Las alertas por la seguridad y el rol de los defensores de derechos de las personas en contextos de movilidad humana forzada

En el marco de la conmemoración del 40 aniversario de la Declaración de Cartagena, la capital de Bolívar fue el centro de los diálogos regionales ‘Derecho a defender los derechos humanos en América Latina y el Caribe’, un gran conversatorio que reunió a personas defensoras de derechos humanos de la población migrante y refugiada de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

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Durante el evento, de la sociedad civil, agrupados en diversas organizaciones, así como representantes de entidades estatales de varios países, presentaron un diagnóstico de la situación de los nuevos liderazgos de quienes defienden los derechos humanos de la población desplazada, refugiada y migrante en el continente.

En varios de los debates, los líderes expusieron las barreras, retos y dificultades a los que se enfrentan en sus respectivos países al asumir este rol de defensores.

En uno de los es, la representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), Cristina Sousa, señaló que la crisis de desplazamiento forzado en América Latina y el Caribe afecta a más de 23 millones de personas, lo cual agudiza la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos.

Esto se suma a los miles de afectados que deja también la crisis climática en todo el continente. Según la funcionaria, "estamos en un momento en que se necesita una respuesta mucho más compleja y estructural frente a estos temas".

El , que también contó con la participación de Florencia Reggiardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); Maximiliano Duarte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), concluyó que son los propios migrantes o refugiados quienes enfrentan amenazas, estigmatización y falta de recursos en su labor de protección de las personas en movilidad humana.

Durante el evento, varios representantes de organizaciones expusieron las barreras que sus países imponen a la población migrante y refugiada, desde las políticas de deportación masiva hasta el cierre de fronteras en Chile, Perú y Panamá.

En diálogo con EL TIEMPO, el director de Codhes, Marco Romero, hizo un llamado a la solidaridad entre los pueblos de América Latina y abogó por “universalizar” el derecho a defender derechos y proteger a quienes defienden los derechos de las personas refugiadas, migrantes y desplazadas. También resaltó la necesidad de fortalecer el trabajo en red con los defensores de la región. 

Romero destacó que, cada vez que un país traza o cierra una frontera, o coloca trabas, las personas en movilidad recurren a situaciones que ponen en riesgo sus vidas. “Hay una narrativa equivocada de que las migraciones regulares, las que se hacen con tarjeta de crédito y en avión, son las únicas que se deben reconocer. Eso es muy grave”.

Para el director, este tipo de limitaciones obliga a muchas personas, especialmente mujeres y niños, a realizar “recorridos dramáticos” que implican enfrentarse a un segundo conjunto de violaciones de derechos humanos.

“Estas personas suelen llegar a países donde no se reconocen plenamente sus derechos. Hay, por ejemplo, devoluciones en frontera, deportaciones y centros de detención de migrantes; todo ello desencadena situaciones que implican violaciones de derechos”, explicó Romero y añadió que los defensores de derechos de la población en movilidad humana, principalmente de carácter forzado, “se enfrentan a diario a un contexto adverso”.

“Muchos de ellos también son migrantes o refugiados, lo que agrava su situación y limita su capacidad para ayudar a quienes más lo necesitan. Además, su compromiso y esfuerzo se ven obstaculizados por la estigmatización, las amenazas y la falta de recursos, dificultando así una labor que en muchos casos es altruista y desinteresada”, afirmó Romero.

En el evento se habló de la necesidad de fortalecer el enfoque diferenciado de las organizaciones, pues este escenario ayudaría a reforzar los sistemas de asilo y refugio aplicados en cada país, donde se presentan de manera masiva violaciones de derechos humanos de estas poblaciones.

A pesar de los retos que enfrentan, cada organización, a través de sus representantes, compartió experiencias sobre cómo han superado algunas de esas barreras, estableciendo alianzas y trabajos articulados con diferentes organizaciones.

El rol del Estado y la responsabilidad de otros actores para disminuir las amenazas y barreras que enfrentan estas poblaciones fueron también temas clave del encuentro, sugiriendo que estos esfuerzos pueden actuar como "antídotos" contra la xenofobia.

Durante el evento, Codhes presentó un adelanto de una investigación sobre las amenazas a los nuevos liderazgos. En Colombia, por ejemplo, se ha determinado que la labor de los defensores de derechos de las personas en movilidad humana forzada “es fundamental” en la atención a las víctimas de desplazamientos y confinamientos forzados.

Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos de Codhes, entre el 1 de enero y el 31 de septiembre de 2024 se registraron 96 eventos de desplazamiento que afectaron al menos a 38,841 personas, y 75 casos de confinamiento que impactaron a más de 167,567 individuos.

En Venezuela, la investigación muestra que la salida masiva de personas ha llevado a líderes y defensores de derechos humanos a implementar diversas acciones para apoyar a quienes migran por rutas irregulares. Según la plataforma R4V, en junio de 2024 había 6,590,671 personas refugiadas y migrantes venezolanas en Latinoamérica y el Caribe. “Ante esta crisis, los defensores se unen para mitigar las violencias en las zonas fronterizas, donde son comunes vulneraciones como engaños, trata de personas y reclutamientos forzados”.

En Ecuador, la falta de políticas públicas para proteger a los defensores de derechos humanos agrava la vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas. “La militarización y los constantes estados de excepción en el país han limitado el a derechos fundamentales, aumentando el riesgo de deportaciones arbitrarias”.

En Perú, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel informó que en 2023 había 74,170 víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV), junto a 68,368 que aún esperan atención, revelando una alarmante brecha del 92.19% en modalidades de reparación. “En este contexto, el papel de los defensores de derechos es crucial para garantizar atención y exigibilidad de derechos para quienes aún no han recibido reparaciones adecuadas”.

En México, la investigación apunta a que la falta de un registro sistemático y de estudios recientes sobre la situación de los defensores de derechos humanos en movilidad humana forzada “crea un vacío crítico, considerando que el país es un punto de acogida, tránsito y retorno para migrantes”.

En Nicaragua, defensores de derechos humanos se ven forzados a abandonar el país debido a la falta de garantías y respeto por parte del gobierno hacia sus derechos ciudadanos y políticos. Muchos se han radicado en países vecinos como Costa Rica, donde intentan continuar su labor de defensa de derechos, pero persisten las amenazas y el temor de visibilizar su trabajo, lo cual dificulta el apoyo a sus compatriotas tanto dentro como fuera del país.

Por último, en Honduras, el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas "enfrenta serias deficiencias", lo que ha obligado a muchos a huir del país ante la amenaza de muerte y la falta de garantías efectivas.

Durante el evento, Marie Mainsou, una mujer haitiana residente en Chile, denunció la grave situación de los derechos humanos en su país. “Este es un espacio para reflexionar sobre las injusticias que han marcado la vida de nuestros compatriotas. Desde hace décadas, la población haitiana en República Dominicana ha sido objeto de violaciones sistemáticas. Mis compatriotas han enfrentado racismo y xenofobia”, dijo.

Señaló que muchos haitianos en ese país vecino han sido culpados de los problemas sociales y económicos que enfrenta República Dominicana. “La situación es alarmante, y afecta a la niñez y a los jóvenes, quienes no tienen a la educación”, expresó Mainsou.

Por ello, pidió a los países de la región que enfoquen su atención en Haití y República Dominicana. “No podemos estar de brazos cruzados ante el sufrimiento que ocurre en mi país; necesitamos un cambio para Haití”.

Redacción Justicia