Caso Jineth Bedoya: 25 años de impunidad, ¿en qué va el proceso judicial?

Hace exactamente 25 años, la periodista Jineth Bedoya Lima ingresó a la cárcel La Modelo para entrevistar a un jefe de las autodefensas recluido allí y llegar al fondo de las amenazas que había recibido por su investigación sobre la masacre ocurrida un mes antes en ese centro penitenciario, en pleno corazón de Bogotá.

Su secuestro en la puerta del penal, perpetrado por paramilitares en connivencia con funcionarios del Estado en el que se suponía era uno de los lugares más custodiados del país, es uno de los peores ataques contra la prensa en medio del conflicto armado en Colombia.

Un cuarto de siglo después, en el que el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la impunidad que rodea el caso, Jineth Bedoya Lima renunció a la investigación judicial que ella misma había construido con los retazos de su memoria e información de sus fuentes. “Mi aspiración de justicia ha muerto”, dijo la periodista y líder de la campaña No Es Hora De Callar, que defiende los derechos de las mujeres víctimas de la violencia sexual en el país.

En todos estos años solo ha habido tres condenados, uno se fugó aprovechando un beneficio de Justicia y Paz, los otros dos están adportas de quedar en libertad y un cuarto vinculado fue absuelto. El general (r) Leonardo Gallego, entonces director de la Dijín; el general (r) Argemiro Serna, director de la Policía Metropolitana; y el también general Fabio Campo, director del Inpec en la época, cuyos nombres aparecen en el voluminoso expediente de la Fiscalía, siguen sin ser vinculados formalmente al proceso.

A comienzos del siglo, en el 2000, en el punto más álgido de la guerra entre paramilitares y guerrilla, el conflicto terminó permeando los muros de las principales cárceles del país.

El 27 de abril, al menos 30 internos fueron asesinados en los patios de La Modelo. Algunos cuerpos fueron descuartizados y desaparecidos por las alcantarillas.

Jineth Bedoya Lima era periodista judicial de El Espectador. Un año atrás ella ya había puesto el ojo en la situación de La Modelo y el entramado de corrupción que le había cedido el poder a los jefes ‘paras’ y guerrilleros, quienes se habían convertido en los caciques de los pabellones.

Bedoya publicó notas sobre las violaciones a los derechos humanos y el tráfico de armas, un fenómeno que se desnudó con el peor motín registrado hasta entonces. Los artículos también hicieron mella en los del naciente “frente capital”, recluidos en la cárcel.

De esta estructura se desprenden los nombres de los victimarios, que se repiten en un extenso expediente de cientos de páginas. Según la investigación, el plan fue ordenado por Miguel Arroyave Ruiz y Ángel Custodio Gaitán Mahecha, los antiguos jefes paramilitares del extremo (norte) del penal.

Además de ellos dos, y aunque no está vinculado formalmente a la investigación Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, aportó información sobre los hechos ocurridos el 25 de mayo y la motivación criminal detrás. Sin embargo, la información quedó a medias puesto que el antiguo sicario de Pablo Escobar la condicionó a una serie de beneficios que no fueron acordados.

Fue un hecho premeditado. Los cabecillas se reunieron con un paramilitar de sus bases, Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, y Juan de Jesús Pimiento Traslavilla para orquestar lo que inicialmente iba a ser un homicidio. Su fase de materialización arrancó con varias amenazas escritas que llegaron apostilladas a los buzones de los periodistas Jorge Cardona Alzate, Julián Ríos Rojas, Ignacio Gómez Gómez y Jineth Bedoya, quien decidió enfrentar a los emisarios de esas intimidaciones.

El 25 de mayo del 2000, a las 9:30 a.m., Bedoya cruzó los muros de La Modelo, donde un mes antes ocurrió la masacre, para cumplir una cita de una entrevista con uno de los ‘paras’. No iba sola, su colega Cardona y un fotógrafo la acompañaron al penal.

Media hora después, y tras pasar el primer filtro, un hombre se le acercó, le puso una pistola en la cintura y la llevó a una bodega, a dos cuadras de la cárcel. Allí, tres hombres la obligaron a subir a una camioneta con rumbo a los llanos orientales. Fueron 16 horas de horror, en las que la periodista sufrió violencia física, psicológica y sexual. Aunque la primera orden era asesinarla, la instrucción cambió y fue abandonada, atada de manos y pies, a orillas de la carretera.

Horas después del secuestro, su compañero Jorge Cardona radicó una denuncia, y al día siguiente, el 26 de mayo, la Fiscalía 103 Especializada, delegada ante el Gaula Urbano, inició la indagación preliminar.

