EE. UU., inclinado a revertir decisión que legalizó el aborto hace 50 años

La decisión final de la Corte Suprema de Justicia no se espera sino hasta junio o julio del año entrante. Pero los eventos de los últimos días indican, con toda claridad, que el derecho al aborto en Estados Unidos, en vigor desde hace casi 50 años, va camino a una profunda transformación. Tan profunda que podría desaparecer del todo en la mitad de los estados del país, o al menos, verse severamente limitado.

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En gran parte era algo que se venía anticipando desde el año pasado, cuando el Senado, en una polémica votación de última hora, confirmó a Amy Coney Barrett para llenar la vacante que se abrió tras la muerte de la juez liberal Ruth Bader Ginsburg.

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Con Barrett, que fue nominada por el expresidente Donald Trump, los conservadores alcanzaron una sólida mayoría de 6 seis asientos en esta institución, que está compuesta por 9 cuyas funciones son vitalicias.

Desde entonces, de acuerdo con la mayoría de los analistas, era cuestión de tiempo antes de que la nueva corte decidiera “meterle el diente” a un tema que es explosivo y que lleva años décadas dividiendo a la sociedad estadounidense.

Y ese momento llegó la semana pasada, cuando la corte inició el estudio de una ley aprobada por el estado de Misisipi en el 2018. La ley conocida, como H.B. 1510 o el Acto para la Edad Gestacional, prohibió los abortos a partir de las 15 semanas desde el momento de la concepción salvo en casos cuando exista una malformación severa del feto, pero no para embarazos producto de violación o incesto.

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El Jackson Women’s Health Organization, la única clínica que tiene licencia en el estado para realizar la práctica demandó la medida por inconstitucional, alegando que viola dos decisiones previas de la Corte que garantizan este derecho en EE. UU.

La primera es Roe vs. Wade, adoptada en 1973, y bajo la cual 7 de los 9 jueces que en ese entonces conformaban la Corte, concluyeron que la Constitución protegía el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo sin una intervención excesiva del gobierno.

Esa Corte estableció, a su vez, un “marco” de acción para reglamentar el derecho. Bajo ese marco ningún estado puede interferir con el derecho durante el primer trimestre de embarazo, y solo puede establecer regulaciones de salubridad durante el segundo trimestre, pero sin que se prohíba el aborto como tal. Para el tercer trimestre los estados sí podrían establecer prohibiciones siempre y cuando no esté en riesgo la salud o vida de la paciente.

La segunda decisión fue Planned Parenthood vs. Casey, 19 años más tarde, cuando la Corte reafirmó el derecho establecido bajo Roe Vs. Wade, pero con algunas modificaciones. Entre ellas, que el derecho a interrumpir el embarazo solo llega hasta la semana 24 de gestación o cuando el feto ya puede sobrevivir por fuera de la madre.

Así mismo, eliminó el marco de la primera decisión y lo reemplazó por un nuevo concepto: la carga indebida u obstáculo sustancial. En otras palabras, que los estados podrían restringir el aborto siempre y cuando no obstaculicen de manera excesiva el derecho a interrumpir el embarazo antes de la fecha de viabilidad (24 semanas).

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Desde entonces, y a pesar de que muchos estados han aprobado medidas que limitan o controlan la práctica, ambas decisiones habían protegido esa potestad.

Y las Cortes que siguieron tras Roe y Casey habían adoptado el principio de no interferir con el precedente creado por sus antecesores.

Y desde la perspectiva de la clínica de Misisipi, la ley aprobada del estado está en clara violación a las normas pues prohíbe la práctica después de las 15 semanas y/o crea una “carga indebida” para las mujeres en el ejercicio a su derecho constitucional.

Aunque los jueces actuales no han fallado aún y todavía faltan meses de deliberación, sus posturas anteriores frente al tema indican hacia dónde se dirige la decisión.

Tres de los jueces conservadores -Clarence Thomas, Samuel Alito, y Jon Roberts- ya han dejado claro en el pasado su oposición frente a Roe y Casey.

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Aunque sus razones tienen matices, todos consideran que con ellas se creó un derecho que no estaba en la Constitución, un documento, dicen que es neutro. Alegan que cada estado debería ser libre para adoptar su propio criterio por vías democrática o nivel nacional a través de una ley aprobada por el Congreso.

Así mismo, no se sienten atados al precedente pues consideran que si las decisiones anteriores fueron equivocadas el sistema debe permitir su revisión.

La pregunta que estaba pendiente era establecer la posición de los 3 nuevos jueces que nombró Trump a lo largo de sus cuatro años en la Casa Blanca.

