En Córdoba, el diálogo ha sido clave en el desarrollo de las comunidades

En este 2023, la empresa Cerro Matoso, que el año pasado produjo 41.815 toneladas de ferroníquel y le aportó 728.395 millones de pesos al Estado colombiano por concepto de impuestos y regalías, cumple diez años de diálogo permanente y fluido con las comunidades vecinas a su operación, en el departamento de Córdoba.

En cuatro décadas, esta empresa ha estado trabajando con las comunidades, compromiso que se ha reforzado en los últimos 10 años y gracias a los procesos participativos, a través del diálogo social que han logrado llegar a acuerdos que redundan en el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones de la zona en la que realizan sus actividades.

La consulta previa es un mecanismo de participación establecido como derecho constitucional colectivo, específicamente de los grupos étnicos, para poder decidir sobre medidas legislativas y istrativas, proyectos, obras o actividades que se vayan a realizar dentro de sus territorios, con el objetivo de proteger su integridad cultural, social y económica.

En un hito histórico, la empresa desarrolló, en un mismo año, 25 procesos entre consultas previas, con las poblaciones afro e indígenas, y acuerdos de inversión voluntarios con comunidades campesinas de los municipios de Puerto Libertador, San José de Uré y Planeta Rica, teniendo como resultado que los proyectos de inversión social, ambiental y desarrollo económico obedezcan a las necesidades reales de la gente.

Camila Arango López es una madre soltera de 24 años de la Junta de Acción Comunal de Medio Rancho. Ha sido beneficiaria de los diferentes proyectos sociales, ella y su hijo de 3 años ahora cuentan con vivienda propia. “Lo bueno es que la construí de acuerdo con mis necesidades, con una habitación y cocina, además de la sala”, cuenta Camila.

El programa de mejoramiento y autoconstrucción de viviendas es solo uno de los tantos, en los que es la asamblea comunitaria quien toma la decisión de en qué y cómo se ejecutan las inversiones sociales que vienen de esta operación minero industrial en la región. Es así que, los programas sociales desarrollados gracias a la actividad minera, han aportado a reducir los indicadores de pobreza multidimensional de las personas y hogares en el departamento.

En los últimos 30 años, las Necesidades Básicas Insatisfechas de Córdoba disminuyeron en un 30 por ciento, pasando de 61 por ciento en 1993 al 30 por ciento en 2018.

La última medición del Índice de Pobreza Multidimensional realizada por la empresa, a través de un tercero en 2022, demuestra que las comunidades vecinas a Cerro Matoso han venido reduciendo más rápidamente sus índices de pobreza multidimensional, pasando de un indicador general de 38,9 por ciento en 2015 a 28,2 por ciento en 2022.

Estos resultados permiten inferir que los programas que vienen ejecutándose de manera conjunta con las comunidades sí están influyendo positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

El alcalde del municipio de Montelíbano, José David Cura, destaca las posibilidades que ha traído la actividad minera a su territorio. “Hemos hecho obras en conjunto como el Parque Minero y otras obras de infraestructura que impactan positivamente al municipio. En la parte social, específicamente con el Covid-19, sin el apoyo de esta empresa no hubiéramos logrado ser ejemplo en el tema de vacunación y atención a la población”, afirmó Cura.

En la totalidad del departamento, la operación de las distintas empresas mineras implica más de 6.000 empleos directos y a través de contratistas, lo que significa el sustento de cerca del 1 por ciento de los hogares del territorio.

El 4 por ciento del Producto Interno Bruto del departamento depende de la minería, que ha hecho aportes sociales importantes a Córdoba; solo Cerro Matoso ha destinado 128.000 millones de pesos en la última década. 90 por ciento de las exportaciones del departamento son mineras y Córdoba ha recibido 5.5 billones de pesos en regalías los últimos 10 años gracias a esta actividad.

El éxito del diálogo social Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, señala que la clave del diálogo fluido y eficaz ha sido la horizontalidad y la escucha.

