Ataque de la Corte Suprema de EE. UU. a población LGBTI y al sistema electoral

Fresca aún la sentencia que acabó con las protecciones constitucionales que existían frente al aborto en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia en este país, controlada por los conservadores, tiene ahora sus ojos puestos en otros dos frentes de alto impacto social y político. 

Por un lado, los derechos de las comunidades LGBTIQ+ y, por otro, el mismo sistema electoral y la manera como los estadounidenses escogen a sus gobernantes. La Corte, que está compuesta por seis conservadores y tres liberales, inició en estos últimos diez días el estudio de dos casos que podrían causar profundos cambios en ambos frentes y cuya sentencia se conocerá en las próximas semanas.

El primero concierne a Lorie Smith, una diseñadora gráfica en Colorado que se dedica a crear contenido web para parejas que piensan contraer matrimonio. Sin embargo, solo cree válido el matrimonio entre un hombre y una mujer y se niega a ofrecer sus servicios a personas del mismo sexo. Pero más allá de eso, y que fue lo que en parte provocó la intervención del Estado, quiere publicitar en estas páginas las razones por las cuales no les piensa prestar servicio a estas comunidades.

Dos cortes inferiores ya han fallado en contra de Smith, alegando que su decisión de no prestar el servicio y de además querer publicitar sus razones violan las leyes del estado, que prohíben discriminar a una persona por razones religiosas, raciales o por su orientación sexual.

Aunque en su demanda ante la Corte Suprema, Smith alegó que se estaban vulnerando sus convicciones religiosas —por forzarla a prestarle servicio a personas LGBTIQ+—, esta máxima instancia judicial no está mirando este aspecto, sino el de la libertad de expresión, también protegido por la Constitución. En otras palabras, su derecho a poder decir en las páginas web de su negocio que no presta servicios a gais por considerarlos ilegales y una desviación moral.

(Lectura sugerida: El colombiano que lideró el juicio de fraude fiscal contra la Organización Trump).

De acuerdo con los abogados que representan al estado, Smith está confundiendo su derecho a la libre expresión con la venta de un producto. “Los residentes de este estado no deberían tener que preocuparse por que los rechacen por lo que son. Smith es libre de ofrecer páginas web que incluyan, por ejemplo, citas bíblicas que describen el matrimonio como la unión de un hombre a una mujer. Pero luego su negocio está obligado a vender lo que ofrece a cualquiera que lo solicite, sin importar su raza, religión u orientación sexual. Creyentes o ateos tienen derecho a comprar ese producto si así lo desean”, afirma el fiscal general del estado, Philip Weiser. 

De acuerdo con Weiser, no hacerlo sería equivalente a los letreros que se ponían en algunos negocios en la era de la segregación racial cuando ofrecían servicios solo para “gente blanca” y que la Corte Suprema ya había declarado inconstitucionales. Hace décadas, en una sentencia previa, está máxima instancia judicial declaró ilegal un hotel que solo quería prestarles servicios a blancos y un restaurante que se negaba a sentar en un mismo comedor a personas afro porque iba en contra de las creencias religiosas de su dueño. 

Smith, por su parte, alega que se está censurando su derecho a expresarse libremente.

Muchos temen que la Corte, al decidir tomar el caso, lo que pretende es revisar ese precedente y erosionar los derechos que han ido adquiriendo las comunidades LGBTQ+ en años recientes. 

De hecho, hay quienes creen que el objetivo final de la Corte es abolir el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, que esta misma Corte, pero con otra composición, otorgó en el 2015. Y fue la razón, además, por la que el Congreso de EE. UU. acaba de aprobar una ley que ofrece protecciones constitucionales a este tipo de matrimonios. 

La situación, en todo caso, ha desatado una nueva ‘guerra cultural’ que amenaza con dividir aún más el país. Para un sector, si la Corte le da la razón al estado, estaría obligando a los residentes a hacer cosas contrarias a sus creencias. Para el otro, al inclinarse en favor de Smith habría un enorme agujero en las leyes antidiscriminación, abriendo la puerta para que los negocios en el país se rehúsen a ofrecer sus servicios no solo a gais, sino a afros o personas de otra religión, por ejemplo. 

“Uno puede creer en lo que quiera. Pero una vez decides tener un negocio entonces tienes que ofrecer el servicio a todos, sin discriminar. Si Smith gana, viviremos en un mundo en el que una empresa que ofrece un servicio creativo puede poner un letrero que diga ‘No para mujeres, o judíos, o negros’ y alegar que la Primera Enmienda que garantiza la libre expresión los protege. No queremos vivir en ese mundo, no creemos que la Primera Enmienda nos lo requiera”, sostiene David Cole, director legal de la Unión para las Libertades Civiles de América (Aclu). 

Para los expertos, sin embargo, las preguntas que han hecho los magistrados durante las primeras audiencias adelantadas indican que los seis conservadores se inclinan más por los argumentos de Smith. 

