Conflictos sociales manifiestos: entre deudas históricas, incumplimiento y descontento

El incremento de las protestas sociales en los últimos años, que comenzó su ascenso en el 2019 y llegó al clímax en el 2021, en lo que se denominó el estallido social, puso a prueba la capacidad de gestión de instancias institucionales y las vías de transformación de los conflictos sociales mediante el diálogo social, a la vez que mostró que los mecanismos para desescalar los conflictos habían sido insuficientes.

Para la Defensoría del Pueblo, el estallido social tuvo elementos particulares que no se habían visto en otras manifestaciones sociales. Allí llegó este organismo sin antecedentes, registros o documentaciones previas para afrontar la situación. Ya en territorio, no era posible identificar un vocero o un liderazgo que representara a todos los manifestantes para poder desarrollar el diálogo social. Este hecho y otras “lecciones aprendidas”, como lo expresa el propio organismo, lo llevaron, a finales del 2020, a crear la Defensoría Delegada para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social, cuyo nombre precisamente lleva implícito su objetivo principal: prevenir y transformar la conflictividad social.

“Nosotros como institución nacional de derechos humanos no queremos evitar que la gente se manifieste. Que se reúna y adelante protestas pacíficas ya que es un derecho fundamental que no se puede restringir. Las luchas sociales son de la antigüedad y han logrado reivindicaciones importantes en los derechos humanos. En una democracia es necesario que existan conflictos sociales –señala Jorge Enrique Calero Chacón, delegado para la Prevención y Transformación de la Conflictividad Social–. De hecho, nunca va a existir una sociedad armónica, porque siempre va a haber hostilidad, desacuerdos, controversia".

Esto, porque si bien la Defensoría del Pueblo siempre ha acompañado todo tipo de situaciones que puedan afectar los derechos ciudadanos, el propósito de esta Delegada es promover la convivencia pacífica, la reconciliación y la cultura de paz con enfoque de prevención y transformación de conflictos sociales, mediante la reacción temprana, el impulso de acciones integrales y el seguimiento a la coordinación institucional para prevenir el escalamiento violento de los conflictos que afecten la garantía de los derechos humanos.

Esta labor la desarrolla a través de tres componentes: información para la prevención (monitoreo y registro de información de los conflictos sociales, y análisis de contexto, causas, consecuencias y sus manifestaciones, entre otros), diálogo (espacio donde se manifiestan los conflictos sociales) y formación de capacidades y habilidades (especialmente dirigida a líderes sociales y servidores públicos).

El delegado Calero recuerda que desde hace varios años ya no se habla de ‘resolución’, sino de ‘transformación’ de los conflictos sociales: “La resolución busca un acuerdo simplemente para satisfacer a una de las partes o solucionar una situación en el momento. Con esto lo único que se logra es que se revivan los conflictos, porque no se fue al fondo del asunto. sunto. La transformación del conflicto, por el contrario, tiene que ver con cambios positivos. No se trata de que las partes se vuelvan amigas, pero sí de que al menos logren construir un escenario de diálogo, de conversación armónica y respetuosa en búsqueda de consenso y aportar sin intereses particulares, sin cartas bajo la mesa".

Con el nacimiento de la Delegada también se dio origen al Observatorio de Conflictividad Social, herramienta que le permite a la Defensoría identificar y monitorear eventos de conflictos sociales y protestas acaecidas en todo el territorio nacional. Aunque se trata de un instrumento que solo lleva dos años de actividad, la información que viene revelando ya permite tomar decisiones en la política pública. Por ejemplo, difundió el ‘Informe anual de conflictos sociales manifiestos enero-diciembre 2023’, que muestra el aumento de los conflictos sociales en el 2023, comparado con datos del 2022.

Sin embargo, la Defensoría subraya que si bien la mayoría de las exigencias corresponden a hechos actuales, “se registran demandas históricas que aún no se han solucionado o promesas incumplidas de muchos años atrás”. Esto, según sus análisis, ocurre porque, por ejemplo, para despejar las calles y levantar las protestas, las autoridades firman acuerdos que jamás se materializan, es decir, faltan a su palabra.