“Nuestra articulación con las comunidades se ha enmarcado en la generación de confianza por medio de un diálogo, donde, con humildad, entendemos las prioridades y necesidades: eso es algo que llevamos en nuestro ADN”, señala Gaviria, quien explica que los tiempos, dinámicas y contextos de cada comunidad son diferentes: “Entonces ahí no nos sirve el querer gestionar el relacionamiento a través de una hoja de cálculo. Por eso la importancia de la escucha y el diálogo. Hay que cambiar paradigmas”, afirma el presidente de la compañía.

La experiencia en Córdoba se convierte en un ejemplo para el resto del país, donde las empresas pueden tardar años en el desarrollo de una sola consulta previa.

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), destaca que la minera es una muestra de cómo la articulación y el diálogo respetuoso y participativo entre comunidades e industria es posible y genera mejoras sustanciales en la calidad de vida de los habitantes de un territorio.

“Gracias a este proceso han contribuido por más de una década de manera significativa al progreso de la región, apoyando el desarrollo de nuevos emprendimientos, fomentando el empoderamiento de la mujer, la participación de las comunidades, generando nuevas oportunidades para la educación de niños y jóvenes, entre otros beneficios, que son posibles por el desarrollo de una actividad minera responsable y comprometida con el país”, indicó Nariño.

Programas de becas, proyectos de mejoramiento y nuevas viviendas, saneamiento básico, la construcción de una de las sedes más innovadoras del Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena- y programas de emprendimientos agrícolas y de inclusión con las comunidades vecinas, hacen parte de las acciones.

Esto sumado a una apuesta decidida por integrar a los de las comunidades vecinas en labores ambientales, dentro y fuera de la empresa. Solo en 2022, se lograron sembrar 86.213 árboles, además de la participación de más de 420 personas de las comunidades en su gestión ambiental.

De los 2.386 empleados directos y contratistas de la empresa, el 60 por ciento del equipo, es decir 1.430 personas, son de las comunidades y municipios vecinos a la operación de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Planeta Rica.

La conversación de las consultas previas ha trascendido lo que estipula la ley. Fruto de los acuerdos se han llevado a cabo proyectos con los que 464 familias han sido beneficiadas con la producción agrícola y pecuaria, se han intervenido más de 1.250 viviendas, más de 200 personas han iniciado estudios de educación superior y las comunidades han accedido a más de 1.000 hectáreas de tierra, necesario para el desarrollo de proyectos y su sostenibilidad como comunidades étnicas y

campesinas.

“El a la tierra, que es propiedad colectiva, fortalece a las comunidades y les facilita conseguir las ayudas del Estado. Una de nuestras banderas ha sido la de capacitar a las directivas de las comunidades para que sepan a qué instancias pueden acudir, y de qué manera, para mejorar su calidad de vida”, explica Gaviria.

En el municipio de Montelíbano, en Córdoba, desde hace seis años la gente cuenta con una sede del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) digna de envidiar en otros puntos del país. Con una inversión de 19.000 millones de pesos, la empresa Cerro Matoso, mediante sus programas de inversión social y del mecanismo de Obras por Impuestos, decidió dejarle este legado a la región donde realiza su actividad.

En un área de 11.500 metros cuadrados, hay tres fases en las que se imparten clases de construcción, soldadura, mecánica automotriz y costura, así como producción agropecuaria, cárnicos, fruver, panadería, cocina y barismo, estas últimas atendiendo la vocación agroindustrial de la zona.

Además de un polideportivo y árboles que se proyectan para dar sombra y hacer el espacio más verde y amigable.

Yonadis Domínguez, de 20 años, es una de las 1.200 personas que se capacitan en el lugar. Estudia Seguridad y Salud en el Trabajo y habla con propiedad de sus aprendizajes. “No tenía idea de cómo era la sede. Es un sitio cómodo, grande y cuenta con las condiciones óptimas”, dice.