El otro caso ante la Corte es igualmente complejo. El año pasado, el legislativo de Carolina del Norte, controlado por republicanos, aprobó un nuevo mapa electoral para delimitar los 14 distritos que hay en el estado y que corresponden a las 14 curules que el estado tiene en el Congreso Nacional. Pese a que Carolina del Norte es considerado un ‘estado gris’ donde ninguno de los dos partidos tiene una clara mayoría (Donald Trump obtuvo en 2022 el 50 por ciento de los voto vs. el 49 por ciento de Biden), el mapa aprobado otorgaba a los republicanos una victoria segura en 10 de los 14 distritos.

(Puede interesarle: Fentanilo dispara muertes por sobredosis en Estados Unidos: la mayoría jóvenes).

Luego de varias demandas, la Corte Suprema del estado concluyó que el mapa era claramente partidista y violaba las cláusulas que garantizan igualdad electoral. Dado que las elecciones del 2022 estaban a la vuelta de la esquina, la Corte aprobó un nuevo mapa temporal donde distribuía la ventaja por igual (7 para cada partido).

Los republicanos, como se esperaba, demandaron la decisión ante la Corte Suprema Nacional utilizando un argumento que es visto como extremo y de enormes implicaciones para el sistema electoral de todo el país. Se llama la “teoría de la legislatura estatal independiente”, y bajo esta la Constitución otorga el derecho a los congresos estatales para que diseñen su sistema electoral sin que pueda ser revisado por las cortes o por el ejecutivo (en este caso el gobernador) para determinar si se han cometido violaciones a otros derechos de sufragio.

“Este caso no es otra cosa que un desafío directo a nuestro sistema de pesos y contrapesos, donde las cortes y los ejecutivos tienen una voz en las decisiones del legislativo. Alegar que no la tienen colinda con lo más extremo”, dijo el exfiscal general Eric Holder, que hace parte de este proceso judicial.

Si la Corte diera la razón a los republicanos de Carolina del Norte, esta y otras legislaturas estatales podrían aprobar las normas electorales que les parezcan, aún si suprimen el derecho al voto de ciertos grupos o están diseñadas para favorecerlos. Incluso, a muchos les preocupa que puedan ser usadas para desconocer los resultados en las elecciones presidenciales, si a los legisladores no les gusta el ganador.

Esa teoría, entre otras cosas, fue la que esgrimió uno de los abogados de Trump cuando este pretendía que los congresos estatales en Arizona y Georgia desconocieran la victoria de Biden y le dieran el triunfo. La Corte, según los entendidos, estaría tratando de buscar un punto medio en el que el Poder Judicial no puede desconocer la voluntad del legislativo al punto de imponer su propio mapa electoral, pero tampoco pierde su función de fiscalización cuando lo aprobado claramente se aleja de lo establecido por las normas nacionales y el espíritu de imparcialidad electoral que sostiene la democracia.

En cualquier caso, tanto en lo referido a los derechos de las comunidades LGBTIQ+ como a lo que concierne al sistema electoral, la Corte Suprema ha comenzado a navegar por aguas desconocidas. Y su decisión final, como lo sucedido con el tema del aborto, podría alterar las reglas de juego que gobiernan la vida de millones. 

El asunto es controvertido porque la Corte, en su composición actual, no es representativa de la distribución política de EE. UU., pero está modificando —con sus decisiones— fibras muy profundas que afectan a la mayoría. De hecho, como han demostrado las últimas elecciones presidenciales, en el país hay más demócratas que republicanos (51 por ciento vs. 49 por ciento aproximadamente). Y, sin embargo, este último partido tiene una representación del 66 por ciento en el máximo tribunal. Además, tres de esos seis jueces fueron nominados por el expresidente Donald Trump y al menos dos de ellos en circunstancias muy polémicas.

(Siga leyendo: EE. UU.: Fiscal general pide que la coca y el crack reciban el mismo trato penal).

Cuando murió el juez Antonin Scalia, en enero del 2018, los republicanos, que controlaban el Senado, se negaron a considerar al nominado por el presidente Barack Obama alegando que ese mismo año, en noviembre, había elecciones y por lo tanto la selección debía corresponderle al nuevo mandatario. Pero luego, en 2022, al presentarse un escenario casi idéntico tras el deceso de la jueza Ruth Bader Ginsburg, permitieron que Trump escogiera al magistrado pese a que las elecciones estaban a solo dos meses.

Adicionalmente, dado que los nombramientos a la Corte tienen carácter vitalicio, los elegidos por Trump podrían estar en la Corte dos o tres décadas dado que escogió a personas muy jóvenes que actualmente tienen menos de 60 años.

Ese desbalance ha desatado todo un movimiento que pretende reformar la Corte para volverla menos política. Por un lado se pretende limitar el período a entre 15 y 18 años. Por otro, se ha propuesto expandir a 11 el cupo de magistrados para permitir que Biden nomine a jueces más liberales que acerquen la composición de la Corte a una más en línea con el sentir de la mayoría.

Pero se trata de alteraciones complejas, pues requieren reformas constitucionales que no se ven viables en este clima político. Una encrucijada tremenda que, sin lugar a dudas, marcará el futuro de las próximas generaciones en Estados Unidos.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO (Washington)

En Twitter: @sergom68