Las conclusiones del informe de ONU sobre obstáculos a paz y el caso de Jesús Santrich

Con un reconocimiento por el trabajo de Colombia en ocho años de implementación del acuerdo de paz, pero también con un llamado a atender escollos que han impedido su puesta en marcha completa, concluye un informe realizado por Antonia Urrejola, experta internacional en Derechos Humanos a quien la ONU comisionó para analizar los obstáculos para la implementación del acuerdo, así como para analizar la denuncia de supuesto ‘entrampamiento’ en el caso del exjefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich.

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Urrejola dio a conocer sus hallazgos el martes en rueda de prensa, y el informe completo, de 19 páginas, se presentará el 2 de abril al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El documento parte por destacar distintos avances en la implementación de la paz y dice que en general, menos de la mitad de los acuerdos de paz en el mundo alcanzan el quinto año de implementación, y el colombiano ya superó esa barrera.

“El Acuerdo de Paz de Colombia es innovador por su extenso contenido en materia de derechos humanos, incluyendo un enfoque territorial, étnico y de género, y por la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que ha tenido avances significativos”, dijo la experta, quien destacó también el hecho de que el 80 por ciento de los excombatientes de las Farc siguen firmes en su reincorporación, pero urgió al Estado colombiano a redoblar esfuerzos para la implementación integral como una política de Estado.

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Entre los hallazgos sobre los obstáculos a la implementación de la paz, el informe habla de siete, siendo uno que durante los primeros años tras la firma del Acuerdo de Paz hubo "un contexto político hostil" que resultó en una implementación desigual y en "una serie de ataques hacia los mecanismos creados por el acuerdo". En este contexto ocurrió el asunto relacionado con Hernández Solarte, quien no fue extraditado por la JEP, quedó en libertad y después se rearmó en una disidencia, en un caso que abrió un fuerte debate nacional.

En marzo de 2023, la JEP radicó una denuncia señalando que la Fiscalía no le entregó toda la información requerida, por lo cual se llegó a hablar de un ‘entrampamiento’ a la JEP. Al respecto Urrejola dijo: “no concluyo que existió, como dicen en Colombia, un entrampamiento”, pero sí una obstaculización de la Fiscalía al procedimiento de la JEP; y dijo que ha pasado un año desde la denuncia de la JEP y no se conocen avances en la investigación. Por eso, entre las recomendaciones del informe está priorizar el caso con apoyo de un grupo de expertos independientes.

El informe no se pronuncia sobre la eventual responsabilidad de ‘Santrich’ en los delitos y Urrejola indicó que eso le corresponde a las autoridades investigarlo, pero sí dice que “el anuncio de la detención de ‘Santrich’ por presuntamente realizar actividades de narcotráfico, la falta de colaboración de la Fiscalía con la JEP y las acusaciones de corrupción en contra de su personal, favorecieron la estigmatización de la magistratura y de la JEP como institución y columna vertebral de la justicia transicional”. Al respecto, desde la jurisdicción de paz indicaron sobre el informe de la ONU que valoran “su importancia y estamos a la espera de los resultados de la investigación de la Fiscalía frente a estos graves hechos".

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La investigación de Urrejola añade que los hechos incrementaron el estigma sobre las personas firmantes del acuerdo y “acrecentaron su desconfianza en el cumplimiento del acuerdo, y contribuyeron a su división interna”, y preguntada sobre si esta situación influyó en el rearme de algunos excombatientes en lo que luego se llamó ‘Segunda Marquetalia’, Urrejola citó el informe de la Comisión de la Verdad que habla de unos antecedentes de divisiones internas en las Farc, “es difícil determinar si el caso ‘Santrich’ fue la causa, pero habiendo antecedentes, esto pudo haber acelerado el tema de la ‘Segunda Marquetalia’”, comentó la experta.

