En agosto de 2020, por una investigación que en ese momento estaba en la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el primer expresidente colombiano en ser privado de su libertad en este siglo, sin embargo, en la historia de Colombia no ha sido el único en ser detenido, ni el único investigado.
Uribe fue asegurado en detención domiciliaria hasta octubre de 2020, cuando el proceso en su contra ya había pasado a la Fiscalía por la renuncia del político al Senado.
El último expresidente antes de Uribe que fue detenido fue el general y dictador Gustavo Rojas Pinilla, arrestado el 3 de diciembre de 1957, por temor a que liderara una conspiración para volver al poder.
El general fue luego encarcelado en el mar Caribe a bordo de la fragata Capitán Tono, y después trasladado a una prisión improvisada en Galerazamba, en el extremo norte de Bolívar, hasta su liberación el 13 de enero de 1958.
En sentencias penales contra expresidentes de Colombia también figura una condena a muerte contra Francisco de Paula Santander, quien fue castigado a la horca como cómplice del intento de asesinato de Simón Bolívar, el 25 de septiembre de 1828.
La condena, sin embargo, fue cambiada por el exilio, lo que permitió que a su regreso a Colombia, cuatro años después, Santander se convirtiera en el segundo presidente de la República de Nueva Granada, como se llamaba Colombia para ese entonces.
Pero además, como señaló hace unos años Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, prácticamente a cada conflicto colombiano en el siglo XIX le seguía el encarcelamiento y exilio de un presidente y la redacción de una nueva Constitución.
Así, tras su derrota en combate fueron procesados los expresidentes José María Melo, en 1854, José María Obando, en 1855 y Tomás Cipriano de Mosquera, en 1864.
Durante el siglo XX, sostuvo Bernate, hubo apenas dos procesos contra presidentes. El primero fue el de Rojas Pinilla, quien perdió sus derechos políticos tras ser condenado en 1959, pero los recuperó siete años después al ser revocada la decisión.
El segundo fue el proceso 8.000, contra Ernesto Samper, por el presunto ingreso de dinero del narcotráfico a su campaña en 1994. Dos años después, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes archivó los cargos.