La universidad, otra de las promotoras del desarrollo

Tras la independencia de España, una de las preocupaciones fundamentales de Santander y de Bolívar era convertir “un pueblo de vasallos del rey en uno de ciudadanos de la república” y lograr que el Estado recuperara el control sobre la educación, hasta entonces en manos de la Iglesia y de diversas órdenes religiosas. “Querían una enseñanza enfocada en lograr más técnicos, más ingenieros y menos curas, filósofos y abogados. La instrucción pública debía estar al servicio de los urgentes intereses de supervivencia de la recientemente formada nación”, asegura el historiador Luis Enrique Rodríguez Baquero.

A lo largo del siglo XIX, el debate en torno a la educación se concentró en el papel de las instituciones en la formación de los ciudadanos. Del planteamiento de una educación gratuita, laica y obligatoria se pasó a propuestas menos liberales y más enfocadas a que la Iglesia recuperara el manejo de la instrucción. “La educación se convirtió en tema de importancia estratégica para los distintos proyectos políticos que compitieron por protagonizar y dominar la vida institucional de la nación. Cada vez que a la presidencia de la república llegaba un partido, la organización educativa vigente era objeto de total revisión y modificación”, acota el historiador.

Al terminar la guerra de los Mil Días en 1902 e iniciarse el nuevo siglo, el gobierno del presidente José Manuel Marroquín gestionó una política de reconstrucción económica y social que se expresó en la expedición de una serie de leyes con el propósito de regular y organizar la istración pública. En ese contexto se expidió la Ley 39 de 1903, que fue de capital importancia para la evolución de la educación en el país. “En sus disposiciones quedó expresa la influencia de la Iglesia católica en la enseñanza, la distribución de las responsabilidades financieras y istrativas entre la Nación, los departamentos y los municipios sobre la educación, la división rural urbana de la educación primaria, y la división técnica versus clásica de la educación secundaria”, sostiene Rodríguez Baquero.

Además, se dividió la enseñanza oficial en primaria, secundaria, industrial, profesional y artística. Y se estipuló expresamente que la educación pública en el país debía estar regida por los cánones de la religión católica y que la educación primaria debería ser gratuita pero no obligatoria.

Con la llegada al poder de Rafael Reyes (1904-1909) se aumentó el presupuesto para la educación y construcción de escuelas y colegios, y se estableció que, como resultado de la descentralización istrativa, el sistema escolar tendría la siguiente estructura: la Nación ejercería la función de inspeccionar y proporcionar útiles y textos a todas las escuelas primarias del país; cada departamento aportaría los recursos para prestar el servicio, pagar los maestros y asumir la dirección, protección y supervisión de la educación primaria, y cada municipio suministraría locales, mobiliarios y enseres para el funcionamiento de las escuelas urbanas y rurales. A su vez, cada concejo municipal apropiaría los recursos necesarios para suplir los requerimientos mencionados.

A partir de los años treinta, de acuerdo con una investigación del Banco de la República hecha por José Darío Uribe Escobar, María Teresa Ramírez y Juana Téllez, Evolución de la educación en Colombia durante el siglo XX, el gobierno liberal de Enrique Olaya Herrera modificó sustancialmente la política educativa del régimen conservador y orientó sus esfuerzos a centralizar el sistema. En ese mismo sentido, el gobierno de Alfonso López Pumarejo “juzgó la descentralización educativa como una de las principales causas del atraso de la educación en el país”.

Al iniciarse la década de los años cincuenta, la educación inició un proceso de avance significativo. “La mejora en las cifras educativas se dio en paralelo con una serie de cambios políticos, demográficos y de estructura económica que vivió el país durante estos años. En términos políticos, la primera etapa de esta expansión ocurrió a pesar de la violencia política observada entre 1946 y 1957”, precisan los investigadores.

Otro cambio fundamental en la educación se dio con la expedición de la Ley 30 de 1992, que la puso a tono con la apertura económica y se enfocó en que las universidades aportaran al desarrollo de nuevas tecnologías. Se supuso que los sectores privado y estatal podrían competir con mayor iniciativa en el mercado mundial, que se cerraría el abismo entre la educación y la realidad del país y, particularmente, que las universidades tendrían el compromiso de establecer posgrados y doctorados.

