Esta es la orden ejecutiva de Donald Trump que pone en riesgo millones de dólares en ayuda para Colombia

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este lunes en la noche una nueva orden ejecutiva en la que ordena una pausa de toda la ayuda exterior para temas de desarrollo y que deja en el limbo decenas de millones de dólares previstos para Colombia.

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En la orden, el mandatario republicano pide suspender la distribución de todos los recursos no gastados -o previstos para este tipo de programas- hasta por 90 días, mientras se realiza una evaluación para determinar si estos fondos se alinean con los intereses de Estados Unidos.

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La teoría del presidente, expresada en su medida, es que mucha de la ayuda que ofrece Estados Unidos a otros países y organismos multilaterales como la ONU son "antiéticos" y antes que ayudar "desestabilizan la paz mundial al promover ideas contrarias a la armonía interna en algunas naciones".

Según el mandatario, durante el periodo en pausa se evaluará, en consulta con la Oficina para el Presupuesto, si se "continúa, se modifica o se acaba" dicha asistencia.

"Es la política de esta istración que Estados Unidos no distribuirá ayuda que no este alienada totalmente con nuestra política exterior", dice la orden firmada por Trump.

Además, destaca que "todos los jefes de departamentos y agencias responsables de los programas de asistencia para el desarrollo exterior de Estados Unidos suspenderán inmediatamente las nuevas obligaciones y desembolsos de fondos de asistencia para el desarrollo a países extranjeros y organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y contratistas que los implementen, en espera de revisiones de dichos programas para determinar la eficiencia y coherencia programáticas con la política exterior de los Estados Unidos, que se llevará a cabo dentro de los 90 días siguientes a esta orden".

Eso sí, la nueva regla ofrece una excepción: que el secretario de Estado, Marco Rubio, determine que es necesario continuar con el programa mientras avanza la evaluación.

Aunque la medida afecta a todos los países del mundo a los que Estados Unidos ofrece asistencia a través del USAID y también a los organismos multilaterales, Colombia sentiría sus efectos de manera particular.

Desde los inicios del Plan Colombia, Washington ha venido gastando hasta 200 millones dólares anuales en programas que caen en esta categoría y que incluyen temas diversos como: desarrollo rural, protección del medio ambiente, defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la justicia entre otros.

Mensualmente, eso equivale a unos 16 millones de dólares que ya no llegarían a Colombia, salvo que Rubio use la excepción, que es poco probable dada su antipatía ampliamente expresada contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, la ayuda para el país ya estaba en "veremos" desde el año pasado luego que los republicanos en la Cámara de Representantes -citando el mismo resquemor hacia Petro- la redujeron a la mitad la ayuda, pese a que el Senado, en ese momento controlado por demócratas, la dejó casi intacta (unos 380 millones de dólares).

Entre ambas cámaras nunca se dio la llamada conciliación para llegar a una cifra única y, por lo tanto, al país se le vienen dando recursos basado en los niveles que se aprobaron para el 2024 y a través de una Resolución de Continuidad (gastar mes a mes al mismo nivel anterior hasta que se apruebe un nuevo presupuesto para 2025).

Dado que ahora los republicanos controlan ambas cámaras del legislativo, es probable que la reducción de recursos propuesta por sus ahora se materialice o, incluso, la recorten aún más.

Y, ahora, con esta nueva orden de Trump, se espera que lo que llegue solo será para el tipo de programas que se ajusten a sus intereses.

De acuerdo con diversas fuentes consultadas por este diario, la orden, si bien está bien construida y legalmente sólida, constituye en cierto sentido una usurpación del poder legislativo.

"La ley de incautación de Estados Unidos, generalmente, requiere que el presidente desembolse los fondos aprobados por el Congreso para el propósito que fueron autorizados. El presidente, y eso ha sucedido antes, puede argumentar que tiene otras obligaciones y objetivos. Eso por lo general conduce a un tire y afloje entre ambas ramas que en la mayoría de casos gana el legislativo. Eso, por supuesto, siempre y cuando el Congreso esté interesando en defender sus prioridades. Algo que no creo que pase en esta ocasión cuando los republicanos tienen en poder en el legislativo", dice una de las fuentes.

El ejemplo más reciente fue lo sucedió con la ayuda militar que se aprobó para Ucrania durante la primera istración de Donald Trump y que el mandatario se negó a ejecutar para obtener concesiones políticas de Kiev.

Una vez el Congreso -que controlaban los demócratas- se enteró, Trump terminó entregando los fondos. Esa retención de fondos, de hecho, fue una de las razones por las que se le inició su primer proceso con fines de destitución.

En el caso actual, probablemente actuando con ese antecedente, el mandatario está anunciando abiertamente la suspensión de la entrega de los recursos mientras adelanta una revisión.

Si el Congreso no ofrece un contrapeso, o coincide con Trump en que la ayuda debe alinearse con sus prioridades, es muy probable que la decisión se sostenga.

Lo más interesante del proceso será la determinación a la que llegue sobre qué programas se alienan y cuales no. Es obvio, por ejemplo, que el objetivo es acabar con fondos que sirvan para promover a organizaciones que respaldan el aborto, programas de inclusión o diversidad e incluso protección del medio ambiente.

Pero también que se cancele la ayuda, por cuenta de esta revisión, a países que tengan vínculos con China, que Estados Unidos considera un adversario, y se transfiera a otros países que esta istración considera aliados.

"En el caso de Colombia, por ejemplo, podrían determinar que los fondos que se tienen aprobados la implementación del proceso de paz -pero que el Congreso no les dio un carácter vinculante- se le van a entregar al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador para financiar su estrategia se seguridad", sostiene Adam Isacson, experto en seguridad nacional en la ONG Wola.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

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