Adalberto Guzmán le dobla la edad a Yonadis, pero igualmente aprovecha el espacio. Él estudia Mantenimiento de Motores Diésel y confiesa siempre haber sido un apasionado por la mecánica. “Me estoy demostrando que a mis 49 años no es tarde para estudiar y acá cuento con los mejores recursos”, afirma.

Otro de los factores a destacar de esta sede educativa, especialmente de la más reciente fase enfocada en agroindustria y producto del mecanismo de Obras por Impuestos, es que fue dotada con maquinaria y equipos especializados, de última tecnología. En total fueron 8.800 millones de pesos destinados a su construcción, generando más de 80 puestos de trabajo, 95 por ciento de personal de Montelíbano.

Además de la construcción de la moderna sede del Sena, la operación minera ha apoyado el a la educación superior de más de 200 personas de la región, de las que ya 62 se han graduado como profesionales, técnicos y tecnólogos a través del programa de becas de educación superior para comunidades vecinas.

Juan Camilo Meza, de Pueblo Flecha, un cabildo indígena Zenú, es uno de ellos. Tiene 27 años y, con el apoyo de la empresa, ahora es abogado. “Sin la beca mi historia hubiera sido totalmente distinta. Somos campesinos y yo nunca pensé que pudiera llegar a ser abogado”, cuenta Juan Camilo, el primero de su familia en ir a la universidad y graduarse de ella.

De hecho, sus conocimientos sirvieron en una de las consultas previas en las que participó su comunidad y en la que su concepto, en ese momento como estudiante de Derecho, fue apreciado por todas las partes del encuentro.

Otro caso es el de Yanira Peña, de 24 años e indígena Zenú del cabildo de Torno Rojo. Ella estudió negocios internacionales y se graduó con honores hace un año de la Universidad Santo Tomás de Medellín. “Es una de las experiencias más bonitas que he tenido. Fue muy luchado y apetecido”, asegura Yanira.

El legado de la actividad minera a la región va más allá de la educación. La inclusión también ha sido una de sus banderas, iniciando con la vinculación de personal de comunidades, así como de mujeres, tanto directo como a través de contratistas, evolucionando a participación de personal con discapacidad. En el marco de este objetivo, en 2021 se desarrolló el Proyecto Úrsula, que se constituye como un banco de hojas de vida de mujeres con profesiones requeridas en la industria, como ingenieras mecánicas, eléctricas, químicas, geólogas, entre otras.

Cerro Matoso concibió este programa al identificar poca participación de mujeres en ciertas posiciones profesionales, buscando así seguir cerrando brechas de género.

Para la versión 0.1 de Úrsula llegaron 700 hojas de vida, mientras que en su versión 0.2 fueron 1.200 las hojas de vida recibidas.

Gracias al programa, que lleva ese nombre en honor a la fuerza de la protagonista de la novela literaria colombiana Cien Años de Soledad, ahora Cerro Matoso cuenta con mujeres en supervisión de minas, mecánicas y eléctricas, entre otras.

La actividad de Cerro Matoso no es exclusivamente minera, por el contrario, solo un 10 por ciento de su operación se enfoca en la actividad de extracción, mientras que el 90 por ciento restante en la planta de procesamiento que le da un valor agregado al mineral.

Es así que lo que se obtiene es el ferroníquel, un elemento indispensable en la elaboración del acero inoxidable que se usa en distintas actividades como las industrias químicas, farmacéuticas, aeronáutica, naval, construcción y de mobiliario urbano, entre otras. También, es un insumo de la infraestructura que soporta la transición energética, como es solares y granjas eólicas. Precisamente uno de los proyectos de Cerro Matoso le apunta a que la producción de su industria pueda ser empleada en la elaboración de baterías, mediante la implementación de nuevas tecnologías.

Si bien en la actualidad el producto que se obtiene es 30 por ciento níquel y un 70 por ciento hierro, para el uso en las baterías se necesita invertir esa proporción. En este momento, las exportaciones del ferroníquel del departamento de Córdoba van principalmente a países asiáticos.