La histórica pelea entre el pueblo indígena U’wa y el Estado colombiano que está a punto de resolverse en la Corte IDH

Entre los 1.323 procesos que se tramitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los que el Estado colombiano actúa en calidad de demandado, hay uno que está en la etapa final, la sentencia, y que de fallarse a favor del reclamante, marcaría un precedente en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos étnicos en el país.

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Desde el año 1997 llegó a los despachos de la CIDH una demanda del pueblo indígena U’wa, con la que hacía responsable a la nación de la vulneración a sus derechos territoriales por el desarrollo de proyectos extractivos, en cabeza de Ecopetrol, y turísticos, bajo el liderazgo de Parques Naturales, sin su consentimiento; los cuales habrían desencadenado despojo de tierras, contaminación de los ríos y pérdida de la biodiversidad, afectando su relación ancestral con la naturaleza.

Este es el primer caso en el que la Corte IDH evaluará la incumbencia del país en las presuntas violaciones sistemáticas a la autodeterminación territorial de un colectivo étnico.

Por su parte, la defensa del Estado colombiano, en la audiencia pública adelantada en abril de 2023, argumentaba que la actividad extractiva no es incompatible con los derechos humanos, especialmente los de las comunidades indígenas, si estos son desarrollados de tal manera en la que se les incluya. De igual forma, enfatizó en que no es responsabilidad del país si ellas deciden no participar en las consultas previas y que este mecanismo tampoco tiene poder de veto sobre las iniciativas a realizar.

“Cuando los estados tienen el deber de hacer todo lo humanamente posible para diseñar y poner a disposición esquemas de participación apropiados para el ámbito de los proyectos de naturaleza económica, dicho deber tiene como límite el acaecimiento voluntario de sus destinatarios”, dijo uno de los peritos consultados.

La Nación U’wa, ubicada entre los departamentos de Arauca, Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá, ha enfrentado por más de 25 años una lucha jurídica con el Estado, que llevó a instancias internacionales después de “acudir a todas las autoridades nacionales” y que sus peticiones “no fueran atendidas”.

Ellos piden soberanía total sobre su territorio, toda vez que su cosmogonía se basa en el equilibrio entre el hombre, el medio ambiente y el universo, y su identidad cultural se da a partir de su relación con “la madre tierra y el planeta azul”.

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Esta relación íntima con la tierra, que está siendo afectada por el desarrollo de proyectos económicos realizados sin su autorización, fue la razón por la que la Comisión Interamericana aceptó la demanda y la llevó a la Corte, a la que piden que se determine la culpabilidad del Estado colombiano.

“La Comisión consideró que el Estado colombiano no habría realizado una consulta previa, libre e informada, en los términos establecidos en los estándares interamericanos sobre la materia, al otorgar permisos, licencias y concesiones para la realización de proyectos petroleros, mineros y de infraestructura en tierras del Pueblo U´wa o en zonas aledañas (...) Así mismo, que estos habrían impedido a las presuntas víctimas tener un libre a sus tierras, afectando así sus tradiciones y supervivencia espiritual”, se lee en el documento del caso ante la Corte IDH.

Sumado a la explotación minera, los demandantes también alegan el uso de su territorio para fines turísticos, especialmente el área que comprende el Parque Nacional Natural Nevado del Cocuy, lo que ha producido choques culturales. “Para los U’wa este es un lugar sagrado que se debe respetar. Los impactos negativos del turismo han generado, entre otras afectaciones, la degradación ambiental de la zona”, por lo que piden ejercer su autonomía para garantizar su conservación.

Por esta razón, desde junio de este año el parque fue cerrado indefinidamente en una especie de huelga del pueblo U’wa para “proteger su territorio”. Sus líderes argumentaron incumplimientos por parte del Gobierno en el reconocimiento de sus tierras y en la entrega de ayudas económicas para “mejorar su calidad de vida”. De hecho, en el pliego de peticiones que le hicieron llegar a las autoridades nacionales, piden una inversión anual para el 2024 de $13 mil millones de pesos y para el 2025 de más de $20 mil. Así mismo, exigieron ser reconocidos como autoridad ambiental y que el presupuesto de las corporaciones autónomas regionales de su zona de influencia le sea desembolsado a la comunidad.

Otro de los vértices de la demanda ante la CIDH tiene que ver con los derechos políticos de los U’wa. Aseguran que su participación en las decisiones sobre su territorio fue ignorada y sus deseos e intereses no fueron considerados a la hora de aprobar los proyectos extractivos. Y, ante los recursos jurídicos presentados, denunciaron demoras excesivas en comparación con la rápida aprobación de las licencias mineras.

Así también lo reconoció la Comisión. “El Estado colombiano no habría brindado la seguridad jurídica necesaria para lograr una posesión pacífica y exclusivamente indígena de los territorios ancestrales. Igualmente, los hechos del caso se habrían producido en un contexto de violencia dentro del marco del conflicto armado interno colombiano, sin que el Estado hubiese proporcionado las condiciones necesarias para la efectiva protección de las presuntas víctimas”.

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Por estos motivos, en las exigencias a la nación pretenden que se establezca una delimitación y titulación integral del territorio, la anulación de los títulos y proyectos extractivos, así como la cancelación inmediata de todas las concesiones otorgadas en sus propiedades, el reconocimiento de su autonomía sobre el Parque Nacional Natural El Cocuy, un acto público de perdón y reconocimiento como guardianes de la madre tierra, y la incorporación de su historia en el sistema educativo nacional.

“Un fallo favorable podría sentar un precedente jurídico crucial no solo para la Nación U'wa, sino también para otros pueblos indígenas en América Latina. Fortalecería la jurisprudencia sobre el derecho a la consulta previa, la autodeterminación y la protección de los territorios ancestrales. También podría obligar al Estado colombiano a replantear sus políticas de desarrollo y respeto hacia los derechos territoriales y culturales de las comunidades indígenas”, comentó la defensa del demandante.

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SARA VALENTINA QUEVEDO DELGADO

Redacción Justicia