Las 3 reformas judiciales que van al Congreso, ¿se logrará aprobación?

En los próximos meses el Congreso deberá estudiar tres proyectos para reformar la justicia en Colombia, algo que se ha intentado 18 veces en los últimos 18 años. Esto porque al Legislativo llevará un proyecto del Ministerio de Justicia, otro coordinado por la Procuraduría y un tercero, que se radicó esta semana, promovido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Los tres buscan enfrentar problemas como el histórico rezago presupuestal de la rama, que desde el año 2000 a este año llegaba a $ 14,7 billones; así como la falta de jueces: en el país hay en promedio 11 por cada 100.000 habitantes, cuando la Ocde recomienda 65 para esa cantidad de personas; la congestión judicial, que es mayor al 50 por ciento en casi todas las jurisdicciones, y la necesidad de digitalizar la justicia, algo que costaría, según estimados de la Judicatura, más de 500 millones de dólares.

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Para enfrentar estas y otras falencias, los proyectos apuntan a situaciones distintas. El del Ministerio de Justicia está enfocado en reformar aspectos de la cúpula judicial, así como en virtualizar y descongestionar el sector, y será presentado como acto legislativo, que requiere 8 debates pues se trata de modificar la Constitución.

El que coordina la Procuraduría nació de una consulta a más de 9.000 ciudadanos sobre sus necesidades jurídicas, busca mejorar el a la justicia local y rural, y será presentado como una ley ordinaria, por lo que tendría 4 debates en el Congreso.

Mientras que la apuesta de la Judicatura está centrada en la autonomía presupuestal de la rama judicial, fortalecer la carrera judicial y regular algunos aspectos pendientes desde 2015, como conformar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial –que sanciona a jueces, fiscales y abogados–. Esta fue presentada como ley estatutaria, por lo que tendría 4 debates y una revisión de la Corte Constitucional.

Aunque los tres apuntan a reformar distintos aspectos de la justicia, para algunos expertos llevar al Congreso un frente dividido podría ser inconveniente.

César Valderrama, director de investigaciones en sistema judicial de Dejusticia, consideró que esto refleja una falta de coordinación y consenso sobre cuáles son los puntos esenciales. “Esto va a fragmentar las fuerzas o respaldos políticos en el Congreso”, consideró. Y añadió que otro lío puede venir luego, ya que si se aprueba la propuesta de la Judicatura (ley estatutaria) y después la del ministerio (acto legislativo), habría que presentar una ley estatutaria adicional que regule la reforma que plantea la cartera de Justicia.

De otro lado, para Augusto Trujillo, presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, si bien per se no es malo que haya tres proyectos de reforma, pues pueden complementarse, sí es complicado que los proyectos apunten tanto a la cúpula de justicia, como han hecho intentos de reforma anteriores, pues si bien allí hay cosas que ajustar, “se tocan varios intereses de distintas entidades”, lo que ha terminado por hundirlas. Por eso para él, en el Congreso una reforma constitucional es el camino más difícil, mientras que el más fácil sería la ley ordinaria.

Por su parte, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), consideró que el problema de la justicia es tan agudo que requiere varias medidas, “los tres proyectos no se oponen a que tengamos una justicia más eficiente”, indicó, aunque hizo hincapié en que intentos anteriores por reformar la justicia se hundieron porque “correspondían solo a uno de los problemas de la justicia, el manejo de la cúpula judicial, pero existen otros también muy relevantes como el perfil de los jueces y acercar la justicia a los ciudadanos”.

Una dificultad adicional que podría aparecer, señaló Valderrama, es que hace menos de un mes la Corte Constitucional tumbó la virtualidad de las sesiones del Congreso, y aún no hay suficiente claridad sobre el trabajo no presencial del Legislativo, “una reforma de la importancia que requiere el sistema de justicia necesitaría tener claro cómo se van a discutir los debates en el Congreso”, consideró.

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Para la ministra de Justicia, Margarita Cabello, las tres propuestas “confluyen en el deseo de adoptar medidas que acerquen la justicia a los ciudadanos, por lo que, más que contradecirse, podrían complementarse”, dijo.

Agregó que el borrador de reforma ha sido construido en conversación con las cortes, por lo que varias medidas del proyecto de la Judicatura ya están contempladas, y, por otro lado, dijo que la intención de fortalecer la justicia local y rural, planteada por la Procuraduría, también coincide con el borrador del ministerio y el Plan Nacional de Desarrollo.

Por su parte, Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, explicó que su propuesta busca introducir en la ley estatutaria de la istración de justicia “unas modificaciones concretas y que creemos necesarias para mejorar la prestación de la justicia”. Pero resaltó que los problemas de la justicia no se resuelven solo con una reforma constitucional, sino que se necesitan herramientas prácticas y “salir de la discusión estructural para atender problemas concretos”.

Y el procurador general, Fernando Carrillo, explicó que el proyecto que coordina la Procuraduría “es una reforma que nunca se ha planteado, que esté en la base de la pirámide, en las necesidades jurídicas insatisfechas de los ciudadanos y sea una justicia descentralizada y diferencial”. Añadió que no toca la Constitución ni la ley estatutaria, ni compite con los proyectos del ministerio y la Judicatura, por lo que es una “microrreforma que tiene grandes consecuencias en el sistema de justicia local y territorial, y que puede generar muchos consensos”.

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Sobre si eventualmente estos tres proyectos pueden acumularse en el Congreso para tener un trámite unificado, Valderrama y Carrillo explicaron que esto no puede hacerse pues las tres pertenecen a ámbitos legales distintos (acto legislativo, ley estatutaria y ley ordinaria).

En todo caso, será el Congreso el que definirá el futuro de estos proyectos y decidirá si este año, o a comienzos del próximo, el país tendrá los ajustes que se requieren para una justicia más eficiente, eficaz y transparente.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redactora de Justicia

En Twitter: @MIOF_