La demanda de Naturgy –antes Gas Natural Fenosa– contra Colombia por la intervención a Electricaribe, en la que piden más de 1.600 millones de dólares y que se definiría a mediados del 2020, es solo uno de los 419.177 procesos que en la actualidad enfrenta el país.
En procesos judiciales internacionales y nacionales, y de arbitraje local e internacional, la Nación está demanda por pretensiones por $ 421 billones. Y tan solo este año, hasta el 30 de septiembre, habían sido itidas 114.195 demandas, lo que da un promedio mensual de 12.688 demandas.
Cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), con corte a septiembre, dan cuenta de que las demandas por reparación directa son las más frecuentes y unas de las que tienen mayores pretensiones, con $ 131,6 billones. Aunque en temas monetarios, las acciones de grupo –demandas colectivas– son las que más dinero reclaman, pues acumulan $ 155,3 billones en pretensiones, el 43 % del total, aunque en número de demandas solo son el 1 % de los casos.
Entre las entidades del Estado que acumulan más demandas está Colpensiones, con 136.171 procesos, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con 89.713 demandas, y la Fiscalía, con 26.411 casos. Pero en cuanto a pretensiones, las más altas están contra la Policía, a la que le piden $ 74,9 billones, el Ministerio de Minas y Energía, con $ 68,9 billones, y la Fiscalía, que tiene procesos por $ 59,6 billones.
Agilizar los pagos
De otro lado, Camilo Gómez, director de la ANDJE, indicó que la Nación adeuda actualmente 9,02 billones de pesos por condenas y conciliaciones que no ha pagado. De esa cifra, cerca del 40 % corresponde a intereses por mora.
Frente a ese panorama, Gómez indicó que ya está el borrador de un decreto con el que el Ministerio de Hacienda regulará la forma de pagar estas sentencias de modo que se le responda a las víctimas con más prontitud y que el Estado deje de acumular intereses.
En cuanto a procesos internacionales, Colombia tiene 12 casos pendientes, el de Electricaribe –en el que Colombia contrademandó por $ 1.7 billones– es uno de los más prontos a resolverse, pero también hay demandas de América Móvil, en la que pide más de 1.100 millones de dólares, una de la Grand Colombia Gold, que pide 250 millones de dólares, y dos casos con la minera Glencore, entre otras.
Estas demandas, que están en tribunales internacionales, son algunas de las más delicadas, y a partir del 2020 la ANDJE tendrá otra herramienta para enfrentarlas, puesto que tendrá las funciones que antes tenía el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para entrar en la etapa prearbitral de las controversias internacionales de inversión.
Su otra nueva función será la de encargarse de la defensa del país en la etapa de isibilidad de casos ante la Corte Penal Internacional, función que antes ejercía la Cancillería.
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