Artefactos explosivos dejan cinco víctimas cada dos días

El caso de Manuel Alirio Cáceres, un campesino que el 30 de marzo pisó una mina que estaba a pocos metros de una escuela en Mochadó, corregimiento de Bajo Baudó, Chocó, es uno de los últimos registros de un crimen que persiste en Colombia: la instalación de artefactos explosivos en el marco del conflicto armado.

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Un crimen que tiene encendidas las alertas pues el lunes, en el Día Internacional de Sensibilización contra las Minas Antipersonal, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) reveló que en el primer trimestre de este año registraron 218 víctimas de artefactos explosivos, minas antipersonal, artefactos explosivos de detonación controlada y artefactos explosivos lanzados.

Esto quiere decir que, a la semana, hubo un promedio de 18 víctimas, y que cada dos días se sumaban cinco nuevas víctimas. Del total de afectados, 9 perdieron la vida.

La cifra no solo preocupa por la magnitud, sino porque en 2021 el CICR registró 157 eventos en el primer trimestre, lo que quiere decir que para este año hay un aumento del 38,8 por ciento en las víctimas.

Según el comité, en total hubo 44 víctimas de minas antipersonal y 174 por artefactos explosivos de detonación controlada -que se activan con temporizador o control remoto- y artefactos explosivos lanzados. Además, 150 de las víctimas fueron civiles, entre ellos 31 menores de edad; 63 fueron integrantes de la Fuerza Pública y cinco fueron integrantes de grupos armados ilegales.

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“El año pasado registramos el número más alto de víctimas de artefactos de los últimos cinco años. Nos preocupa que si esta tendencia continúa, en 2022 las consecuencias humanitarias podrían ser más graves”, explicó Ana María Hernández, coordinadora de la Unidad de Contaminación por Armas del CICR en Colombia.

En los registros de este año, los hechos con explosivos ocurrieron en Antioquia (19 víctimas), Arauca (36), Bolívar (1), Caquetá (5), Cauca (63), Cesar (22), Chocó (14), Córdoba (9), Guaviare (2), Huila (1), Meta (7), Nariño (4), Norte de Santander (12), Santander (8) y Valle del Cauca (15).

“Las víctimas directas evidencian el profundo sufrimiento que provoca el fenómeno, pero no es el único indicador de la afectación, existen otras consecuencias como el desplazamiento, el confinamiento, el miedo y la zozobra que aunque son menos visibles, afectan por completo la cotidianidad, salud mental y desarrollo de las comunidades", concluyó Hernández.

El CICR no es el único preocupado. José William Gómez, líder de la Asociación de Sobrevivientes de Accidentes por Minas Antipersonal y Municiones sin Explotar en el Cauca, expuso que tienen temor.

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“Como víctima, me preocupa mucho que esté aumentando otra vez la cantidad de personas afectadas. Cuando uno pisa una mina su vida personal, laboral y social se derrumba, quedamos propensos a que la sociedad nos golpee de lado y lado, y cada vez es más difícil hacer reclamaciones ante el Gobierno. En varias regiones la situación está muy complicada, porque los grupos armados están volviendo a recuperar territorios y a instalar minas, y los que más están resultando afectados son personas civiles y jóvenes”, comentó.

Aunque el Gobierno recalca que cualquier cifra es grave, el alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, explicó que la medición oficial difiere de la del CICR porque el Gobierno mide minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (Muse), mientras que el CICR incorpora otras situaciones que ocurren en el marco del conflicto.

“Cualquier cifra superior a cero es lamentable. Las cifras del Gobierno no coinciden porque en el conteo de Cruz Roja hay otros explosivos que desde el punto de vista técnico no son minas antipersonal”, dijo, y añadió que hay registro de 31 víctimas de MAP o Muse entre enero y marzo de este año, 26 civiles –al menos seis de ellos menores de edad– y cinco integrantes de la Fuerza Pública.

