Ni reconocerles derechos a los ríos ha permitido protegerlos

En el Pacífico colombiano las amenazas para los ríos vienen de varios frentes: la minería legal e ilegal, la deforestación, los residuos sólidos, los proyectos de infraestructura, la ineficiencia de las autoridades ambientales regionales.

En esa región uno de sus ríos más importantes, el Atrato, fue declarado por la Corte Constitucional, en el 2016, como sujeto de derechos. Su orden fue proteger sus 40.000 kilómetros cuadrados del daño ocasionado por la minería ilícita. Pero el balance, cuatro años después, muestra que eso no ha mejorado su situación: hoy es un río con derechos violados.

Esas conclusiones pueden verse en la investigación que hizo la Contraloría General sobre el Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente (2019-2020), que le dio un capítulo especial a los ríos.

Al hacer una visita al río Atrato junto con funcionarios de Codechocó (la autoridad ambiental de la zona), verificó que en el río persiste la explotación minera ilegal desarrollada con máquinas conocidas como dragones o dragas, las mismas que pueden modificar los cauces. Tras su cometido, muchas de ellas han sido abandonadas, pero la Contraloría halló varias operativas, como la que encontró en Villa Conto (Chocó), usada para extraer el oro.

Aunque el organismo encontró que en algunas áreas, en cumplimiento del fallo del 2016, Codechocó ha reforestado, lo hizo sobre los bancos de arena que deja a su paso la minería ilegal, montículos que el alto tribunal había ordenado retirar para reconformar morfológicamente estas zonas.

Es cierto que se han hecho esfuerzos para la recuperación de la cuenca y para enfrentar la minería ilegal (la Policía le reportó a la Contraloría, por ejemplo, que ha destruido 117 dragas y ha intervenido 411 minas a entre 2007 y 2019,) pero para el organismo de control el avance del cumplimiento del fallo es poco.

Por ejemplo, afirma, no se ha puesto en marcha el plan de acción para restablecer el cauce, eliminar los bancos de arena, reforestar las áreas afectadas. Y hay estudios, como uno de la Universidad de Antioquia que encontró intoxicación por mercurio en comunidades aledañas al río. Sin embargo, afirma la Contraloría, los estudios toxicológicos y epidemiológicos hasta ahora son incipientes para determinar el grado de contaminación en estas aguas por este y otros químicos.

Otro zona con derechos violados es la Amazonia. En el 2018, ante la deforestación, la Amazonía también fue declarada sujeto de derechos por parte de la Corte Suprema de Justicia. En esa misma región, la Contraloría hizo un seguimiento a esa deforestación desde la perspectiva del recurso hídrico, pues la degradación y pérdida de cobertura vegetal tiene importantes impactos hidrológicos.

En esa evaluación el organismo de control evidenció el “incumplimiento en tareas de la gestión ambiental y forestal” por parte del Ministerio de Ambiente. Por ejemplo, dijo, no se tiene el plan de acción para guiar la política contra la deforestación, o hay muy poca financiación para estos proyectos.

La importancia de implementar este plan para salvar al Amazonas de la deforestación –pero también de otras amenazas como los cultivos de coca, la ganadería, la actividad petrolera, minera, entre otras- consiste en que esta región tiene el bloque de bosque tropical contiguo más grande del mundo y el mayor sistema fluvial del planeta.

En ese sentido, la deforestación, dice la Contraloría, trae daños a las cuencas hídricas del Amazonas como la “pérdida de integridad ecológica, cambios en la disponibilidad del hábitat y conectividades hidrológicas, cambios en la oferta y demanda hídrica, o en la calidad del agua". 

Y el río Bogotá no ha mejorado a pesar de que en el 2014 el Consejo de Estado ordenó descontaminar esta cuenca. Pese a ese fallo, la cuenca media de este afluente puede registrar en periodos de lluvia o sequía condiciones malas, y muy malas de calidad del agua en el 75 por ciento de sus puntos de monitoreo.

Para cumplir el fallo, la CAR adelante un megaproyecto para recuperar el afluente con un Fondo para las Inversiones Ambientales de la Cuenca Río Bogotá, que tiene previstos un manejo de recursos por 487 millones de dólares. Sin embargo, el organismo de control asegura que, hasta ahora,  el río sigue teniendo graves impactos ambientales que no han tenido un adecuado manejo.

Y desde la empresa privada se han gestionado alianzas con diferentes sectores con el fin de aportar en la recuperación del río Bogotá. La alianza más importante es la del Grupo Río, liderado por el Banco de Bogotá, Fundación Coca-Cola, Revista Semana y el consorcio PTAR Salitre. Este grupo busca proteger y potenciar el ecosistema de la cuenca, sensibilizar a la ciudadanía a través de la educación ambiental y, comprometer a los sectores público y privado con el desarrollo económico y social de las zonas por las que pasa el río.

Los problemas medioambientales también afectan a otros recursos hídricos que no tienen ese reconocimiento de sujeto de derechos. En la Orinoquía –que comprende a Arauca, Casanare y Vichada- de las 43 plantas de tratamiento de agua reportadas en la región, nueve están sin funcionamiento, ocho no reportaron estar haciéndolo, y solo seis cumplen los requisitos de eficiencia.

Y en la región Andina, que concentra el 50 % de la población del país y suma 10 departamentos, la cuenca del río Magdalena tiene problemas graves como que de las 630 cabeceras municipales en su área de influencia, solo el 3,1 por ciento tienen implementado de forma completa un plan de manejo de vertimientos sobre el río.

Así, cada hora el Magdalena descarga sobre el mar 10.773 toneladas de sedimentos. La contaminación de esta cuenca ha llevado a que, según la Autoridad Nacional Pesquera entre 1975 y 2016 se disminuyera el recurso pesquero en un 70 por ciento. Por ejemplo, la producción estimada del bagre rayado pasó de 22.209 toneladas en 1975 a 2.136 en el 2016; y el bocachico pasó de 46.271 toneladas en 1987 a 9.349 en el 2016. Por eso, la Contraloría afirma que este río perdió la capacidad de proveer la alimentación de quienes viven en su zona.

Y en la región Caribe, por ejemplo, que suma 2.6 millones de hectáreas de humedales, la Contraloría evidenció que la calidad del agua registrada está entre mala y regular. En la Ciénaga Grande de Santa Marta está sufriendo las consecuencias de la ganadería bufalina.

En la Ciénaga de la Virgen la sobretasa ambiental para compensar el daño causado al humedal por las vías, no se ve reflejada en su recuperación. En la Ciénaga de Zapatosa, tan afectada por los desechos orgánicos de 5 municipios que tienen una baja o nula cobertura de alcantarillado, ya no están animales que hacían las veces de controladores biológicos, como el manatí o el chigüiro. Y cada año, dice el estudio, los cazadores de tortugas queman en esta zona 10 mil hectáreas de gramalote. Y el Complejo Cenagoso la Mojana está golpeado por el vertimiento de aguas residuales, la ganadería o los cultivos de palma.

A todo esto se suma, dice la Contraloría, que la implementación de la Política Nacional de Humedales Interiores es incipiente, a pesar de que esta norma se expidió hace más de 20 años. El 60 por ciento de actividades de ese plan están en estado inicial, el 22 por ciento sin iniciar, y solo el 18 por ciento están finalizadas.

Todos estos datos del organismo de control muestran que por más abundancia hídrica que tenga Colombia, biodiversidad tan reconocida mundialmente, si no se protege, si no se cuida y se malgasta, esa riqueza terminará agotándose.

MILENA SARRALDE DUQUE

Subeditora de Justicia

Twitter: @MSarralde