Ante un juez de Bogotá el abogado Luis Domingo Gómez Maldonado radicó una tutela con la que busca que en Colombia se deje de usar un pesticida que, según sostiene, es peligroso para la salud humana, en especial, la de niños.
Se trata del clorpirifós, que según el recurso del abogado, está asociado a daño neurológico en niños pequeños y resultados adversos del desarrollo neurológico en los menores de edad.
Su tutela, que alega la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, la salud, el interés superior de los niños por el uso del pesticida en la cadena alimenticia, es contra el Ministro de Ambiente, el de Agricultura, el de Salud, la gerente del ICA, el director de la Anla y el director del Invima.
Para sustentar su petición, cita publicaciones que refieren que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) dice que no hay un uso seguro del pesticida y decidió prohibir su uso en ese país. Menciona así mismo que la Comisión Europea no renovó, en 2020, la aprobación de la sustancia activa Clorpirifos-metil porque "confirmó que sus conclusiones sobre la evaluación de la salud humana indican que existen ámbitos críticos de preocupación".
En Colombia, recoge la tutela, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ha dado autorización para al menos 29 productos que contienen el principio activo clorpirifós en diversos cultivos de alimentos, como banano, café, papa, algodón, maíz, frutales, yuca, pino, eucalipto, entre otros.
Así mismo, según el abogado, en Colombia, están autorizadas y se usan al menos 29 productos con ese pesticida en el manejo de animales de granja o abasto y animales de compañía.
"Frente a la problemática planteada por la molécula clorpirifós, relacionada con el daño neurológico en los niños pequeños y los resultados adversos del desarrollo neurológico en niños, resulta urgente que el juez constitucional entre a proteger de manera urgente y a garantizar la prevalencia de los niños, niñas y adolescentes, consagrada en la Carta Política", dice la tutela, que también resaltó jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de la protección especial que el Estado debe dar a los menores de edad.
Entre las peticiones del accionante está que se ordene a las autoridades adelantar las gestiones istrativas para suspender de manera inmediata cualquier trámite para registrar nuevos productos que contengan el principio activo clorpirifós para ser usado en la cadena alimenticia; así mismo, que se ordene a las autoridades adelantar los procedimientos pertinentes para cancelar los registros autorizados a los productos que contengan la molécula.
También pide que se ordene a las autoridades crear un plan de contingencia que permita identificar los productos sustitutos que los agricultores, ganaderos, avicultores, porcicultores, capricultores y ovinocultores puedan usar en sus labores de cultivo, crianza, levante y engorde, que sean amigables con el medioambiente y protectores de la vida, la salud, la seguridad alimentaria y los interese superiores de los menores de edad "de las presentes y futuras generaciones".
Por último, la tutela pide ordenar que las autoridades rindan un informe, en seis meses, sobre la viabilidad de mantener el uso de clorpirifós en animales domésticos y se determine en qué condiciones se mantendría este uso o, por el contrario, un informe sobre la necesidad de prohibirlo de manera definitiva.
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