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HRW le pide a Corte Constitucional que avale cuanto antes acuerdo de Escazú en Colombia

El acuerdo, ratificado por 15 países de la región, protege la biodiversidad y a líderes ambientales.

Manifestación en el Congreso a favor del acuerdo de Escazú este lunes previo a su votación.

Manifestación en el Congreso a favor del acuerdo de Escazú este lunes previo a su votación. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

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La organización Human Rights Watch presentó esta semana un escrito a la Corte Constitucional en el que pide ratificar cuanto antes el Acuerdo de Escazú, que fue aprobado por el Congreso colombiano en 2022 y ahora atraviesa por su revisión de constitucionalidad ante esta rama del poder judicial.
El Acuerdo de Escazú, que ya ha sido ratificado por 15 países de la región, tiene por objeto proteger la biodiversidad y a los líderes ambientales en América Latina y el Caribe.
La intervención de HRW ante la corte fue escrita por Juanita Goebertus, directora para las Américas en esta ONG.
Human Rights Watch centra parte de su intervención en los múltiples reportes que ha producido sobre "los devastadores efectos de las crisis ambientales y la inadecuada regulación y supervisión de los sectores de la economía destructivos para el medioambiente" y que "las comunidades empobrecidas y marginadas se ven afectadas de forma desproporcionada, enfrentándose a barreras para acceder a la información ambiental y a participar de forma significativa en la toma de decisiones sobre cuestiones ambientales, así́ como a obstáculos para obtener reparación por las violaciones de su derecho a un medioambiente sano".
Manifestación en el Congreso a favor del acuerdo de Escazú este lunes previo a su votación.

Manifestación en el Congreso a favor del acuerdo de Escazú este lunes previo a su votación. Foto:Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Sostiene, además, que su organización ha documentado intimidación, acoso judicial y violencia letal contra activistas y ciudadanos de a pie que defienden sus derechos a la tierra y al medioambiente, incluyendo en Colombia, donde más de 230 líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos han sido asesinados desde el 2020.
Estas, afirma, son las preocupaciones en materia de derechos humanos que el Acuerdo de Escazú trata de responder.
"El Acuerdo -le dijo Goebertus a este diario- es un instrumento jurídico innovador para proteger nuestra biodiversidad y a sus defensores. Con su sentencia, la Corte Constitucional puede sentar un precedente valioso para toda la región sobre el derecho a un medioambiente sano, la participación de las comunidades y la protección de líderes ambientales. Ello sería crucial en un país en donde los asesinatos de líderes sociales son constantes y en una región que está arriesgando el futuro de la Amazonía, que es una salvaguarda clave para prevenir los efectos catastróficos del cambio climático".
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter @sergom68

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