Una alerta sobre los efectos de la venta de acciones de la propietaria de Medimás lanzaron conjuntamente la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría, que pidieron medidas cautelares para proteger a más de 4 millones de afiliados y reclamaron por la presunta falta de idoneidad de la nueva cabeza al frente de la EPS.
Esto luego de que se confirmara que dos accionistas de Medimás (la Clínica General del Norte y el grupo conformado por Medicalfly y Miocardio) llegaron a acuerdos para la cesión y venta de sus participaciones en esta sociedad, propietaria de
la EPS Medimás.Los compradores son SEED Investment SAS y JARP Inversiones SAS, los cuales tendrían la misma participación de los grupos salientes. Aunque no se conocen los montos de la operación, se supo que de inmediato fue nombrado Jaime Rincón Prado como representante legal de Prestnewco y Johana Poveda como su suplente. Rincón Prado es el dueño de la Corporación Unificada Nacional de Educación (CUN).
El Contralor general Carlos Felipe Córdoba, advirtió que como órganos de control “nos parece preocupante que un contratista en el sector eléctrico, que evidentemente quedó mal, haya quedado al frente de la propietaria de la EPS, porque lo más importante, que no se puede pasar por alto, es que las personas que tienen la responsabilidad de atender a los ciudadanos en un tema tan complejo, que requiere de tanto compromiso como la salud, no pueden tener tacha”.
Por su parte, Fernando Carrillo, procurador General, anunció que el Ministerio Público solicitó al Tribunal istrativo de Cundinamarca evaluar y adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar ordenada el pasado 23 de enero de no permitir que se autorice
el cambio de la composición accionaria de Medimás, hasta tanto sean resueltas las acciones populares que allí cursan.
La Procuraduría también le solicitó al Tribunal analizar si con los cambios de la posición societaria de Prestnewco S.A.S., se estaría contrariando la medida impartida, y de ser así se adopte las medidas inmediatas para poner fin al incumplimiento de la obligación impuesta.
Para el Defensor del Pueblo, Carlos Negret, “estas transacciones no pueden hacerse de espaldas al país. Estas entidades deben tener claro que manejan recursos públicos y no pueden entrar y salir de ese manejo sin que se tenga claridad de quiénes son”.
Estas entidades deben tener claro que manejan recursos públicos y no pueden entrar y salir de ese manejo sin que se tenga claridad de quiénes son
La Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría evaluarán en las próximas horas con el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, las acciones correspondientes para que se cumpla la orden impartida por el Tribunal de no hacer cambios hasta tanto sean falladas las acciones populares en curso.
El Procurador Carrillo reiteró que no se trata de un negocio entre particulares, porque el cambio en la composición accionaria de la propietaria de Medimás, también supone modificaciones en los derechos de propiedad de la EPS y en la participación para la toma de decisiones de la misma.
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