La colombiana que saca de prisión a latinos inocentes en EE. UU.

El 20 de abril de 1993 condenaron a pena de muerte al mexicano Vicente Benavides por violar y asesinar a la hija de 21 meses de su pareja en California, Estados Unidos. En todo este tiempo Benavides siempre sostuvo que era inocente a pesar de que demostrarlo no iba a ser nada fácil.

Ese fue el primer caso que tuvo la abogada Cristina Bordé. Llegó a su despacho en 1999 y desde entonces se convirtió en uno de los mayores retos de su carrera profesional. Cristina dice hoy que con los otros abogados de su equipo demostraron 19 años después que la condena se basó en pruebas médicas falsas.

“Él era un campesino sin antecedentes criminales de 41 años al que nada incriminaba con los cargos de haber violado y matado a una niña. Logramos presentar declaraciones de una serie de médicos que habían testificado pero que no habían visto todos los antecedentes médicos, y cuando los vieron dijeron que su primer diagnóstico estaba equivocado. En abril de 2018 Vicente salió de prisión, lo cual casi nunca pasa, fue algo extraordinario”, asegura Bordé en entrevista con EL TIEMPO.

La Corte Suprema de California anuló todos los cargos en contra de Benavides el 19 de abril de 2018 y lo dejó en libertad. Desde ese momento, Cristina ha recibido cientos de casos de presos latinos en Norteamérica que aseguran ser inocentes y le piden que luche por su libertad.

Cristina nació en Nueva York, pero desde los cinco años vivió en Colombia. Estudió en el colegio Nueva Granada y al graduarse regresó a Estados Unidos junto a su familia, en los años 80, debido a la situación de violencia que atravesaba el país.

Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Brown, en Rhode Island, y luego fue a la Escuela de Leyes en la Universidad de Harvard. Empezó a trabajar en la Corte Federal en el noveno circuito, en San Francisco, California, y en 1999 ingresó al centro de Habeas Corpus en el mismo estado. Esa es una agencia que se dedica a ayudar a personas condenadas a muerte y les da asistencia legal. Estando allí le llegó el caso de Benavides.

Sumado a este caso llegó el de Mario Vásquez, un inmigrante mexicano pagó 16 años y seis meses de prisión porque supuestamente violó a una niña de cuatro años. Las pruebas mostraron que había sido condenado injustamente. Salió libre en 2015. 

Después de 14 años de vivir en San Francisco, Cristina se trasladó a Wisconsin y en  2012 ingresó como voluntaria en el Proyecto de Inocencia de la Escuela de Leyes de la Universidad de Wisconsin; poco después ya era abogada de planta. 

En ese momento Cristina se dio cuenta de que muy pocos latinos eran exonerados y que el idioma jugaba en contra de su derecho a una verdadera defensa. Según el último informe del departamento de Justicia de Estados Unidos, en ese país hay 1'459.533 personas sentenciadas. 

De 2.363 presos que lograron revertir sus sentencias, solo 280 eran hispanos, según el Registro Nacional de Exoneraciones de Estados Unidos. “Cuando empecé a ver esto me pregunté cuántos hispanos hay en la prisión y encontré que son el 23 %, y si uno mira la proporción de exonerados es mucho menos de lo que uno se esperaría”, advierte la abogada.

Frente al idioma, Cristina vio que hay problemas de interpretación en casos de presos latinos. “Me había dado cuenta de muchas cosas que tienden a ocurrir en casos de hispanos. Hay problemas de interpretación, de no entender culturalmente lo que está ocurriendo o de que eventuales testigos de la defensa que no tienen papeles no quiere colaborar con las autoridades por temor a ser deportados", dice la abogada.

A pesar de que el Gobierno tiene que darles un intérprete a los investigados por obligación, en muchas ocasiones esas traducciones no son correctas y terminan aportando a las condenas, agrega. 

Otro de los problemas frecuentes es que “el abogado le hace una pregunta al acusado en inglés y luego el intérprete lo traduce al español, pero a veces el acusado entiende un poco y lo que asume el jurado o juez es que esa persona sí entiende inglés y que está usando al intérprete para manipular al sistema”, asegura Bordé.

Con estas situaciones en la mira, sumado al caso que llevó con Mario Vásquez, Cristina Bordé se postuló y ganó una beca que da el Gobierno Federal para quienes quieran trabajar en la defensa de presos que sostienen haber sido condenados injustamente. Así nació el 'Programa de Inocencia para Exonerados Latinos' en Wisconsin, hace tres años. Cristina cuenta que como ella habla español hay mayor comprensión y seguridad por parte de los condenados.

El proyecto tiene una limitante: por ahora está reservado a los casos en los que existe la posibilidad de que una prueba de ADN cambie el sentido del fallo. Esta condición deja por fuera a centenares de potenciales defendidos. “Para usar el ADN la persona tuvo que haber dejado alguna parte biológica, haber tocado algo o haber dejado sangre en la escena del crimen”, asegura Bordé.

Actualmente hay cientos de personas que sueñan con que Cristina y su equipo tengan su caso. “Para esto tendrán que esperar por lo menos siete años, pues hay 100 personas en lista de espera, y solo aplica para los presos de Wisconsin”, dice con frustración la abogada.

La beca que Cristina obtuvo culminó en 2018 y este nuevo año planea crear un proyecto permanente para ayudar a todos los hispanos presos inocentes en Estados Unidos, sin necesidad de que tengan pruebas de ADN. Sin embargo, para que esto ocurra debe encontrar donantes que quieran ayudar a los cientos de presos que dicen ser inocentes y siguen tras las rejas. 

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LUISA MERCADO

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