósita a la población debe ser por eso una prioridad para el presidente Petro y su equipo de paz. 

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Y otro tema fundamental en este capítulo tiene que ver con el narcotráfico: ¿la suspensión de acciones implica que esos grupos, que están realmente en la guerra por el control de las rentas del negocio de producción y exportación de cocaína, se van a apartar de esa actividad? ¿Cómo se va a verificar esto? Y el cese bilateral terminaría obligando al Estado a dejar de perseguir los negocios ilegales de estas agrupaciones? 

En el pasado --desde las negociaciones emprendidas por el gobierno de Belisario Betancur en 1983, pasando por las de Tlaxcala y Caracas en el gobierno Gaviria, hasta las del Caguán-- las treguas y ceses bilaterales fueron usados por los grupos ilegales para fortalecerse y seguir en sus negocios de coca. Son lecciones que el país ha aprendido con sangre y que seguramente el gobierno Petro debe haber considerado para dar el nuevo paso en su política de paz total. 

Si, como espera el país, el cese bilateral con Eln, disidencias de Farc y bandas surgidas de la negociación de paz con los 'paras' funciona y lleva a un acuerdo definitivo, hay una duda que se plantea desde ya: ¿metió el Gobierno en el mismo costal a todas esas organizaciones, y por lo tanto está dispuesto a darles el mismo tratamiento?

No es un asunto menor. El Eln ya ha planteado su incomodidad por ser equiparado con esos otros actores de la violencia, si bien lo cierto es que tanto sus métodos y su financiación son los mismos: hoy, todos atacan indiscriminadamente a la población civil y compiten por el control de sembrados de coca, laboratorios y rutas del narco, además de la minería ilegal. 

Ya es un hecho que el Eln tendría un tratamiento político similar al que recibieron las Farc en la negociación con el gobierno Santos. Las señales que envía el trino del Presidente sugieren que algo similar pasará con las disidencias de alias Iván Márquez y de 'Iván Mosdisco', que traicionaron el proceso de paz y volvieron a la guerra y al narcotráfico, y con el clan del Golfo y un grupo surgido de la antigua banda de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

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El clan del Golfo, como las disidencias de 'Márquez' y 'Mordisco' (quien sucedió a Gentil Duarte, asesinado en Venezuela) , le hizo conejo a la negociación que permitió la desmovilización de unos 32 mil paramilitares en el primer gobierno de Álvaro Uribe. Y en el grupo de la Sierra Nevada hay varios ex 'paras' que recibieron beneficios en esa negociación. 

Por eso, el gobierno Petro tendrá que aclarar en los próximos días si tanto disidencias como bandas de ex 'paras' que ya le han jugado sucio a la paz van a tener tratamiento político y si, eventualmente, podrían aspirar a no pagar cárcel por sus delitos e incluso a tener representantes en el Congreso y en la arena proselitista. 

Es un camino que se cerró en las anteriores negociaciones,  también clausurado por sentencias de las cortes Suprema y Constitucional, y que se convertirá en una 'papa caliente' para la istración de la 'paz total'. 

REDACCIÓN ELTIEMPO.COM