Con esta ley se instituyó la autonomía universitaria y se determinó que las instituciones de educación universitarias o tecnológicas tendrían autonomía para elegir sus directivos, manejar su presupuesto, fijar los costos de matrículas y adoptar sus regímenes de alumnos y docentes. Más importante aún, se ratificó la plena libertad de cátedra, según lo consagrado en la Constitución Nacional. Al Icetex se lo encargó de asignar becas y créditos a los estudiantes según excelencia académica y su escasez de recursos económicos.

Tras la expedición de la Ley 30 y de otras reformas posteriores, las universidades regionales adquirieron notable influencia e importancia en el contexto de la educación colombiana y pudieron tramitar licencias para nuevos programas de manera más rápida, por ejemplo. Hasta los años ochenta el a la educación superior era restringido y limitado, la oferta de universidades se limitaba a las grandes capitales y no cubría extensas zonas del territorio en donde la demanda era importante. La única opción para estudiar una carrera era emigrar a Bogotá, Medellín o Cali.

Hoy, la oferta de las universidades regionales es grande en número de establecimientos y programas. Cada capital del país tiene entre 12 y 15 instituciones de educación superior con cobertura en todas las áreas del conocimiento. En ese sentido, la Asociación Colombiana de Universidades considera que las universidades regionales deben seguir enfocándose en ofrecer más carreras técnicas y tecnológicas, con enfoques que estén de acuerdo con la realidad de sus zonas de influencia.

Al decir del investigador Santiago Borda Esquivel, la discusión que se está generando frente al modelo educativo brinda un espacio de discusión de propuestas enfocadas en el desarrollo de mejores profesionales y universidades comprometidas con el desarrollo del país. “La ley de regalías, en la cual se aprobaron los Fondos de Ciencia y Tecnología, de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación, brinda recursos para que surjan iniciativas locales en donde el desarrollo y la creación de conocimiento responda a sus necesidades”.

En su criterio, las expectativas de crecimiento económico del país, con los tratados de libre comercio, aumentan los incentivos a crear empresa y agilizan procesos que pueden llevar a estos centros a consolidarse como promotores del desarrollo.

Según el Ministerio de Educación Nacional, a 2021 la oferta de programas académicos con registro calificado de las instituciones de educación superior incluía 7.290 programas de pregrado, de los cuales 679 son técnicos profesionales; 2.183, tecnólogos, y 4.393, profesionales universitarios y 35 son especialización tecnológica. Se ofrecieron 6.527 programas de posgrado; de estos, 4.014 fueron especializaciones; 2.169, maestrías, y 344, doctorados.

Entre tanto, y por áreas de conocimiento, el 24,1 % de los programas acreditados con alto nivel de calidad corresponden a ingeniería, arquitectura y urbanismo; el 14,5 %, a economía, istración, contaduría y carreras afines; el 13,6 %, a ciencias de la educación; el 12,5 % a ciencias de la salud; el 11,5 % a ciencias sociales y humanas; el 8,3 % a bellas artes; el 7,5% a matemáticas y ciencias naturales; el 4 % TIC y el restante 3,8 % a programas de agronomía, veterinaria y afines.

En 2019 los diferentes programas de educación superior registraron 2’396.250 estudiantes, de los cuales 2’208.613 estaban matriculados en programas de pregrado (técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios) y 187.637 en programas de posgrado.

Por nivel de formación académica, 81.805 estudiantes (3,4%) pertenecían al nivel técnico profesional, 574.730 (24%) al tecnológico, 1’552.078 (64,8%) al universitario, 116.783 (4,9%) a especialización, 64.282 a maestría (2,7%) y 6.572 a doctorado (0,3%).

Del total de estudiantes el 50,8% asistieron a instituciones públicas y el 49,2% a instituciones privadas.

Fuente: Ministerio de Educación.