La voz de Soto Norte fue escuchada en foro virtual de EL TIEMPO

Con más de 5.000 espectadores se llevó a cabo el foro virtual 'Presente y Futuro de Soto Norte', en donde líderes de esta provincia santandereana, el Gobierno Nacional y de la comunidad científica expresaron sus ideas y preocupaciones sobre la actividad minera, impactos y beneficios para los territorios y la economía del país.

El foro, que se realizó la mañana de este jueves 4 de febrero, se inició con la intervención de cuatro líderes de Soto Norte (provincia compuesta por los municipios de Suratá, California, Vetas, Matanza, Charta y Tona), quienes resaltaron la tradición minera de esta zona del país y hablaron de los impactos que generó la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de archivar el trámite de licencia que adelantaba Minesa para iniciar su proyecto.

“La decisión no la esperábamos y nos dejó impactados porque muchos dependemos del proyecto Soto Norte de Minesa, por lo que expresamos nuestro inconformismo y pedimos que se escuchen nuestras voces ya que somos los que mejor conocemos y preservamos el territorio”, afirmó Edwin Blanco, presidente de Asojuntas de Suratá, quien agregó que sí es posible hacer minería mientras se cuida el medioambiente.

Por su parte, para Ivonne González, vocera del Movimiento Dignidad Minera, en estos momentos la región corre el riesgo de dar un salto al pasado, cuando en la provincia hicieron presencia grupos armados ilegales como las Farc y el Eln en busca del oro.

“El oro no se va a quedar en la montaña porque todo el mundo sabe dónde está. No es momento de rechazar proyectos que no solo traerían seguridad a la región sino también desarrollo y a los cuales el Gobierno Nacional les puede hacer seguimiento para vigilar que cumplan las normativas ambientales”, sentenció González.

Otro de los temas que se tocó durante el foro virtual fue el de la delimitación del páramo de Santurbán pues, dependiendo de esta, los habitantes de Soto Norte podrán o no realizar actividades económicas como la minería y la agricultura.

“Estamos de acuerdo con la conservación y hemos hecho minería siempre de la mano de la conservación. Sin embargo, la guerra mediática que hay con este tema distorsiona la información y los perjudicados somos nosotros. La minería está prohibida en los páramos y ahora quieren extenderla en el bosque alto andino lo cual nos dejaría sin posibilidades y nos asfixiaría”, comentó Fabio Maldonado, director del Gran Pacto Social de California (GPS).

Por último, Jorge Abad Maldonado, gerente de Calimineros, una empresa que firmó un subcontrato de formalización con Minesa y que contó con la mediación del Ministerio de Minas y Energía, afirmó que los están dejando a la deriva.

“Somos 160 familias las que queremos pasar de la informalidad a la legalidad, por lo que dependemos de este proyecto. Pero con estas decisiones se pierde la credibilidad en las instituciones y prácticamente nos es más fácil ser ilegales que legales por todas las trabas que nos ponen”, comentó Jorge Maldonado.

La segunda parte del foro virtual contó con la presencia de, Brigitte Baptiste, bióloga y rectora de la Universidad EAN, y la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, quienes hablaron sobre la situación actual de la minería en Colombia desde puntos de vista científicos y de gobierno.

Precisamente, para Baptiste las preocupaciones ambientales que generan los posibles impactos de la minería en los ecosistemas están mal enfocadas y hay otras actividades que sí necesitan ser más analizadas.

“La minería legal en Colombia no es ni de lejos la principal causa de preocupación ambiental, ya que está regulada y sometida a los juicios de la Corte y a la vigilancia de las instituciones. En cambio, la agricultura que con su uso de suelo, deforestación y uso de cuencas sí es la principal causa de preocupación ambiental para el país”, comentó Brigitte Baptiste.

Sumado a esto, tanto la rectora de la Universidad EAN como la viceministra Sandoval coincidieron que uno de los apartados más importantes es la legalización de la minería informal e ilegal que hay en el país.

“La minería legal hoy nos está generando 350.000 empleos directos y cerca de un millón indirectos. Es por esto que nuestra apuesta es formalizar y hacerles acompañamiento a 27.000 mineros en el país para que puedan seguir con sus actividades en el marco de la legalidad, con los debidos instrumentos mineros y ambientales”, comentó la viceministra.

Concretamente sobre el caso del proyecto Soto Norte de Minesa en Santander, Baptiste recordó que fue esta fue la primera región donde se hizo la delimitación de páramo para la exclusión de actividades minera y agropecuarias y agregó que “Soto Norte nos ha permitido aprender sobre la perspectiva de la minería moderna y el ordenamiento territorial asociado con la actividad minera”.

Finalmente, para las dos invitadas a esta sección del foro es importante realizar todas estas discusiones escuchando a los de la comunidad implicada y especialmente con argumentos técnicos y científicos que se alejen de los debates políticos que muchas veces solo buscan resultados electorales.