Violencia contra defensores de derechos no da tregua: en 2024 se registraron 727 agresiones; secuestro aumentó 200%

El asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos es la cara más visible de un termómetro de violencias que suele escalar de forma casi invisible. El último informe anual de Somos Defensores registró 727 agresiones en 2024, una cifra apenas 5 % inferior a la del año anterior, pero que, al desagregarse por delito o región, revela realidades profundamente preocupantes.

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Estas violencias ocurrieron en 28 de los 32 departamentos. Cauca ranquea la lista, con el 27 % de los casos. Le sigue Antioquia, con el 11 %, Valle del Cauca, con el 9 % y Norte de Santander, con el 7 %.

Las amenazas, con 404 casos, siguen siendo el delito más común, ligado al objetivo de silenciar a punta de miedo los liderazgos. Le siguen los asesinatos (157), las detenciones (62), el desplazamiento forzado (44) y los secuestros (24). Este último aumentó un 200 % frente a 2023, lo que evidencia un patrón que, como en los peores años del conflicto, ha sido retomado principalmente por la vieja guerrilla del Eln.

"Durante este periodo de análisis, llama la atención el notable incremento en los casos de secuestro, en los que el Eln figura como presunto responsable de la mayoría. Le siguen los grupos posacuerdo de paz y actores desconocidos, organizaciones que en algún momento hicieron parte de procesos de negociación con el Gobierno Nacional", precisa el informe.

El liderazgo indígena sigue siendo el principal blanco, con 195 hechos. Las demás víctimas pertenecen a juntas de acción comunal, que concentraron la mayor cantidad de asesinatos y registraron picos del 675 % y 800 % en Cauca y Cesar respectivamente. 

Somos Defensores también pone el foco en la situación de Chocó, donde los asesinatos contra esta población se dispararon un 600 %, atribuibles principalmente a las bandas criminales que se disputan el control territorial. En Quibdó, por ejemplo, ‘Los Mexicanos’, ‘Locos Yam’ y ‘RPS’ están en guerra abierta.

Este flagelo está compuesto por historias como las de Yeri Edwin Gaitán, un destacado líder comunal, gestor de jornadas sociales y deportivas. En Jamundí, Valle, impulsó la construcción de vías, el mejoramiento de viviendas y del servicio de alcantarillado.

En territorios donde los grupos armados buscan el control total, sus voces legítimas son consideradas una amenaza. Alarmado por la creciente presencia de grupos armados, promovió capacitaciones en temas de protección y autoprotección para personas defensoras. 

El 1 de julio del año pasado, sobre las 4:00 a.m, Yeri fue citado por una mujer, supuestamente para poner en su conocimiento una emergencia humanitaria. No regresó a su casa. Su esposa y amigos salieron a buscarlo y encontraron su cuerpo baleado en una cancha del corregimiento de Ampudia.

Además de responsabilizar a los grupos armados, el informe señala que buena parte del problema radica en la desconexión entre las acciones del Gobierno Nacional y las estrategias criminales de las estructuras armadas para ocupar el territorio y someter a la población.

"Durante 2024, el Ejecutivo optó por acordar ceses al fuego principalmente bilaterales, y no multilaterales, como se había solicitado desde organizaciones a nivel territorial y nacional. Esto dio lugar a numerosos enfrentamientos entre actores armados ilegales, lo que aumentó la vulnerabilidad de personas defensoras y sus comunidades, especialmente en las zonas rurales", argumenta.

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Además, varios de los grupos se fraccionaron mientras sostenían negociaciones y diálogos dentro de una política con una amplitud desbordante y, según el informe, sin una estrategia clara: la llamada ‘paz total’. El nacimiento de disidencias de las disidencias también aumentó la amenaza contra los liderazgos, que quedaron en medio de señalamientos y estigmatizaciones de uno y otro bando.

La resistencia a la baja en los índices de agresiones se atribuye principalmente al ‘clan del Golfo’ y grupos de autodefensas, responsables de 177 hechos, pero también a actores desconocidos, grupos posacuerdo (160), el Eln (42), y a bandas y alianzas criminales (37).

"El Gobierno Nacional también tiene responsabilidad por no haber atendido, con la debida antelación, los llamados que distintos sectores, principalmente la Defensoría del Pueblo realizaron en defensa de los derechos humanos", insisten. 

El estudio tiene un capítulo especial para las violencias basadas en género, en el marco de las agresiones contra los liderazgos. De las 727, casi el 30 % (195) fueron dirigidas contra mujeres y el 2 % contra personas diversas.

Los tipos de agresiones cometidas contra mujeres fueron 133 amenazas, 19 asesinatos (2 de ellos categorizados como feminicidios), 11 atentados, 2 detenciones arbitrarias, 1 caso de tortura, 7 secuestros y 2 hechos de violencia sexual.

Uno de los dos feminicidios fue el de María Teresa Peña, una destacada lideresa comunal de 52 años, reconocida por sus numerosas acciones comunitarias, especialmente con adultos mayores y niños. Organizaba ollas comunitarias, clases de danza y reinados de belleza. Ejercía como contratista de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca y había sido vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Sucre, en la Comuna 9 de Cali.

Su cuerpo fue hallado en su vivienda, en el barrio Aranjuez, el 9 de julio de 2024, sin signos aparentes de violencia. Poco antes de su asesinato, se encontraba allí su pareja sentimental. 

Redacción Justicia