Comité de derechos humanos de UIP revisará caso de Álvaró Uribe

El Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP), realizará una sesión virtual entre el 22 y el 27 de octubre, en la que analizarán la situación de los congresistas y excongresistas  Álvaro Uribe Vélez, Álvaro Hernán Prada Artunduaga y Luis Emilio Tovar Bello, quienes han denunciado ser víctimas de diversas situaciones judiciales en el país.

En una carta dirigida al presidente del Congreso, el senador Arturo Char, el secretario general de la UIP, Martin Chungong, le expuso la situación , y le solicitó "conocer la posición oficial con respecto a estas alegaciones". 

La UIP, anexó los alegatos de Uribe Vélez, Prada Artunduaga y Tovar Bello, para justificar su intervención frente al caso.

El expresidente y exsenador Álvaro Uribe, señaló ante el organismo que vela por los derechos humanos de los parlamentarios en cinco puntos lo que califica como su "enemistad" con la Corte Suprema de Justicia.

En un primer aspecto, Uribe expuso los antecedentes generales de su caso y la Corte, en la que expone la situación registrada año tras año, y antecedente por antecedente, resaltando que este grave enfrentamiento es reconocido y evidenciado en la sentencia condenatoria proferida por la Corte Suprema de Justicia contra dos ex funcionarios del gobierno del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez:

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En un segundo punto, refiere lo que califica como la "violación al derecho al juez natural (incompetencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia) y falta de imparcialidad del Magistrado instructor".

En ese punto, hace referencia a su proceso ante la Corte por manipulación de testigos, y la investigación, en la que el senador Iván Cepeda, pasó a ser víctima en el proceso.

En un tercer punto, refieren la "interceptación ilegal del abonado telefónico del señor Uribe por parte del Estado Colombiano". 

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En la sustentación de la denuncia señala que "el querellante (Uribe), afirma que con ocasión de las interceptaciones a las comunicaciones del señor Nilton Córdoba, quien estaba siendo investigado en el proceso radicado 51.699, el ámbito de la privacidad del señor Uribe fue invadido y agredido de forma abusiva y arbitraria entre el 7 y 28 de marzo de 2018 por parte de la autoridad pública y sus efectos se mantuvieron en el tiempo, conforme a que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, liderada por el Magistrado José Luis Barceló tuvo también interceptada la línea telefónica (317xxxxx19) perteneciente al señor Uribe, toda vez que no mediaba orden judicial para la interceptación de la línea telefónica del mismo ya que este no era sujeto procesal en el mencionado proceso".

En un cuarto punto, ante la UIP, advierten sobre la violación al derecho a la intimidad y la seguridad del señor Uribe por la filtración a los medios de su abonado telefónico por el Estado colombiano.

Finalmente, refieren la filtración del expediente Uribe "a medios de comunicación y adulteración del material probatorio por parte de funcionarios estatales".

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En dos puntos, Prada, expone su situación por las amenazas recibidas en su contra y las implicaciones que las mismas han conllevado en su vida privada y profesional.

Según el querellante, "el Congresista Prada es conocido en los medios de comunicación por sus críticas por la, según el querellante, indebida implementación de los acuerdos de paz con las FARC-EP y por protagonizar duras confrontaciones con los congresistas del partido Farc. Debido a sus criticas, el Congresista Prada y su familia han sufrido una serie de amenazas e intimidaciones por parte del grupo FARC-EP, con el propósito de que éste no pueda adelantar su labor política".

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Y afirman que en su proceso penal han habido falta de garantías, según el querellante, "inexplicablemente aun cuando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tenía plenamente identificado al Congresista Prada Artunduaga, decidió ocultarle la investigación seguida en su contra vulnerando así su derecho a la defensa", aluden entre otras situaciones.

En su caso, expone como perdió su curul por el Centro Democrático en la Cámara.

La califican como "desproporcionada la demanda de nulidad fue resuelta el 31 de octubre de 2018 declarando la nulidad de la elección del señor Tovar, desapartándolo de su cargo como Congresista y como instructor penal y disciplinario, desconociendo así la voluntad de los ciudadanos que habían votado por él para representar al departamento de Arauca ante el Congreso de la República".

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