Desde entonces comenzó a correr el contador de once años de impunidad, durante los cuales la Fiscalía no mostró avances significativos. En ese lapso, la investigación solo logró avanzar en 2003 y otra parte en 2004, gracias a información aportada por Bedoya y no por iniciativa del ente acusador.

Pasaron nueve años para que, el 30 de diciembre de 2009, la Fiscalía solicitara al Invías la copia de los videos de los peajes que, en el año 2000, estaban ubicados sobre la vía Bogotá–Villavicencio, entre las 11 de la mañana y las 7 de la noche, horas en las que ocurrieron los hechos. Esta prueba jamás se pudo obtener porque los registros solo se guardan por un periodo de 30 días.

También se le pidió al Inpec el listado de los guardias que estuvieron de turno el 25 de mayo de 2000, pero no fue sino hasta casi una década después, el 5 de mayo de 2010, cuando esos testimonios fueron recogidos en el marco de la investigación.

Ese mismo año, Jineth se constituyó como parte civil en el proceso y, según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), antes de ello se le había negado el al expediente, argumentando que el despacho debía atender asuntos de mayor prioridad, como capturas y comisiones de viaje.

El 5 de agosto de 2011, finalmente, la Fiscalía Sexta asignada a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario ordenó la apertura de Instrucción. Los coautores del crimen vinculados inicialmente fueron Mario Jaimes Mejía alias “El Panadero”, Alejandro Cárdenas Orozco alias “JJ” y Jesús Emiro Pereira alias “Huevo e Pisca” o Alfonso. Fueron acusados de secuestro, tortura en persona protegida y carnal violento en persona protegida.

Con los acusados en el banquillo, el proceso seguía empantanado. Algunas decisiones de los jueces fueron cuestionadas, como la libertad de ‘Huevo e' Pisca’, así como las enredadijas que se formaban por la falsedad del testimonio de algunos de los señalados. La Fiscalía General declaró el 26 de septiembre de 2014 el crimen contra Jineth Bedoya como de lesa humanidad, al comprobarse que se perpetró por su condición de periodista y por las investigaciones que estaba adelantando sobre las masacres en La Modelo.

Por la falta de garantías judiciales, intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la sentencia del 26 de agosto de 2021 declaró responsable al Estado colombiano de los hechos perpetrados contra la periodista. También ordenó un paquete de 13 medidas de reparación individuales y colectivas que fueron los primeros pinitos de políticas públicas enfocadas en la atención y prevención de la violencia sexual, así como en la libertad de expresión y participación de las mujeres periodistas.

Jesús Emilio Pereira, alias Huevo e' Pisca, fue condenado el 28 de octubre de 2019 a 40 años de cárcel por los tres delitos imputados. Sin embargo, el 3 de junio de 2021 un magistrado de Justicia y Paz le concedió la libertad. El 1 de agosto de 2022, la sala de Casación Penal de la Corte Suprema revocó la boleta de libertad número 63. Desde esa fecha, el hombre está prófugo.

La periodista, junto con sus apoderados (la Flip), se enteraron tres años después de que Huevo e' Pisca había quedado en libertad. Por esta razón, en una carta del 10 de septiembre de 2024 le pidieron respuestas a la Fiscalía: ¿Por qué no alertaron sobre la situación de Pereira?

En la respuesta, el ente acusador, el 20 de septiembre de ese mismo año, dijo que apeló la decisión del magistrado de Justicia y Paz y, en un fallo del 23 de marzo de 2023, el Juzgado Octavo de Ejecución de Penas dejó sin efecto jurídico la suspensión de la ejecución de la pena y libró una nueva orden de captura en contra de Huevo e' Pisca.

Sin embargo, más adelante, en el documento aseguran que “las disposiciones que regulan la ejecución de las penas privativas de la libertad no prevén la participación de la Fiscalía General de la Nación, por lo que no fue notificada de la orden de libertad del señor Jesús Emiro Pereira”.

Los apoderados de Bedoya fueron enfáticos en que el hecho de que se hayan enterado de la libertad de Huevo e' Pisca años después y por medios ajenos al proceso impactó negativamente en la confianza hacia el sistema judicial.

Tiempo después, Pereira fue excluido de Justicia y Paz porque, según la decisión del juez, faltó a la verdad. Allí estuvo acompañado por Alejandro Cárdenas Orozco, alias JJ, quien fue el primer condenado en la investigación.

Lo que quedó plasmado en el extenso expediente sobre Cárdenas es que fue el encargado de intimidar a Bedoya con un arma de fuego para arrastrarla a la bodega.