Y, según el registro del programa de desminado Descontamina Colombia, a cargo de la Oficina del Alto Comisionado, en ese mismo periodo del 2021 hubo 42 víctimas, lo cual mostraría una disminución.

Según las cifras de Descontamina Colombia, el 60 por ciento de las 12.177 víctimas registradas entre 2006 y 2022 eran parte de la Fuerza Pública, pero la tendencia en lo corrido de 2022 es la contraria, pues el 83 por ciento de las víctimas han sido civiles.

Entre las causas que podrían estar detrás de que se sigan usando estos artefactos, Camilo González Posso, director de Indepaz, indicó que han registrado un aumento en las conflictividades que se ha visto reflejado en hechos como “un aumento en el desplazamiento forzado importante, sobre todo en Chocó, Nariño, Putumayo, Arauca, Norte de Santander, y un aumento en masacres y asesinatos de líderes sociales”.

Frente a quiénes son los que están usando minas, el comisionado de Paz fue enfático: “Podemos asegurar que el Eln persiste en la instalación, las disidencias persisten, el ‘clan del Golfo’ está dedicado a ello en el suroccidente del país, en Norte de Santander y en Chocó”.

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Sobre qué se está haciendo ante la problemática, el comisionado destacó que continúan las labores de desminado (ver nota anexa) y que, a la fecha, se han declarado 871 municipios como libres de sospecha de minas y en 107 municipios hay intervención con operaciones de desminado humanitario en el momento.

“La puerta de entrada para el desarrollo rural es declarar cuanto antes a Colombia libre de sospecha de minas, tenemos que trabajar en seguir fortaleciendo la acción integral”, indicó Restrepo.

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Por su parte, el director de Indepaz resaltó la necesidad de replantear la estrategia de seguridad en los territorios y de tener “medidas preventivas y mayor presencia estatal, no solo militar y policial”.

Entre tanto, sigue corriendo el plazo para cumplir el compromiso internacional de tener un país libre de sospecha de minas. El plazo inicial era 2011, el Gobierno pidió una ampliación hasta 2021, pero en esa fecha tampoco se cumplió, por lo que ahora corre una nueva prórroga hasta 2025 y, aseguró el comisionado de Paz, se está trabajando en cumplirla.

Vistahermosa, Meta, con 370 víctimas; Tumaco, Nariño, con 355; Tame, Arauca, con 348; Tarazá, Antioquia, con 271; y San Vicente del Caguán, Caquetá, con 264, son los cinco municipios colombianos con mayor número de personas afectadas por minas antipersonales y munición sin explotar desde 1990 hasta la actualidad.

Estas cinco poblaciones hacen parte de las 245 del país que aún tienen artefactos explosivos en su territorio, lo que significa que el 78 por ciento de municipios colombianos (871) está libre de sospecha de minas antipersonal. Durante el gobierno de Iván Duque se han liberado 186 municipios mediante desminado humanitario, y 15 por cualificación de información, e históricamente se han desarrollado más de 31.000 actividades de prevención, con 656.543 beneficiarios.

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Aunque el país ha venido avanzando en eliminar la amenaza de minas del territorio, esta tarea debía ser finalizada en 2011, pero como no se logró, el plazo se extendió hasta 2021, y el año pasado se pidió un tiempo extra, hasta 2025.

EL TIEMPO consultó con el comisionado Juan Camilo Restrepo si esta vez sí se logrará cumplir esa meta. “Colombia hoy es un referente en la acción integral contra las minas. Solo el gobierno en lo que lleva va a superar la barrera de 200 municipios declarados libres de sospecha en este periodo, y en total ya se superaron 871 declarados libres de sospecha. Tenemos que trabajar en seguir fortaleciendo la acción integral y rechazar que los grupos nos sigan instalando minas. Seguimos en el plazo de 2025 para que todo el país esté declarado libre de sospecha de minas, y hoy Colombia tiene la presidencia de la Convención de Ottawa – sobre la prohibición de minas antipersonales–”, afirmó.

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