¿Tiene futuro decreto para que jóvenes de Primera Línea sean gestores de paz?

El debate generado por el decreto presidencial que viabilizará la liberación de jóvenes detenidos en el marco de las protestas continúa no solo por el malestar que generan en algunos sectores esas liberaciones, sino por dudas sobre su viabilidad jurídica.

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De un lado, el gobierno lo ha defendido y tanto el lunes como este martes el ministro de justicia Néstor Osuna ha dicho que el decreto reglamenta la ley 2272 de 2022, que ya fue aprobada por el Congreso, y que además la figura de designar voceros de paz ya existía.

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“La figura ya existía y varios gobiernos la utilizaron para nombrar voceros a de grupos armados. Ahora la ley permite que también se designe a personas que no pertenecen a esos grupos, sino a organizaciones sociales o comunitarias. ¡Claro: se trata de la paz total!”, sostuvo Osuna.

Añadió que “los voceros quedarán en libertad transitoriamente con el propósito de que cumplan con las tareas de paz”, que será una comisión la que recomiende quiénes pueden ir y que esa comisión, de la que hace parte el Ministerio, recomendará “que no se designe como voceras a personas condenadas. El gobierno acatará cualquier decisión judicial al respecto”.

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Pero más allá de esas consideraciones, para algunos expertos no es tan sencillo como plantea el gobierno aplicar una ley originalmente diseñada para de grupos armados organizados a personas que no hacen parte de los mismos.

El abogado penalista Camilo Burbano sostuvo que la ley de fondo es la ley de orden público, que se refiere a grupos armados organizados o grupos de alta criminalidad.

“Las normas que regulan este asunto derivan de la Ley 418 y sus respectivas modificaciones, en particular la Ley 2272, las cuales tienen como finalidad la superación del conflicto armado y lograr la paz, a través de diálogos con esos grupos, que incluye actualmente a la alta criminalidad. En ese orden de ideas, los de la Primera Línea no califican como partes del conflicto ni como de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto", indicó

El decreto expedido por el gobierno sostiene que en medio de un proceso de paz un vocero, que es la figura que se les aplicaría a los jóvenes, puede ser alguien de la sociedad civil al que un grupo ilegal al que no pertenece puede designar como representante, también pueden ser integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz.

Frente a esto, el penalista también cuestionó que esa consideración está dentro del mismo artículo que habla de procesos de paz con grupos armados organizados o alta criminalidad.

“Si bien el Gobierno puede nombrar personas por fuera de la pertenencia a estos grupos para ser voceros, debe existir algún nivel de relación con el conflicto o con esa criminalidad que justifique su liberación o la cancelación de las órdenes de captura”, consideró.

La procuradora Margarita Cabello también ha expresado críticas al tema, y en su criterio debió ser el Congreso y no el Presidente el que reglamentara la ley para designar gestores de paz, por lo que cuestionó la posibilidad de que una comisión intersectorial decida sobre delegar a de la ‘Primera Línea’ como tales.

Para Cabello, también es problemática la facultad del Presidente para definir por decreto quiénes pueden ser gestores de paz, “hay que ver hasta qué punto la ley le entregó al Presidente libertad completa para poder determinar quién es, o no, vocero”, expuso el lunes desde Cartagena.

Pero el decreto del gobierno también ha sido bien recibido por otros expertos, como el profesor Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre.

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“Para mí no hay problemas de inconstitucionalidad ni en la ley ni en el decreto en la medida en que las excarcelaciones sean decididas por jueces. Si posteriormente otro decreto da órdenes por parte del ejecutivo de excarcelar a las personas, tendríamos problemas de inconstitucionalidad, por lo pronto eso no se advierte”, comentó.

Añadió que el decreto señala que la comisión que examinará el tema de excarcelaciones hará recomendaciones sobre itir a alguien, o no, como vocero y eventualmente esa persona podría ser excarcelada; pero el decreto en sí mismo no ordena esas salidas de prisión. Además, sostuvo que las salidas se deben revisar caso a caso y no deben incluir a personas condenadas y no cobijaría graves crímenes contra la humanidad.

“La ley está bien concebida, genera otras alternativas hacia la reconciliación y es consonante con los valores, principios y derechos de la Constitución de 1991. Estamos ante una nueva oportunidad, en el camino correcto de la inclusión social. Desde luego, no puede haber impunidad ni desconocimiento de las víctimas, y tampoco con la reglamentación de la ley una ruptura del equilibrio de poderes”, indicó.

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