Finalmente, vale la pena resaltar que a pesar de que el Observatorio de Conflictividad Social ha registrado un aumento de las manifestaciones, este incremento no necesariamente está ligado a mayor violencia en ellas. Es decir que las comunidades y organizaciones sociales han salido más a las calles, pero también se ha notado una disminución de eventos violentos protagonizados tanto por

los manifestantes como por la

Fuerza Pública. Esto también podría demostrar que la garantía a la protesta y el diálogo comienzan a priorizarse por encima de su respuesta violenta.

El ‘Informe anual de conflictos sociales manifiestos’ (enero a diciembre del 2023), de la Defensoría Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social, reveló que los eventos de conflictividad social aumentaron en un 43 por ciento, entre 2022 y 2023. 

Según su reporte, los conflictos sociales manifiestos ocurrieron en 446 municipios, distribuidos en 31 departamentos, con incremento en 26, y en el Distrito Capital.

Uno de los principales tipos de conflicto registrados son los relacionados con las condiciones laborales de los trabajadores, que manifiestan descontento por la falta de garantías.

La comunidad educativa también ha estado activa exigiendo mejores condiciones

para proteger el derecho a la educación y solicitando reformas de la educación superior

pública. Además, las comunidades vulnerables han reclamado mayor presencia e inversión estatal.

El informe destaca que octubre, noviembre y diciebre fueron especialmente

conflictivos, pues en esos meses se concentró el mayor número de eventos, impulsados por la coyuntura política y económica del país, así como por fallas en la prestación de servicios públicos. Protestas, asonadas y disturbios relacionados con las elecciones territoriales también aportaron al escalamiento violento de la conflictividad social.

En cuanto al tipo de mecanismo de manifestación social, se encontró que el más

utilizado fue el bloqueo o corte de ruta, seguido por plantones o concentraciones y marchas o movilizaciones. Estos son los 12 lugares del país donde los bloqueos o cortes de ruta fueron más recurrentes durante 2023: Bolívar, Magdalena, La Guajira, Córdoba, Bogotá, Santander, Meta, Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia, Cauca y Cundinamarca.

Rubiel Muñoz es un campesino caldense de 44 años que llegó al Guaviare buscando nuevas oportunidades. Allí tuvo a su hijo, Alejandro Muñoz, un joven que ahora, a los 16 años, estudia décimo grado en la Institución Educativa Cerritos, ubicada en el municipio del mismo nombre, un centro educativo con 80 estudiantes.

Alejandro es uno de los 34 jóvenes y niños que pernoctan en la institución, de lunes a viernes, bajo la modalidad de residencia escolar, conocida como internado.

Pese a no estar reglamentadas, el Ministerio de Educación define las residencias escolares “como una estrategia de permanencia que hace parte de la oferta

de un establecimiento educativo autorizado por la entidad territorial certificada

en educación (ETC), durante el calendario académico, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que habitan zonas rurales dispersas, de compleja movilidad, o con ausencia de oferta educativa convencional y requieren esta atención para estar en el sistema escolar”.

Rubiel explica que en la vereda Santa Bárbara, donde ha vivido desde hace años, no hay sitio para que su hijo estudie. “La mejor oportunidad era el internado, por cuestiones económicas y de seguridad. No queríamos dejarlo solo en la finca, al acecho de  reclutamiento de los grupos armados”, cuenta el padre de familia.

Según él, aunque el internado ha sido su mejor opción, las condiciones podrían ser mejores. “En las tardes no hay actividades, y quienes los cuidan, aunque lo hacen bien, no cuentan con formación psicológica, por ejemplo”, dice Rubiel.

Para él, que llegó solo hasta grado noveno, que su hijo termine el bachillerato evitará que repita lo que padecieron con su esposa: falta de oportunidades y recursos. 

Así mismo lo siente Daniela Henao, una estudiante del grado once, de 16 años de edad que, desde hace cinco, hace parte del internado. Su padre es jornalero, y su madre cuida una finca.

Ella es la única de sus hermanos que estudió; los otros trabajan en una fábrica en Bogotá, y si no fuera por el internado, no podría hacerlo. “En mi casa hay una moto, pero se usa para

que mi papá vaya a trabajar, entonces el transporte a

mí se me dificulta, igual que a muchos compañeros”, explica.