Otro obstáculo identificado en el informe es que el acuerdo de paz no se ha implementado como política de Estado, y que aunque el acuerdo es "una hoja de ruta para atender las causas estructurales del conflicto y asegurar la no repetición, el compromiso de los gobiernos de turno con una implementación integral ha variado", por lo cual hizo un llamado al Estado a redoblar esfuerzos y se indica que es importante que los procesos de diálogo en el marco de la ‘paz total’ no interfieran con seguir implementando el acuerdo con las Farc, “la paz total no se puede lograr sin la implementación integral del acuerdo de 2016”, se lee.

En tercer lugar, se habla de que uno de los mayores obstáculos para la implementación del acuerdo es la continuidad de la violencia, con nuevos actores armados que ocuparon los espacios dejados por las Farc. La continuidad de la violencia afecta especialmente a defensores de derechos humanos, a quienes promueven la implementación del acuerdo, a campesinos, pueblos étnicos, y a excombatientes de las Farc. Para abordar esta dificultad el informe dice que es urgente reforzar la presencia integral del Estado en los territorios más afectados e implementar la política de desmantelamiento de organizaciones criminales aprobada en septiembre de 2023.

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Otro punto que se toca es la falta de garantías para los excombatientes de las Farc: "ya van más de 400 asesinatos desde la firma del acuerdo, aunado a desplazamientos forzados, y desapariciones. Eso a pesar de las numerosas alertas de la Defensoría del Pueblo y de la Declaración del estado de cosas inconstitucionales de la Corte Constitucional", dijo Urrejola.

También se señala que los ex-Farc enfrentan obstáculos para acceder a educación, vivienda, entre otros, y agregó que es preocupante "la demora en la resolución de la situación jurídica de las personas firmantes, en particular respecto a las amnistías e indultos", por parte de la JEP, a la que también instó a llevar a cabo el alistamiento institucional necesario para el "diseño, desarrollo y ejecución exitosa de las futuras sanciones restaurativas, en condiciones de seguridad para comparecientes de la JEP y víctimas".

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Un quinto hallazgo del informe tiene que ver con debilidades de coordinación interinstitucional, pues se habla de la "ausencia de una entidad gubernamental de alto nivel, coordinadora de los esfuerzos estatales de implementación" del acuerdo de paz. Para Urrejola es “inaplazable” la creación se esa entidad que pueda convocar a todas las instancias correspondientes, “dedicada exclusivamente a liderar y asegurar la coordinación institucional e interjurisdiccional, con capacidad y autonomía presupuestal, y que sea distinta a la entidad encargada de los nuevos diálogos con grupos armados”.

Seguidamente se señala que otro obstáculo para la implementación de la paz es el rezago en la implementación del capítulo étnico y las disposiciones de género del acuerdo de paz, que son causas estructurales de injusticias, exclusión y discriminación, “preocupa que en estos temas se registra el menor porcentaje de implementación”.

Finalmente, la séptima dificultad identificada es la disponibilidad de recursos, las prácticas de corrupción y la impunidad. Al respecto el informe señala que los recursos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pensados como herramientas claves de transformación integral rural, “se concentraron en cinco de las 16 subregiones, y la desigualdad entre las subregiones para competir por estos, conjugada con la falta de criterios de priorización claros para su asignación, ha sido un factor de inequidad en la implementación del acuerdo”.

También se señala que ha habido denuncias de mal uso de recursos y de prácticas corruptas, aunque el análisis de Urrejola no pudo obtener mayor información sobre los resultados de las investigaciones de casos de corrupción, “hay conciencia de que la corrupción es la consecuencia de factores como el déficit de gobernanza, deficiencias de los organismos de control e investigación, como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, y la escasa participación ciudadana”, se lee, por lo cual se recomienda al Estado reforzar la lucha contra la impunidad y desmantelar las redes criminales de corrupción y cooptación estatal.

María Isabel Ortiz Fonnegra - Justicia- [email protected]