Qué responde el Gobierno al informe de ONU que alertó de violencia policial

Voces de apoyo y crítica recibió un informe presentado este miércoles por la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el paro nacional que comenzó en el país el 28 de abril de este año y en el que, según el organismo internacional, existen “motivos razonables” para afirmar que en al menos 28 de las 63 muertes denunciadas hasta el 31 de julio, los responsables habrían sido agentes de la Policía Nacional.

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La gravedad de los hechos de violencia policial documentados por la ONU fue tal que la llevó a recomendar “reformar de manera urgente la gestión de las protestas para evitar más pérdidas de vidas y personas heridas”.

Aunque el informe generó controversia entre las autoridades nacionales y la ONU, al final de la tarde el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que “recibe con el mayor sentido de responsabilidad el documento”.

“En atención a lo planteado, el Gobierno Nacional reitera su respaldo al derecho a la reunión pacífica y condena de manera vehemente cualquier violación de derechos humanos que se haya presentado en casos individuales. Duelen cada una de estas víctimas y sus familias merecen justicia y reparación”, señaló la Cancillería.

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El documento, titulado ‘Lecciones aprendidas para el ejercicio de la manifestación pacífica en Colombia’, fue resultado de 623 entrevistas con víctimas y testigos, el análisis de 83 videos, incluyendo grabaciones con teléfonos móviles, de las protestas e incidentes y 878 reuniones de la ONU con funcionarios del Gobierno y del Estado, con organizaciones de la sociedad civil y con manifestantes.

El informe documenta varias instancias de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de policía, especialmente del Esmad para dispersar protestas pacíficas y bloqueos. Asimismo, reporta sobre individuos armados que atacaron y dispararon contra manifestantes, sin que las fuerzas de seguridad intervinieran, por lo que recalcó que “el uso de armas de fuego para dispersar de forma indiscriminada una protesta siempre es ilegal”.

También se critica el uso de armas menos letales por parte de la Policía, en violación de estándares internacionales; se reporta la verificación de 16 de los 60 casos de violencia sexual presuntamente cometidos por la policía; y se expresa la preocupación por la criminalización y estigmatización de los manifestantes.

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Aunque la ONU reiteró su rechazo enfático a los hechos de vandalismo y daños por parte de algunos manifestantes, concluyó que la mayoría de las protestas fueron pacíficas.

En la mañana de este miércoles, apenas se conoció el informe, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, aseguró que “la Policía no ha masacrado a nadie”, y afirmó que las cifras presentadas por la ONU no concuerdan las que tiene la institución.

“Es la Fiscalía, a partir de la experticia y el esclarecimiento, la que tiene que identificar quién es el responsable de esas muertes”, dijo Vargas.

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, también reaccionó sobre el informe y dijo que el Gobierno del presidente Iván Duque tiene “cero tolerancia con la violencia” y llamó a mirar los diferentes factores que ponen en riesgo la vida en el país.

Entre las recomendaciones de la ONU resalta la de desarrollar “un amplio debate nacional sobre la reforma de la policía, incluyendo la posibilidad de transferir la policía del Ministerio de Defensa a una autoridad civil”.

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Al respecto, la Cancillería informó que hace más de un año empezó el proceso de transformación de la Policía, que tiene como base la innovación, la transparencia y el respeto por los derechos humanos.

Tras la publicación del informe, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, habló con EL TIEMPO sobre la posición de la institución.

Nosotros mantenemos o permanente con Naciones Unidas y cada vez que lo han requerido, les hemos enviado toda la información sobre las actuaciones de la Policía. Colombia tiene una Constitución, unas leyes y unas entidades encargadas de realizar las investigaciones penales y disciplinarias, y son precisamente ellas, la Fiscalía y la Procuraduría, las encargadas de depurar responsabilidades y determinar quiénes cometieron delitos y en qué contexto. Como hemos dicho reiteradamente, cuando eso se compruebe, seremos los primeros en exigir la máxima sanción, pero dentro del debido proceso.

La Policía Nacional no masacra a nadie. Desde la Policía Nacional no se ha dado ninguna instrucción para cometer actos contrarios a la ley.

Por el contrario, desde la Dirección General son constantes las órdenes sobre el respeto a los derechos humanos y el uso adecuado de la fuerza. Este año han sido asesinados 62 policías en actos del servicio y hemos tenido 2.800 heridos, de los cuales 1.758 son por los hechos ocurridos desde el 28 de abril. Los policías estamos dispuestos a dar la vida por los colombianos.

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Por instrucciones del Presidente y por iniciativa de esta Dirección, la Policía comenzó hace un año un proceso de transformación integral e irreversible que ha contado con la participación de organismos internacionales, ONG, universidades, expertos, personal retirado de la Policía y ciudadanos. El Congreso acaba de aprobar el estatuto disciplinario y el de carrera. Trabajamos sobres ejes como el fortalecimiento para la protección de los derechos humanos, la eficiencia en el servicio, la participación ciudadana y la profesionalización y el bienestar de los policías.