El alto riesgo de un colapso inimaginado en la democracia perfecta

El gran faro de la democracia mundial tiene hoy tantas grietas que sus bases están seriamente amenazadas. Y el papel de Trump en esto ha sido, literalmente, demoledor. Análisis.

Una porción significativa del poder relativo de un país en el contexto internacional es, paradójicamente, no la fuerza sino la iración. La influencia y el acatamiento que logra una nación no solo tiene que ver con su capacidad militar o la fortaleza de su economía y de su moneda.

A modo de ejemplo. El uso de la fuerza, por parte de  Estados Unidos, le ha dado pocos réditos. Sus ejércitos han perdido prácticamente todas las guerras en que se ha involucrado desde mediados del siglo pasado. A pesar de ello, los estadounidenses han ejercido un liderazgo en las relaciones internacionales que se explica, en buena parte, por el imaginario de que es la democracia perfecta.

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Un axioma ineludible del accionar internacional de las potencias es que el sometimiento de otros pueblos y el ejercicio del poder necesariamente requiere de una justificación moral que ofrezca una racionalidad ‘ética’ a la dominación. Ese discurso para los españoles fue la conversión al catolicismo de los indígenas; para los ingleses fue la ‘carga’ de impregnar de civilización a otros pueblos; para los nazis, la supremacía racial… En el caso de los Estados Unidos ha sido la convicción de que son una democracia única, ejemplo para las demás naciones. Los analistas denominan a esta concepción american exceptionalism.

Stephen Walt lo describe así: “El excepcionalismo americano tiene como presupuesto que los valores estadounidenses, su sistema político y su historia son únicos y merecen iración universal. También implica que los Estados Unidos está destinado y tiene el derecho a jugar un papel particular y positivo en el escenario mundial”. Cabe resaltar que en este caso, ‘la justificación moral’ no nace de la autoridad celestial o de la superioridad racial; emerge de la creencia de una primacía global de los valores democráticos de su sociedad. Y en la dimensión internacional, el rol que ha ejercido Estados Unidos como “la nación indispensable” se construye precisamente sobre esta idea.

Por eso, su involucramiento militar más allá de las fronteras, la injerencia directa en los asuntos internos de otros Estados, e incluso la utilización de prácticas de tortura prohibidas por el derecho internacional, se han escudado en la ‘autoridad’ que les otorga su condición de protectores de la libertad y los valores democráticos.

Ergo, la capacidad de convocatoria e influencia de Estados Unidos se ve disminuida en la medida que aparecen grietas inocultables en la fachada democrática de su régimen institucional. Y eso es lo que ha venido ocurriendo desde la llegada de Donald Trump.

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Las democracias tienen tiempos de exuberancia de libertades y tiempos de limitaciones al ejercicio de los derechos. Sin embargo, esos ires y venires no son necesariamente disrupciones estructurales que ponen a las instituciones democráticas en riesgo de una crisis fundamental. En el caso de Estados Unidos, esas desviaciones autoritarias históricamente han tendido a corregirse política y electoralmente, o a través del control que ejerce la división de poderes.

Pero esta dinámica de retorno al equilibrio democrático se ha roto de manera peligrosa con el talante autocrático y dictatorial de Trump. Por sus dimensiones y la magnitud de las consecuencias que ha traído, representa una situación política excepcional en la historia de ese país. No es exagerado señalar que esta vez sí es diferente y no se trata de una desviación coyuntural o temporal, producto de las circunstancias. Estamos, literalmente, ante una posible ruptura en el discurrir histórico de la democracia estadounidense.

La interpretación de Trump sobre el alcance del poder de la Casa Blanca es la mejor ilustración de su actitud absolutista, totalmente contraria al espíritu de la Constitución. El mandatario está convencido de que: “Yo tengo la autoridad decisiva… Cuando alguien es presidente de los Estados Unidos, la autoridad es total y esa es la forma en que debe ser… Es total”. Reconocidos constitucionalistas de ambos partidos procedieron a refutar esa tesis; sin embargo, eso no ha disuadido a Trump de actuar despóticamente pasándose por la faja la división de poderes.

El presidente Trump es uno de los mandatarios estadounidenses que han utilizado de manera más extensa los poderes especiales y las órdenes ejecutivas para imponer su agenda y aquellas políticas que sabe no tienen buen recibo en el Legislativo o en el Poder Judicial. En su primer año de gobierno emitió 55 órdenes ejecutivas y desvió irregularmente fondos para la construcción del muro en la frontera con México. En lo corrido de este año ha emitido 33 órdenes ejecutivas; e invocó la Ley de Producción para la Defensa, que le permite ordenar al sector privado cuáles elementos debe producir; ha echado a ocho inspectores generales y a politizado totalmente el Departamento de Justicia.

