Hong Kong aprueba la polémica ley de seguridad que preocupa en Occidente: ¿por qué?

El Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó este martes el controvertido proyecto de ley de seguridad nacional, que entrará en vigor el próximo 23 de marzo, anunció el jefe Ejecutivo de la ciudad, John Lee.

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El proceso legislativo concluyó este martes con una sesión del Parlamento de la ciudad en el que sus 89 legisladores aprobaron el proyecto, que busca cubrir las lagunas de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en junio de 2020 después de que la ciudad registrase multitudinarias protestas antigubernamentales en 2019.

La normativa, contenida en el llamado artículo 23 de la Ley Fundamental, ha suscitado preocupación en la Unión Europea y en países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, que han expresado su temor de que la nueva norma, sumada a la ley de seguridad nacional promulgada en Pekín, recorte aún más los derechos y libertades en Hong Kong.

Esta legislación se ha aprobado de forma acelerada en tan solo 11 días, el plazo más corto en el que se ha tramitado un proyecto de ley en la ciudad, a pesar de las voces críticas que han alertado de que puede conllevar grandes riesgos para las libertades civiles.

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La nueva ley estipula cinco nuevas categorías de infracciones, además de las incluidas en el texto de 2020: traición, insurrección, espionaje, sabotaje de la seguridad nacional e interferencia extranjera. Sus críticos la consideran el último paso de una amplia represión política desencadenada por las protestas prodemocráticas de 2019. 

El jefe de Seguridad hongkonés, Chris Tang, comparó la aprobación de la tercera lectura del proyecto de ley con la gestación de su bebé "recién nacido que, tras tantos abortos involuntarios, le produce sentimientos encontrados".

Tang destacó los esfuerzos tanto del Gobierno como del Parlamento en la promoción de la nueva normativa, pero atribuyó su éxito principalmente “al reconocimiento por parte de los residentes de la importancia de salvaguardar la seguridad nacional”.

El artículo 23 de la Ley Fundamental exige que la ciudad promulgue sus propias leyes para prohibir cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno central o robo de secretos de Estado, impedir que organizaciones políticas extranjeras lleven a cabo actividades en la ciudad y vetar a grupos políticos locales que establezcan vínculos con sus homólogos extranjeros.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, criticó la adopción "acelerada" de la ley, que calificó de "un paso atrás en la protección de los derechos humanos".

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En la nueva legislación figuran crímenes que pueden acarrear una pena máxima de cadena perpetua, entre ellos la traición, insurrección, incitación a un miembro de las fuerzas armadas chinas a amotinarse, así como la connivencia con fuerzas externas para dañar o debilitar infraestructuras públicas con el fin de poner en peligro la seguridad nacional.

Durante la sesión legislativa de este martes, el titular de Seguridad trató de aclarar las dudas sobre algunos de estos delitos.

Tang justificó el castigo de la sedición porque "las fuerzas contrarias a China han estado atizando con su odio y ensalzando la violencia para debilitar la conciencia respetuosa con la ley de los residentes y sembrar la semilla de la revolución de colores".

El gobierno de la excolonia británica ha subrayado la urgencia de promulgar un Decreto de Seguridad Nacional en cumplimiento de su obligación constitucional, para lo que se requiere implementar una normativa local que cubra las lagunas de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín.

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La parlamentaria Priscilla Leung explicó que son necesarios “límites legales mejor definidos que ofrezcan claridad”, y que la ciudad “debe declarar al mundo entero que se trata de una norma de alta calidad que se ajusta a los principios del derecho consuetudinario y cumple las normas internacionales”.

"Aquellos que experimentaron la violencia vestida de negro de 2019 saben que, sin una ordenanza de seguridad nacional completa, esto se convertirá en una ciudad sin ley", recalcó.

Hong Kong inició el proceso de promulgación de esta legislación el 30 de enero con un periodo de consulta pública de cuatro semanas que generó más de 13.000 propuestas y un apoyo ciudadano del 98%, según el gobierno.

Desde que se presentó el proyecto de ley, el 8 de marzo, un comité celebró reuniones diarias tras el llamamiento del líder hongkonés para aprobarlo "a toda velocidad".

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En el ámbito territorial, el artículo 23 ha sido recibido con poca oposición, aunque la organización prodemocrática “Liga de Socialdemócratas” ha expresado su preocupación por el posible impacto negativo que pueda tener en las garantías de libertades en la ciudad.

La última vez que se intentó aplicar el artículo 23 en Hong Kong en 2003, alrededor de medio millón de personas salieron a las calles en oposición a esta iniciativa y en defensa de los valores democráticos.

Según Lee, esta nueva legislación era necesaria para subsanar las lagunas de la ley de 2020.

Para el dirigente, votar esta ley era una "responsabilidad constitucional" de Hong Kong, como lo exige la "Basic Law", la Constitución que rige en la isla desde que el Reino Unido devolvió el territorio a China en 1997.

La ley "permitirá a Hong Kong prevenir, prohibir y castigar eficazmente las actividades de espionaje, los complots y trampas de los servicios de inteligencia extranjeros, la infiltración y el sabotaje realizados por las fuerzas hostiles", declaró Lee.

La nueva legislación también servirá para "prevenir eficazmente la violencia (...) y las revoluciones de color", agregó, en alusión a las manifestaciones masivas prodemocracia que empezaron en 2019.

Lee, sancionado por Washington precisamente por su gestión en estas protestas cuando era jefe de la seguridad, calificó la nueva ley de "candado eficaz contra los ladrones", en un contexto en que las autoridades quieren luchar contra "las amenazas de las fuerzas exteriores y del terrorismo local".

Los delitos más graves, como la traición y la insurrección, pueden acarrear penas de cadena perpetua. El espionaje y los ciberataques pueden suponer hasta 20 años de cárcel.

La sedición, ya sea una palabra, un acto o una publicación que incite "al odio, el menosprecio o el rechazo" de las instituciones y autoridades chinas o hongkonesas, puede ser castigado con penas de siete años de cárcel, o diez si se comete "en colusión con una fuerza exterior".

Cuando Hong Kong fue devuelto a China, el territorio tenía garantizadas ciertas libertades políticas, así como una autonomía judicial y legislativa, durante 50 años, en el marco del acuerdo "Un país, dos sistemas".

Este acuerdo permitió reforzar el estatuto de centro financiero mundial de la ciudad, gracias a un sistema judicial fiable y a las libertades políticas diferentes de las del resto de China.

El nuevo texto pone fin a una parte importante de las garantías judiciales de Hong Kong, para asimilarse a la legislación de China continental.

Para el jurista Michael Davis, la nueva ley tendrá consecuencias "espectaculares" en el territorio.

El texto se apoya en la ley impuesta en 2020 por Pekín y la lleva "a un nivel mucho más elevado, adoptando plenamente el sistema chino continental", dijo a la AFP. Se trata de una transición de "un orden constitucional liberal hacia un régimen de seguridad nacional represivo".

EFE y AFP