Absurda ley sobre los chinos y otras 600 normas que quedaron derogadas

En firme quedó una norma que eliminó de las leyes colombianas 7.000 artículos que eran obsoletos o contrarios a la Constitución, como una absurda ley que prohibía la importación de ciudadanos chinos al país, lo cual resultaba completamente disparatado para el ordenamiento jurídico colombiano, así como otra que establecía la censura a la prensa y a la radiodifusión, una más que castigaba con cárcel a quien afirmara una falsedad o calle la verdad ante un párroco; u otra que decía que había que encarcelar a quienes fueran declarados vagos. 

(En contexto: Por inconveniencia objetan ley que eliminó el antiguo sistema penal)

Esta ley de depuración normativa fue impulsada por el Ministerio de Justicia, la norma había sido aprobada el año pasado en el Congreso pero el presidente tuvo que objetarla porque se habían eliminado normas que sí seguían vigentes, como la Ley 600 del 2000, que es el antiguo sistema penal y el que usa la Corte Suprema.

En diciembre el Congreso aprobó el informe de objeciones del presidente y reenvió la norma para su sanción presidencial, e Iván Duque ya la sancionó, eliminando 608 normas con fuerza de ley consideradas anacrónicas, obsoletas o en desuso, y da certeza de funcionamiento a otras.

El Ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela, aseguró que con esta norma el Gobierno fortalece el sistema normativo y consolida un ordenamiento legal claro, preciso y aplicable, y brinda un mayor grado de seguridad jurídica a los ciudadanos, conforme a los requerimientos de un Estado Social y Democrático de Derecho.

La ley de depuración normativa establece también que el Sistema Único de Información Normativa (SUIN-Juriscol) publicará anualmente dos listados: uno de las normas derogadas expresamente, declaradas inconstitucionales o ilegales y otro de las constitucionales y legales que hayan sido reglamentadas a pesar de existir un deber expreso de reglamentación.

(Además: Hasta el decreto que creó el Dane fue incluido en las normas obsoletas)

Igualmente, se establece que los jefes o directores jurídicos de las entidades estatales deben determinar qué normas istrativas perdieron fuerza ejecutoria para dejarlas sin efectos mediante otras del mismo rango jerárquico.

De acuerdo con el ministro Ruiz, con esta norma se consagra la cultura de la legalidad, "pues se crea y profundiza en la comunidad la conciencia del cumplimiento de las normas jurídicas como parámetro de conducta en el marco del respeto a la dignidad humana, la libertad y la igualdad".

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