Algo que tampoco era un misterio pues desde el comienzo el republicano advirtió que nominaría a magistrados que se inclinaran por revertir Roe vs. Wade, pero que comenzó a despejarse la semana pasada durante los argumentos orales ante la Corte sobre la ley de Misisippi.

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Tanto Neil M. Gorsuch como Brett M. Kavanaugh indicaron que, a su juicio, la Constitución es un texto que debe ser neutral. También que los plazos establecidos por las Cortes anteriores -las 24 semanas- fueron arbitrarios.

Barrett, sin ser del todo clara, soltó un argumento que da luces sobre su postura. Según ella, si las mujeres tienen la posibilidad de dar a sus hijos en adopción limitar o prohibir el aborto no constituye una “carga indebida” u “obstáculo sustancial”.

Roberts, que es el presidente de la Corte y el más moderado de los seis, intentó buscar una línea intermedia al indicar que las 15 semanas le parecía un plazo razonable pues el 90 por ciento de los abortos suceden en ese período y por lo tanto no se lesionaría el derecho como tal.

Kavanaugh, por su parte, ha dado signos de que favorece una aproximación gradual a la hora de hacer cambios profundos como el que están considerando y podría estar más cerca de la línea de Roberts.

Es decir, los seis parecen estar de acuerdo en que la ley Misisipi no sería inconstitucional, lo cual abriría la puerta para que otros estados pasen leyes semejantes que limitarían el derecho.

Pero muchos creen que los jueces quieren ir más allá. Y su reciente decisión de no bloquear otra ley de Texas que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas habla por sí sola.

De hecho, al menos cuatro de ellos -por el momento- favorecen la abolición total de Roe y Casey y habrá mucha presión para que aparezca el quinto voto.

“La pregunta no es si el derecho al aborto en EE.UU. va a ser limitado. La pregunta ahora es cuánto será restringido”, afirma Richard Lazarus, profesor de derecho en la Universidad de Harvard y que lleva años estudiando las decisiones de la Corte.

Para los tres jueces de orientación liberal en la corte la posición de los conservadores podría destruir la institución pues sería interpretada como una decisión política solo posible gracias a su mayoría.

“¿Sobrevivirá esta institución el hedor que crea en la percepción pública que la Constitución y como es interpretada es solo un acto político? No veo cómo eso es posible”, dijo la magistrada Sonia Sotamayor.

Según Sotomayor, “el derecho de una mujer a escoger, a controlar su propio cuerpo” ya había sido plenamente establecido desde 1973 y nunca antes desafiado.

“Ustedes lo que quieren es que rechacemos ese estándar de viabilidad (las 24 semanas) y simplemente creemos uno nuevo... El estado lo que está definiendo a través de esta ley es cuándo comienza la vida. ¿Cómo no es eso una posición religiosa?”, le preguntó la juez a los fiscales del estado que defienden la medida.

De acuerdo con la magistrada, además, alegar que la Constitución es neutra porque no menciona de manera específica el derecho al aborto pondría en tela de juicio muchos otros derechos que no están contemplados, como el de portar armas. Algo que podrían tener enormes ramificaciones a futuro si se establece eso como el rasero para su protección.

Jennifer Rubin, analista del Washington Post, lo puso en otros términos. Según ella, el corazón de Roe y de Casey es que la decisión de continuar con un embarazo es muy íntima y personal como para que un Estado la tome por ella. “Obligar a una mujer a que continué con su embarazo es robarle un componente esencial de su humanidad”, afirma esta analista tras anotar que si Roe y Casey caen el aborto sería prohibido de manera inmediata en 26 estados del país.

Otros grupos que defiende la práctica, como el Guttmacher Institute, sostienen que los nuevos límites o la prohibición total crearía nuevos problemas que ya se habían superado, como las clínicas clandestinas, los abortos caseros, el desplazamiento forzado de mujeres a estados donde si es permitido y embarazos no deseados.

En cualquier caso, la decisión a la que llegue la Corte tendrá un gran impacto político pues llegará justo antes de las elecciones legislativas de mitad de término previstas para el año entrante, cuando se define el control del Congreso.

Y ambos partidos ya están viendo en el tema un nuevo frente de batalla que podría definir al ganador. Para los demócratas, se trata de una embestida conservadora contra las mujeres y sus derechos y no hay duda de que tratarán de explotar esa posición.

Para los republicanos, que llevan décadas tratando de anular el aborto, sería prueba de que escoger a Trump fue la decisión correcta -porque sus jueces le cumplieron- y que los estadounidenses harían bien en premiarlos con el Capitolio para que sigan defendiendo esta y otras causas del movimiento conservador.

Lo único claro, de momento, es que la Corte se aproxima a una decisión monumental que evitó por 50 años pero que podría marcar la política por otros 50 más.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

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