El 27 de julio de 2011, alias ‘JJ’, en una entrevista con la investigadora Nora González Molina, contó los detalles de cómo ocurrió el secuestro y tortura de la periodista. Allí itió que, para el 23 de mayo de 2000, fue enviado desde los llanos orientales con el objetivo de dar de baja a Bedoya, orden que había sido dada por un cabecilla del bloque Centauros.

‘J.J’ entregó varias versiones a la justicia. La primera de estas indicaba que había cumplido órdenes de alias Pocho, pero, tiempo después de su aceptación de cargos, Cárdenas se retractó y dijo que su testimonio obedeció a un ofrecimiento económico de alias Don Mario.

En una primera decisión, el 28 de mayo de 2015, la fiscal 49 especializada optó por revocar la medida de aseguramiento impuesta a Cárdenas Orozco y dispuso que se le debía dar la libertad inmediata y precluir la investigación. Sin embargo, siete días después, el 4 de junio, esa misma fiscal decretó la nulidad a partir de una actuación del 22 de febrero de 2013, en la que Cárdenas aceptó los cargos para la sentencia anticipada y ordenó de nuevo la captura del procesado.

Por esta decisión, ‘J.J’ fue condenado a 11 años de prisión el 5 de junio de 2015 por los delitos de secuestro y tortura. Posteriormente, el 6 de mayo de 2019, fue condenado nuevamente a 30 años de cárcel, esta vez por el delito de carnal violento.

El 12 de octubre de 2011, más de una década después de los hechos, la Fiscalía decidió vincular al caso a la ficha aparentemente más obvia: Mario Jaimes Mejía, alias El Panadero, con quien Bedoya se iba a entrevistar para su investigación periodística.

El 10 de septiembre de 2012, la fiscalía 49 especializada dictó prisión preventiva contra él. También mandó a la cárcel a Alejandro Cárdenas, alias JJ, y a ‘Huevo e Pisca’ por el crimen contra la periodista.

El 26 de septiembre de 2014, el mismo día en que el caso fue declarado de lesa humanidad, alias El Panadero fue acusado por secuestro simple agravado, tortura y carnal violento agravado.

En diciembre de 2015, Mejía aceptó cargos y pidió una sentencia anticipada. Se le descontó un 1/6 de la pena que fue leída el 18 de marzo de 2016. Fue condenado a 28 años. La justicia determinó que, si bien el acusado no desarrolló materialmente el crimen, existen circunstancias favorables que lo ubican como gestor importante y de la esencia de la consecución del plan. El ente fiscal le atribuyó el grado de coautor impropio de los tres delitos.

El 14 de diciembre de 2021, la fiscalía 189 especializada acusó al guardián del penal Marco Javier Morantes Pico como presunto coautor del delito de secuestro simple agravado. El funcionario, quien dio los permisos para el ingreso de Bedoya y sus colegas periodistas, fue absuelto en septiembre de 2023 porque la juez determinó que “no se demostró que el procesado, con su actuación, fuera consciente de la existencia de un plan criminal contra Jineth”.

Morantes Pico trabajaba como guardia en la entrada de la cárcel La Modelo y fue el funcionario que atendió el ingreso de la periodista. Esta información está respaldada por las actas del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario. Hubo dos puntos sospechosos: primero, la retuvo durante al menos 30 minutos sin justificación; segundo, estaba probada la complicidad entre algunos del cuerpo de guardia y los grupos ilegales al margen de la ley.

El procesado aclaró que era nuevo en ese puesto de trabajo y por eso actuó torpemente. Así mismo, la jueza determinó que no se demostró que la presencia del procesado como portero del establecimiento carcelario fuera arbitraria ni que formara parte del plan criminal, teniendo en cuenta que en la cárcel se utilizaban turnos rotativos.

Por otro lado, el acusado tampoco fue mencionado por los ex de las AUC: Luis Alberto Medina Salazar, Jorge Augusto Bernal Romero, Alejandro Cárdenas, Jesús Emiro Pereira, Armando Lugo y Mario Jaimes Mejía.

El 11 de febrero de este año, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó la sentencia absolutoria del guardia Morantes Pico. El caso pasó a casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Redacción e investigación: María Alejandra González, Sara Valentina Quevedo y Sofía Isaacs.
​Diseño: Katherine Orjuela. 
​Maquetación: Sebastián Márquez y Carlos Bustos.
​Editora gráfica: Sandra Rojas. 
​Fact-checking: Pedro Sánchez y Mateo Bonilla.
​Coordinación editorial: David Alejandro López Bermúdez.
Editor de País: Jhon Torres.
​Editora de Género: Jineth Bedoya Lima.

Fecha de publicación: 24 de mayo de 2025.