La brutal muerte de George Floyd fue la gota que rebosó la copa. En todo el país estallaron marchas de protesta por ese asesinato, las cuales evolucionaron rápidamente hacia un movimiento político multirracial en contra de la injusticia, la discriminación y la desigualdad. Aun cuando para nadie es un secreto la discriminación en Estados Unidos, el ímpetu y alcance de la protesta de ‘Black Lives Matter’ y su denuncia del racismo sistémico generaron una amplia solidaridad global.

Con el video del asesinato de Floyd y la generalización de las marchas, quedó evidente, a plena luz del día, ante el mundo, que Estados Unidos no es precisamente Disneylandia. La opinión pública internacional, en particular los jóvenes de muchos países, ‘descubrieron’ una situación de injusticia que antes les era invisible y consideraban imposible. Las marchas en las principales avenidas hicieron innegable la profundidad de la injusticia sistémica degradando aún más la credibilidad global del concepto de la supremacía democrática estadounidense.

Según la OECD, el coeficiente Gini de los Estados Unidos es el peor de los países industrializados. El 0,1 % de la población recibe ingresos que corresponden a doscientas veces el total de lo que llega al 90 % de la población. Esa desigualdad se ha acentuado profundamente con Trump gracias a su política fiscal que favorece a los más ricos, y al desmantelamiento de la red de apoyo social. La popularidad del excandidato Bernie Sanders demostró el profundo descontento social con la abismal brecha de ingresos que caracteriza a los Estados Unidos. Esas realidades han opacado la mitología del ‘sueño americano’, confirmando que en Estados Unidos la representatividad política no ha contribuido a hacer económicamente más equitativa a la sociedad.

La respuesta del gobierno Trump a la protesta social ha sido la represión. Se inicia con el desalojo brutal de la zona aledaña a la Casa Blanca para luego dar el paso inédito de ordenar al ejército que saliera a patrullar las calles. Esa propuesta es tan fuera de la tradición institucional de ese país que el Pentágono tuvo que rechazar públicamente la iniciativa.

Aun así, Trump no abandonó la intención de usar, de manera dirigida y deliberada, una fuerza de carácter militar contra la población civil. Aprovechando los poderes que tiene el departamento de Homeland Security, diseñado para combatir el riesgo de terrorismo externo incubándose domésticamente, Trump armó una fuerza paramilitar que, de hecho, equivale a una policía militar federal que no está autorizada en la ley. Esos contingentes aparecieron súbitamente en las ciudades controladas por alcaldes demócratas para provocar y reprimir a los manifestantes, ciudadanos estadounidenses en pleno uso de sus derechos constitucionales, muchos de los cuales fueron capturados y llevados a lugares de detención desconocidos. Al mejor estilo de las viejas dictaduras latinoamericanas.

La fuente de legitimidad fundamental de la democracia la componen la libertad y transparencia del sufragio. Este frente se considera una variable crítica en la evaluación de la calidad democrática de un sistema político. Los cuestionamientos al carácter imperfecto y a la debilidad democrática de muchos países en desarrollo tienen que ver con el fraude electoral, la compra de votos, los registros irregulares de votantes y la manipulación del calendario electoral.

Pues bien, quién lo creyera, Trump se ha dedicado a sembrar cuestionamientos y sospechas sobre la integridad del sistema electoral de Estados Unidos. Lo hizo en la elección de 2016, cuando anunció que había tres millones de votos falsos. Y ahora, al mejor estilo de los autócratas tropicales, cuando es muy posible que pierda, no solo siembra serias dudas sobre la legitimidad del régimen electoral, sino que ha llegado a insinuar que tal vez sería bueno posponer las elecciones. Afortunadamente, los pocos republicanos sensatos que quedan han rechazado semejante barbaridad.

Es delicado para Occidente que Estados Unidos, el mascarón de proa de las naciones liberales en el mundo, esté viviendo un debilitamiento de las libertades ciudadanas y de los fundamentos constitucionales de semejante magnitud. Esta dinámica erosiona severamente su credibilidad internacional y la ‘legitimidad democrática’ de su política exterior. El desprestigio de la democracia estadounidense solo les sirve realmente a las potencias ascendentes que han celebrado, con bombos y platillos, la desgracia que para las instituciones estadounidenses ha representado la llegada de Trump al poder. Para los demócratas es más bien una tragedia. Las alternativas a la jactancia democrática de los gringos, que ya se asoman con fuerza en el horizonte, no basarán su papel en el mundo precisamente reclamando ser defensores de la libertad y de los derechos humanos. Si nos toca escoger entre el oso y el dragón, tal vez me quedo con Mickey Mouse.

GABRIEL SILVA LUJÁN

Para EL TIEMPO

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