Reforma al Sistema General de Participaciones, por una mayor autonomía territorial

Bajo la premisa de que las decisiones sobre el desarrollo territorial no pueden tomarse desde un escritorio en Bogotá, sino que deben considerar a fondo las necesidades de la gente en el territorio, en días pasados el Congreso de la República aprobó la reforma al Sistema General de Participaciones, hecho que además de constituir uno de los cambios más importantes del Estado colombiano en la historia reciente, busca fortalecer la autonomía de las regiones al redefinir y aumentar la distribución de recursos y competencias entre los territorios y la Nación.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, el Sistema General de Participaciones (SGP) en Colombia es un mecanismo mediante el cual el gobierno nacional transfiere recursos económicos a las entidades territoriales, como departamentos y municipios, para atender los servicios básicos esenciales como educación, salud y acueducto y alcantarillado. Su distribución tiene en cuenta criterios como la población, las condiciones de vida y los niveles de pobreza de cada entidad territorial.

Hasta la fecha, la Nación transfería a los entes territoriales (alcaldías y gobernaciones) un poco más del 22% de sus ingresos corrientes (ICN). Sin embargo, con la reforma que aprobó el Congreso apoyada por el Gobierno Nacional, se crea una senda de crecimiento, a partir de 2027 y por doce años, hasta llegar al 39,5 % de los ICN para mejorar la prestación de los servicios básicos de educación, salud, agua para el consumo humano y saneamiento básico e infraestructura, y las competencias adicionales que designe la Ley. Esto último es clave porque es obligatorio la expedición de una ley de competencias nueva para que los cambios de la Constitución entren en funcionamiento.

Lo anterior se traduce, según el MinInterior, en saldar una deuda histórica con los departamentos y municipios que, desde la Constitución de 1991, se quedaron rezagados en materia de desarrollo por cuenta del modelo centralista que fracasó.

“Antes de la Constitución del 91, Colombia vivía un Estado totalmente centralista. Pero también es cierto que el centralismo ya fracasó y tenemos que aceptarlo para resolver los problemas de la gente y en eso tenemos que avanzar gradualmente. Ir hacia un Estado con mayor autonomía territorial. (…) El tamaño y la población no permiten que ese Estado se maneje desde un Gobierno central aquí en Bogotá, alejado de las realidades territoriales. El centralismo sí fracasó. Los intentos de descentralización, de autonomía territorial, no los hemos concretado, pero esta es una gran oportunidad para hacerlo”, detalló Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, en diálogo con Yamid Amat para EL TIEMPO.

De allí el surgimiento de una reforma al Sistema General de Participaciones que, entre otras, responde a una demanda insatisfecha de las regiones para contar con más autonomía financiera y istrativa. Además, es la forma para permitir que el Estado lleve toda su oferta a los territorios.

“La reforma propone una transferencia gradual y proporcional de competencias y recursos a los territorios, que no significa riesgo alguno para la sostenibilidad fiscal y que permitirá seguir cumpliendo con la regla fiscal. En complemento se diseñó la Ley de Competencias, que se tramitará durante el primer semestre de 2025 y sin cuya aprobación no entrará en vigencia la reforma al SGP”, puntualizaron en el MinInterior.

En ese sentido, la reforma no solo ordena que la Nación transfiera más recursos a las regiones, sino que también ordena que las regiones asuman más responsabilidades de gasto, por medio de la Ley de Competencias, que redefinirá las competencias de la Nación y los territorios, los cuales deberán fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la istración, ejecución y vigilancia de los programas y proyectos, mitigando riesgos financieros y de corrupción.

Se trata de una reorganización completa del Estado colombiano que arranca con esta reforma constitucional que estará acompañada de reformas legales de orden territorial, en asuntos claves como las competencias y el recaudo, entra muchos otros.

Asimismo, la redistribución de competencias y recursos está diseñada para priorizar el cierre de brechas territoriales. Muchas regiones y municipios del país enfrentan desigualdades históricas en la asignación de recursos y capacidades, por lo que la reforma pretende garantizar que los fondos se distribuyan de manera más justa, atendiendo las necesidades específicas de las comunidades más vulnerables, además de mayores capacidades (incluyendo asistencia técnica), lo que será catalizador para el fortalecimiento de la equidad regional.

“La reforma está pensada para tener un costo fiscal cero.

No se trata de crear desbalances entre ingresos y gastos, sino de adelgazar el Estado central y robustecer los Estados territoriales. No hay más plata para las regiones si no se redefinen las competencias. La reforma permitiría acabar con una forma perversa de la gestión de recursos por parte de los entes territoriales: hoy, alcaldes y gobernadores tienen que tocar las puertas en las entidades del nivel central para sacar adelante sus proyectos. La reforma del SGP permitiría mitigar con esa práctica porque las entidades territoriales tendrán a su cargo mayores responsabilidades y recursos”, señalaron en la cartera.

Por otro lado, la reforma también es una puerta a la transparencia y mitigación del robo del dinero público, pues esta incluye medidas para mejorar la supervisión en el uso de los recursos, evitando el mal uso o la corrupción, y asegurando que los ciudadanos conozcan cómo se están utilizando los fondos públicos. Allí, la Ley de Competencias entra a jugar un rol esencial, pues es a través de esta que “se incluirán mecanismos estrictos de control, veeduría ciudadana y rendición de cuentas, asegurando un manejo eficiente y transparente de los recursos, lo que contribuirá al desarrollo territorial y al fortalecimiento institucional”, explicaron en el Ministerio.

En conclusión, con la reforma constitucional al SGP y la Ley de Competencias se busca un rediseño del Estado y sus funciones, para garantizar que los colombianos tengan mayores oportunidades y puedan disfrutar en sus territorios, sin depender de las decisiones que se tomen en Bogotá.

“No nos podemos quedar anclados a un pasado de centralismo que no ha resuelto los problemas de los territorios en Colombia, que genera cada vez más frustración y más indignación contra el Gobierno central en esos territorios. Y yo creo que la manera de fortalecer la democracia y de fortalecer la unidad territorial de Colombia es precisamente avanzar en esa autonomía”, agregó el Ministro en entrevista con Yamid Amat para EL TIEMPO.