Ella, además de las actividades extracurriculares, pide que haya personal médico capacitado para atender cualquier emergencia. 

Zaira Miley, compañera de Daniela, señala que hace falta una estrategia para las tardes. “Tenemos las capacidades para aprender y el tiempo. Necesitamos las actividades”, asegura.

El pasado 23 de abril, la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para la Prevención y la Transformación de la Conflictividad Social y la regional Guaviare, convocó el diálogo defensorial para la transformación, en donde se abordó la problemática de las residencias escolares o internados en la Orinoquia y la Amazonia. 

Allí se contó con delegados de los ministerios de Educación, del Trabajo y del Deporte, además del Instituto de Bienestar Familiar y las secretarías de Educación de los departamentos del Guaviare, Vichada, Vaupés, Amazonas, Casanare y

Putumayo.

En el espacio se dialogó sobre la garantía del derecho a la educación en los internados, así como los requerimientos de los mismos, como una estrategia de prevención de posibles escenarios de violencia en estos conflictos sociales en la región, además del inicio de una mesa de trabajo que le apunte a la atención de las necesidades: una infraestructura adecuada, garantía de la alimentación, personal idóneo para el cuidado de los estudiantes y actividades para después de la jornada escolar, entre otras.

“Detectamos la necesidad de implementar una política pública que permita que estos espacios que posibilitan el derecho a la educación tengan una reglamentación clara”, dice Edisson Martínez, defensor de la seccional del Guaviare.

Pese a que el Ministerio de Educación reconoce la figura de las residencias escolares, estas no están reglamentadas, por lo que ese es el principal llamado de la comunidad educativa. Aurelio Zuluaga López, coordinador de la Institución Educativa Cerritos, señala la urgencia de que el proyecto de decreto, “por el cual se reglamenta el funcionamiento de las residencias escolares como estrategia para garantizar el y la permanencia al sistema educativo”, de agosto de 2018, sea una realidad. 

Zuluaga, docente en el departamento del Guaviare desde hace más de 20 años y conocedor de las dinámicas de distintos internados en la región, pide que ese decreto termine de construirse con la participación de la comunidad educativa, que es quien conoce el funcionamiento de esta figura, para que queden estipuladas las fuentes de financiación que suplirían las necesidades requeridas.

“Son menores de edad, campesinos de bajos recursos, y que viven en medio del conflicto armado. El decreto debe construirse con nosotros. Necesitamos que este sea un tema que le duela al resto de instituciones porque hasta el momento el único doliente que tenemos es la Defensoría del Pueblo”, concluye Zuluaga.

El licenciado Irineo Martínez, un boyacense que llegó al Guaviare en 1973, recuerda cómo en su segundo año de trabajo como educador fue ubicado en la escuela Bocas de la Fuga, del municipio de San José del Guaviare. “Por ser una población colona e indígena muy dispersa, decidimos alojar a los niños en la escuela. Los papás se encargarían de traer los alimentos y pagarían a la señora encargada del economato y cuidado de los estudiantes”, recuerda Irineo.

Sin embargo, ya para la década de los 50 se había establecido el programa de Núcleos e Internados Escolares Rurales, como parte de la rehabilitación social y económica de las regiones afectadas por la violencia política. En los años 70, los internados fueron respaldados por el Estado bajo la Educación Misional Contratada, lo que le permitió a la Iglesia católica istrarlos en todo el país. 

Pero, en los años 80, hubo un cambio en las políticas que desalentó la continuidad de los internados escolares, debido a su dependencia directa del Ministerio de Educación y su carga financiera. Actualmente, el departamento de Guaviare, según los datos de la Secretaría Departamental de Educación, cuenta con 46 residencias escolares que benefician a 3.525 estudiantes. En el Meta la cifra asciende a 67 residencias escolares, con atención a 3.560 estudiantes. Para el caso del Vaupés son 53 residencias escolares y atención a 1.949 estudiantes. En Caquetá son 58 residencias escolares, con 1.751 estudiantes atendidos.

El reporte para Guainía es de 11 residencias escolares, con atención a 1.450 estudiantes. En Vichada hay 37 escolares y 1.693 estudiantes atendidos. Y, finalmente, para el Amazonas las cifras apuntan a 10 residencias escolares.